*El gobierno de Ángel Aguirre justificó la matanza al argumentar que se enfrentaron contra el ejercito mexicano y se demostró que ninguna de las víctimas y detenidos poseía armas de fuego...
Por Everardo Monroy Caracas
Durante el gobierno interino de Ángel Aguirre Rivero, actual candidato del PRD,PT y Convergencia al gobierno del estado, se suscitó una matanza en la comunidad de El Charco1, municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero. El hecho ocurrió durante la madrugada del 7 de junio de 1998 e intervinieron elementos del Ejército Mexicano.
Las víctimas, entre ellas varios indígenas, se encontraban dormidas en la escuela primaria "Caritino Maldonado". Un día antes participaron en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.
Según los sobrevivientes el Ejército Federal rodeo el lugar e irrumpió, disparando y lanzando dos granadas de fragmentación, lo que provocó 11 muertos y 5 heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas a las instalaciones de la Novena Región Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos días. Entre las personas se encontraban 5 menores de edad, quienes el 9 de junio fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo, exceptuando un menor que se encontraba herido y permaneció en el hospital naval durante un mes.
Indigna comprobar que a 12 años de esa masacre, Ángel Aguirre sea arropado por la burocracia perredista y pretendan creer que los guerrerenses no tienen memoria. El ahora candidato, en sus tiempos de gobernador interino, calló ante la masacre y en un principio, a través de su secretario general de Gobierno, Humberto Salgado, culpó a los humildes indígenas y estudiantes de ser guerrilleros y por lo mismo fueron ejecutados.
Ángel Aguirre pregona que nunca se ha manchado las manos de sangre y miente. Fue cómplice de esos crímenes y ello queda demostrado en la siguiente nota publicada por La Jornada, el 18 de junio de 1998, once días después de la masacre:
Erika Zamora: me obligaron bajo tortura a implicar a gente inocente
Maribel Gutiérrez, corresponsal, El Charco, Gro., 17 de junio.- Los hermanos de Erika Zamora Pardo, la joven detenida en la operación policiaco-militar de El Charco el 7 de junio, y presa en el penal de Acapulco acusada de portación de arma de uso exclusivo del ejército, entregaron un pequeño manuscrito enviado por la detenida en el que ella asegura haber sido obligada a firmar una declaración mediante tortura, ``involucrando a personas que nada tienen que ver en este problema'', en referencia a la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino, y al coordinador de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur, Ranferi Hernández Acevedo, refugiado político en Francia, quienes aparecen en la declaración de la detenida como integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
``Yo, Erika Zamora, denuncio al ejército federal por obligarme a firmar una declaración militar utilizando tortura física y sicológica'', dice el texto.
La joven agrega: ``Me vendaron los ojos, me desnudaron totalmente y me pusieron toques eléctricos en los pies.
``La declaración ante el Ministerio Público federal fue bajo presión de agentes de Gobernación, quienes me obligaron a declarar y a involucrar a personas, amenazando con desaparecerme y también a mi familia. Esta `declaración' la filmaron y la grabaron, y la militar sólo la grabaron''.
Benito Marian Lince informó a su vez que los familiares de Zamora solicitaron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que él preside, ante el allanamiento de su domicilio, ubicado en El Rosario, Hidalgo, el pasado 11 de junio, por unos 20 hombres encapuchados y uniformados de negro que amenazaron de muerte a los padres y hermanos de la joven detenida.
Por otra parte, campesinos de esta comunidad pidieron el apoyo de la mencionada comisión para que sean indemnizadas las viudas y huérfanos de sus compañeros muertos durante el enfrentamiento del pasado 7 de junio con miembros del Ejército Mexicano, y pidieron que sean pagados los daños que éstos causaron durante la ocupación del poblado, donde catearon casas y robaron dinero y alimentos.
Mirian Lince y Martin Mora Aguirre, secretario de la misma comisión, estuvieron hoy en Ayutla de los Libres con el fin de conocer el lugar de la matanza de guerrilleros y campesinos, recoger evidencias directas y testimonios sobre los hechos, así como las exigencias de los pobladores afectados por el ataque militar contra un grupo del ERPI y campesinos durante la ocupación de la comunidad que duró cinco días.
En una reunión con el secretario general de Gobierno de Guerrero, Humberto Salgado, en Chilpancingo, representantes de ocho organizaciones sociales del municipio de Ayutla plantearon un pliego de peticiones que comienza con la de ``indemnización a las viudas de los indígenas asesinados en El Charco y garantías de seguridad para los excarcelados''.
El funcionario respondió que la indemnización a las viudas y huérfanos no se justifica porque ocurrió ``un enfrentamiento'' y el Ejército ``cumplió con la ley'', informó el oficial mayor del ayuntamiento de Ayutla y dirigente del PRD en la Costa Chica, Miguel Ángel Godínez.
Según Godínez, el funcionario estatal utilizó un ``tono duro'' con las organizaciones sociales, criticó la ``exigencia'' de su pliego petitorio e intentó descalificarlo al señalar que detrás de algunas de sus solicitudes ``hay intereses políticos''.
La reunión ocurrió después de que el gobernador Ángel Aguirre Rivero suspendiera una visita a la cabecera municipal, donde lo esperaban más de mil 500 campesinos, pues consideró que no había condiciones que garantizaran su seguridad. Esta decisión surgio luego de una marcha realizada el lunes, en la cual participaron más de 4 mil indígenas para exigir que se investigue y se castigue a los responsables de la matanza de El Charco.
