Los muertos de Calderón

2006-2010: estadísticas del horror.
La guerra calderonista contra el narcotráfico ha causado decenas de miles de muertes (el gobierno federal reconoce más de 28 mil y algunos conteos independientes sitúan la cifra en poco más de 25 mil), más que las habidas durante la Independencia o la invasión de Estados Unidos a México, afirman a Proceso especialistas en estadística criminal; aseguran que no hay números
absolutamente confiables al respecto y señalan además que lo que no se puede medir no se puede conocer ni combatir efectivamente...

Por Rodrigo Vera/Reportero investigador/Proceso

    Las decenas de miles de muertos que ha dejado la guerra emprendida por Felipe Calderón contra el narcotráfico superan el número de bajas de algunos conflictos bélicos de la historia mexicana: la Independencia, con 23 mil fallecidos; la guerra contra Estados Unidos, con la misma cantidad; la de Reforma, cuyo saldo fue de 8 mil, o la guerra sucia de los setenta que dejó 436 muertos, de acuerdo con cifras generalmente aceptadas.
    Lo grave, afirman los analistas, es que cada año duplica al anterior en número de muertos de la guerra contra el narcotráfico: en 2006 había dos bajas por cada 100 mil habitantes y ahora son 8.4. Agregan que de continuar la estrategia de Calderón, al término de su sexenio serán asesinadas 14 personas por cada 100 mil habitantes. Una cifra muy alta para los estándares internacionales.
    El especialista en estadística criminal Arturo Arango Durán comenta a este semanario: “La actual guerra contra el narcotráfico ha resultado sumamente letal. Su costo en víctimas ya es altísimo. Pero lo peor de todo es que es una guerra perdida de antemano, pues fortalece a la delincuencia organizada mientras más la ataca. Al reducir la oferta de droga hace que los precios suban y los cárteles obtengan mayores ganancias.
    “Así, queriéndolo o no, el Estado fortalece a la delincuencia organizada y se convierte en el gran regulador del mercado de la droga. Se metió en un círculo vicioso, sin salida. Además la guerra está atizando las disputas entre un cártel y otro por el control de las plazas.
    “Todo esto tiene un efecto multiplicador de la violencia y, por consiguiente, de muertes. Esto es justamente lo que hace que el número de fallecidos se duplique de un año a otro. En términos absolutos, hablando estrictamente de pérdida de vidas humanas ya estamos por encima de las provocadas por casi todas las otras guerras civiles que ha padecido México desde su Independencia.”
    Analista en la misma materia, Juan Pablo Arango aclara: “Debemos tomar en cuenta que nuestras guerras civiles por lo general fueron ocasionadas por disputas ideológicas entre amplios sectores de la población; en cambio la actual es, sobre todo, el resultado de una acción emprendida por el gobierno federal para combatir a los cárteles de la droga”.
    A petición de Proceso ambos peritos hacen un minucioso análisis estadístico sobre el incremento de muertes que ha provocado el actual conflicto armado, así como su comparación con las guerras del pasado en México.