Los grupos cuyos representantes fueron recibidos ayer por Salgado Gómez son: Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, Organización Campesina Independiente Ocotal, Unión de Ejidos Plan de Ayutla, así como las sociedades de solidaridad social Gorgonio Cortés Flores, Amigos Guerrerenses, Amigos Unidos de la Costa Chica. También la Organización de Pueblos Indígenas para el Desarrollo Autónomo, y las cooperativas Capitán Vicente Luna y Primero de Mayo.
Las víctimas, entre ellas varios indígenas, se encontraban dormidas en la escuela primaria "Caritino Maldonado". Un día antes participaron en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.
Según los sobrevivientes el Ejército Federal rodeo el lugar e irrumpió, disparando y lanzando dos granadas de fragmentación, lo que provocó 11 muertos y 5 heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas a las instalaciones de la Novena Región Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos días. Entre las personas se encontraban 5 menores de edad, quienes el 9 de junio fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo, exceptuando un menor que se encontraba herido y permaneció en el hospital naval durante un mes.
Indigna comprobar que a 12 años de esa masacre, Ángel Aguirre sea arropado por la burocracia perredista y pretendan creer que los guerrerenses no tienen memoria. El ahora candidato, en sus tiempos de gobernador interino, calló ante la masacre y en un principio, a través de su secretario general de Gobierno, Humberto Salgado, culpó a los humildes indígenas y estudiantes de ser guerrilleros y por lo mismo fueron ejecutados.
Ángel Aguirre pregona que nunca se ha manchado las manos de sangre y miente. Fue cómplice de esos crímenes y ello queda demostrado en la siguiente nota publicada por La Jornada, el 18 de junio de 1998, once días después de la masacre:
Erika Zamora: me obligaron bajo tortura a implicar a gente inocente
Maribel Gutiérrez, corresponsal, El Charco, Gro., 17 de junio.- Los hermanos de Erika Zamora Pardo, la joven detenida en la operación policiaco-militar de El Charco el 7 de junio, y presa en el penal de Acapulco acusada de portación de arma de uso exclusivo del ejército, entregaron un pequeño manuscrito enviado por la detenida en el que ella asegura haber sido obligada a firmar una declaración mediante tortura, ``involucrando a personas que nada tienen que ver en este problema'', en referencia a la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino, y al coordinador de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur, Ranferi Hernández Acevedo, refugiado político en Francia, quienes aparecen en la declaración de la detenida como integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
``Yo, Erika Zamora, denuncio al ejército federal por obligarme a firmar una declaración militar utilizando tortura física y sicológica'', dice el texto.
La joven agrega: ``Me vendaron los ojos, me desnudaron totalmente y me pusieron toques eléctricos en los pies.
``La declaración ante el Ministerio Público federal fue bajo presión de agentes de Gobernación, quienes me obligaron a declarar y a involucrar a personas, amenazando con desaparecerme y también a mi familia. Esta `declaración' la filmaron y la grabaron, y la militar sólo la grabaron''.
Benito Marian Lince informó a su vez que los familiares de Zamora solicitaron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que él preside, ante el allanamiento de su domicilio, ubicado en El Rosario, Hidalgo, el pasado 11 de junio, por unos 20 hombres encapuchados y uniformados de negro que amenazaron de muerte a los padres y hermanos de la joven detenida.
Por otra parte, campesinos de esta comunidad pidieron el apoyo de la mencionada comisión para que sean indemnizadas las viudas y huérfanos de sus compañeros muertos durante el enfrentamiento del pasado 7 de junio con miembros del Ejército Mexicano, y pidieron que sean pagados los daños que éstos causaron durante la ocupación del poblado, donde catearon casas y robaron dinero y alimentos.
Mirian Lince y Martin Mora Aguirre, secretario de la misma comisión, estuvieron hoy en Ayutla de los Libres con el fin de conocer el lugar de la matanza de guerrilleros y campesinos, recoger evidencias directas y testimonios sobre los hechos, así como las exigencias de los pobladores afectados por el ataque militar contra un grupo del ERPI y campesinos durante la ocupación de la comunidad que duró cinco días.
En una reunión con el secretario general de Gobierno de Guerrero, Humberto Salgado, en Chilpancingo, representantes de ocho organizaciones sociales del municipio de Ayutla plantearon un pliego de peticiones que comienza con la de ``indemnización a las viudas de los indígenas asesinados en El Charco y garantías de seguridad para los excarcelados''.
El funcionario respondió que la indemnización a las viudas y huérfanos no se justifica porque ocurrió ``un enfrentamiento'' y el Ejército ``cumplió con la ley'', informó el oficial mayor del ayuntamiento de Ayutla y dirigente del PRD en la Costa Chica, Miguel Ángel Godínez.
Según Godínez, el funcionario estatal utilizó un ``tono duro'' con las organizaciones sociales, criticó la ``exigencia'' de su pliego petitorio e intentó descalificarlo al señalar que detrás de algunas de sus solicitudes ``hay intereses políticos''.
La reunión ocurrió después de que el gobernador Ángel Aguirre Rivero suspendiera una visita a la cabecera municipal, donde lo esperaban más de mil 500 campesinos, pues consideró que no había condiciones que garantizaran su seguridad. Esta decisión surgio luego de una marcha realizada el lunes, en la cual participaron más de 4 mil indígenas para exigir que se investigue y se castigue a los responsables de la matanza de El Charco.
Los grupos cuyos representantes fueron recibidos ayer por Salgado Gómez son: Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, Organización Campesina Independiente Ocotal, Unión de Ejidos Plan de Ayutla, así como las sociedades de solidaridad social Gorgonio Cortés Flores, Amigos Guerrerenses, Amigos Unidos de la Costa Chica. También la Organización de Pueblos Indígenas para el Desarrollo Autónomo, y las cooperativas Capitán Vicente Luna y Primero de Mayo.
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