Conteos diferentes

    Señalan que a falta de una estadística confiable del gobierno federal (que ha dado cuenta oficialmente de más de 28 mil bajas en esta guerra), varias organizaciones ciudadanas y medios hacen sus propios conteos; para elaborar el análisis los especialistas partieron de los datos del diario Reforma: 25 mil 549 muertos de 2006 a este mes, aunque advierten que la cifra podría estar por debajo de la real.
    En 2006 –cuando Calderón asumió la Presidencia–, las muertes por narcotráfico fueron 2 mil 119, cantidad que representa dos muertos por cada 100 mil habitantes. En 2007, el número subió poco: pasó a 2 mil 275, y la proporción fue de 2.1 muertos por cada 100 mil habitantes.
    Pero en 2008 fueron 5 mil 207. El número aumentó más del doble respecto del año anterior. Con esto ya eran 4.8 muertos por cada 100 mil habitantes. Un año después hubo otro incremento significativo: 6 mil 587 muertos y la tasa se elevó a 6 por cada 100 mil habitantes.
    Este año, a mediados de octubre ya se habían contado 9 mil 361 muertos: 8.4 por cada 100 mil habitantes.
    Además, el pasado martes 26, la Secretaría de la Defensa informó que de diciembre de 2006 a agosto de 2010 la guerra contra los cárteles ha dejado 191 militares muertos.
    Arturo Arango resume: “El incremento fuerte empezó a darse a partir de 2007, por lo que realmente es el año base. De entonces a la fecha el número se cuadruplicó. Por cada 100 muertos que teníamos en 2007 ahora tenemos 400. ¡Es una matazón espantosa!”.
    –¿Cuáles son sus proyecciones para el último año del sexenio?
    –Si las cosas siguen igual, las tendencias estadísticas nos dicen que el próximo año la cifra será de 11 muertos por cada 100 mil habitantes y para 2012 pasará a 14. El sexenio concluirá con 14 muertos por cada 100 mil habitantes. Un incremento grandísimo.
    Juan Pablo Arango recalca: “Esto sólo ocurrirá si el gobierno sigue con su misma estrategia de combate, si el Ejército y las corporaciones policiacas continúan bajo la misma tónica. La tasa de muertes bajaría si se aplica, por ejemplo, una estrategia de contención o una negociación con la delincuencia organizada”.
    Arturo Arango y su hijo Juan Pablo son especialistas en políticas de seguridad pública. Desde hace una década han trabajado en equipo y son coautores de varios libros sobre la materia, como Estadística policial, Cartografía delictiva e Inteligencia policial.
    Ahora colaboran con un grupo de trabajo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que recopila información y realiza evaluaciones estadísticas. Han trabajado también con el Gobierno del Distrito Federal en el mismo rubro y a últimas fechas se han especializado en evaluar estadísticas sobre homicidios.
    Arturo Arango fue investigador del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, que dirige el exómbudsman capitalino Luis de la Barreda. Señala: “Para tener la justa dimensión del costo humano que implica una guerra no basta contabilizar sólo a sus muertos, sino también a las llamadas víctimas secundarias, como los huérfanos, las viudas, los lesionados…”.
    –¿Se puede tener una cifra aproximada del número de víctimas secundarias de esta guerra contra el narcotráfico?
    –¡Claro que sí! El cálculo estadístico es de 1.4 huérfanos por cada muerto. De manera que actualmente tendremos unos 32 mil huérfanos en el país. Y en el mejor de los escenarios habrá unos tres lesionados por muerto, aquí ya estamos hablando de unos 75 mil lesionados que requieren atención médica.
    –¿Y viudas?
    –Pueden ser 18 mil o 20 mil… muchas de ellas son mujeres que ya no tienen ingresos y se integran al mercado laboral.
    “La guerra está generando muchas presiones en el sistema de salud, de educación, laboral… su efecto multiplicador es impresionante porque provoca un conflicto adicional que el Estado es incapaz de atender.”
    –¿Una guerra igual de cruenta y mortal que nuestras anteriores guerras?
    –Sí, pero sólo hablando en términos absolutos en cuanto a número de muertes, a pérdida de vidas.
    En ese sentido, los peritos en estadística señalan que las muertes de la lucha contra el narcotráfico son más que las 23 mil que dejó la guerra de Independencia, que duró 11 años.
    También están por encima de las 2 mil 200 de la guerra de Texas, de 1835 a 1836; de las 23 mil de la invasión de Estados Unidos, que duró dos años; de las 8 mil en cuatro años de la guerra de Reforma y de las 436 de la “guerra sucia”. Ni se diga del conflicto armado en Chiapas, de 1994, que arrojó poco más de 100 muertos.
    Pero están por debajo de las 63 mil que hubo en la intervención francesa en seis años o de las 90 mil de la guerra Cristera, de 1926 a 1929.

En números relativos

    Sin embargo, los analistas advierten que al hacer una comparación estadística en términos relativos, la de Calderón es menos letal que la mayoría de las anteriores guerras.
    “Para no ser tendenciosos debemos ajustar el número de muertes a dos variables importantes: a la población que tenía México en cada una de esas guerras civiles y al periodo de tiempo en que ocurrió cada una”, explican.
    Con base en esto señalan que la guerra de Independencia tuvo 370 muertos por cada 100 mil habitantes, ya que en aquella época la población nacional apenas rebasaba los 6 millones.
    La guerra de Texas provocó 28 muertes por cada 100 mil habitantes. El conflicto contra Estados Unidos arrojó 328, la guerra de Reforma 97, la intervención francesa 768, la guerra Cristera 543, mientras que la guerra sucia y el conflicto chiapaneco no alcanzan un fallecimiento por cada 100 mil habitantes.
    Aclaran que actualmente hay zonas y entidades federativas –como Chihuahua– cuyo número de muertes en términos relativos es muy similar al de algunos de estos conflictos armados.
    Indican que las matanzas más conocidas del pasado, como la del 2 de octubre de 1968 –cuyo cálculo de decesos oscila entre 150 y 350– o la del Jueves de Corpus, en 1971 –se calculan 60– son “eventos aislados”, por lo que fueron desechadas de sus cálculos comparativos.
    –Pero la guerra contra el narco también está dejando matanzas, como la de los 72 migrantes en Tamaulipas.
    –Sí. Pero a estas alturas esas 72 muertes ya no marcan ninguna diferencia en términos estadísticos. Es un porcentaje mínimo. Y no es por menospreciar ese acontecimiento– dice Arturo Arango.
    Asegura que las matanzas del narcotráfico no pueden calificarse de genocidio, pues esta figura implica el exterminio del enemigo ideológico o étnico. Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, aseguran que ya se da un genocidio contra los jóvenes y niños de Ciudad Juárez, por lo que piden la intervención de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
    Agrega que el gobierno no ha podido contabilizar el saldo de muertos que va dejando la guerra contra el narco: “Hasta el momento el gobierno no tiene un mecanismo que le permita contar bien. Por ejemplo, el SNSP informa que de 2006 a la fecha se han cometido 63 mil homicidios dolosos. Pero no dice cuántos corresponden a la lucha contra el crimen organizado. Sus cifras y las del Inegi tienen diferencias hasta de 30%. Es un desbarajuste total.
    “El registro de muertes tiene que empezar a levantarse desde que se llega a la escena del crimen. Inmediatamente debe resguardarse el área y levantar lo que nosotros llamamos el IPH (Informe Policial Homologable). Las cosas deben hacerse con método. Pero estos protocolos internacionales no se cumplen en México.
    “Se ha llegado a casos extremos, como sucedió en Tabasco durante el gobierno de Roberto Madrazo. En ese tiempo el gobierno estatal registraba cero secuestros, pero en sus cárceles tenían el número más alto de secuestradores del país. ¿De dónde sacaban secuestradores si no tenían secuestros? Este tipo de situaciones siguen dándose.
    “Por eso ante la falta de datos confiables, organizaciones de la sociedad civil y algunos medios, como los diarios Milenio y Reforma, llevan sus propios conteos. Hay programas radiales que tienen ‘ejecutómetros’ mediante los que registran diariamente el número de ejecutados.”
    –¿Para qué sirve llevar un registro de muertos?
    –Un problema que no se puede medir no se puede interpretar, mucho menos combatir. Es como si un médico supone que tienes fiebre sólo con verte la cara. No. Necesita un termómetro para determinar la temperatura corporal y después del diagnóstico te da la medicina. La contabilidad de las víctimas sirve para hacer un diagnóstico y tomar las medidas correctas. Los datos falsos hacen tomar medidas inadecuadas –responde Arturo Arango.
    –¿Eso le está ocurriendo al gobierno en su lucha contra el narcotráfico?
    –Sí. Es como si estuviera piloteando un aeroplano que vuela entre una tempestad sin instrumentos para controlarlo y sin saber hacia dónde se dirige. Completamente perdido.

Los ‘narcos’ pobres

En su desesperación por allegarse cifras que demuestren que su guerra contra el narcotráfico tiene sentido, Felipe Calderón presume que su gobierno ha detenido a 82 mil presuntos narcos. Lo que no dice es que un alto número de ellos son campesinos o indígenas azotados por la miseria, semianalfabetos que fueron injustificada y arbitrariamente involucrados, por ejemplo, en el cultivo de enervante decenas de miles de niños indígenas quedan solos, tras la detención de sus padres, quienes por necesidad se ven involucrados en la siembra, cosecha y comercialización de la mariguana.

Por Marcela Turati/Reportera Investigadora/Proceso   

CHILPANCINGO, GRO.- Florencia Morales Dircio no se parece a La Reina del Pacífico. A ella no la detuvieron en una residencia ni le confiscaron relojes finos, aunque también se encuentra en la cárcel como narca. A esta joven indígena que mira al piso cuando habla, unos judiciales federales la sacaron del jacal de su suegro, le quitaron al hijo que llevaba en brazos, la acusaron de estar "cerca" de semillas de amapola y greñas de mariguana, y por tal delito un juez la condenó a cinco años y tres meses de cárcel.

    Su caso engruesa la publicitada cifra de 82 mil detenidos en lo que va del sexenio por delitos relacionados con el narcotráfico, pero el delito de Florencia, si acaso, es ser indígena, analfabeta, mascar mal el español y carecer de dinero para contratar un abogado.
    Aunque al ser encarcelada era menor de edad, tenía un hijo lactante, estaba embarazada y no hubo pruebas en su contra, le fijaron la pena máxima para los campesinos "de escasa instrucción y extrema necesidad económica" dedicados a la siembra, cultivo o cosecha de mariguana, amapola, hongos alucinógenos, peyote "o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares".
    En el país existen 477 indígenas encerrados bajo la acusación de haber cometido uno o varios delitos contra la salud. Sólo en la cárcel de Chilpancingo hay 27, cuatro de ellos mujeres.
    La descripción del operativo de captura de Florencia, plasmada en el expediente 06/2008, ilustra su estilo de vida:
    "Teniendo acceso por la puerta de madera sin pintar, se observó un altar con imágenes religiosas y, a un costado, elotes amontonados en el suelo, así como tres botes metálicos. Se encontró sobre el suelo una yerba verde y seca en greña, así como envolturas color azul con un atado con las características propias al parecer de la mariguana y un pañuelo color rosa conteniendo al parecer semillas de amapola (…) se observó una cocina donde se observan un molino, una mesa de madera, una hamaca y un comal donde no se localizó delito alguno (…) es una casa de construcción de adobe con techo de teja y lámina y mide aproximadamente 10 metros de largo y seis de ancho".
    En el legajo se indica que en enero de 2008, cuando fue aprehendida en la comunidad de Oxtotitlán, municipio de José Joaquín de Herrera, Florencia tenía 16 años. El comandante al mando de la misión era Benjamín Catalán Nava, de la Agencia Federal de Investigación, quien señala que acudieron al jacal por una denuncia anónima y al llegar descubrieron a Faustino García, esposo de Florencia, y al padre de éste, Vicente Hermenegildo García, regando el jardín de la casa.
    "Ante ello, el personal se traslada al patio y, a tres o cuatro metros, observan diversas plantas conformadas por tallos y bulbas con características de amapola en una superficie de 100 metros cuadrados, con 10 plantas por metro cuadrado", declara Catalán en su reporte.
    De la culpabilidad de los varones, o de su paradero, nada dice el expediente porque ellos nunca pisaron la cárcel. Florencia afirma que eso se debe a que ni su marido ni su suegro estaban en el lugar.
    "Ese día iba yo a visitar a mi suegro y vi que cerquita iban como tipos armados, así como civiles; nomás estaba la casa sola y ellos empezaron a entrar, pues, a revisar, y me pregunta: ‘¿Aquí vive tu suegro?, venimos este orden de cateo’. Le digo: ‘yo no sé nada’. Quieren traerme, no quería venirme, tenía yo cargando mi niño, me lo quitaron y se lo dieron a una señora; una mujer judicial hasta me arrempujaba. ‘Aquí vas a caminar, así te va a ir en Chilpo’. Le digo: ‘¿Qué delito, tengo problemas? Enséñeme mi nombre si de veras viene’. Y me trajeron", explica la joven nahua a Proceso.

MAGISTRADO DE ‘HIERRO’

    El magistrado del Primer Tribunal Unitario, José Luis Arroyo, quien firmó el expediente, sólo dio validez a la palabra de los agentes de la AFI. Desechó las declaraciones de Florencia y de los dos testigos que juraron que ni siquiera era suya la casa donde supuestamente encontraron los estupefacientes. Tampoco le valió el testimonio del agente de Bienes Ejidales de su verdadera comunidad, Ajacayan Oriente, a media hora de Oxtotitlán, que la describió como persona intachable; ni el de la vecina presente en la detención que declaró que en el operativo no encontraron droga. A Florencia también le sorprendieron los cargos.
    El magistrado Arroyo, sin embargo, consideró que los testigos fueron aleccionados para beneficiarla.
    "Tales probanzas no son suficientes, ya que aun cuando refieren que Florencia no vivía en el lugar, no justificaron su presencia en el mismo (…), y la testigo Mariana Felipe, que señala que vio todo porque estaba llenando su tanque y andaba un señor repartiendo agua, es una manera vaga y superficial de intentar beneficiar al procesado", argumentó.
    Bajo la premisa de que los ciudadanos son culpables hasta que demuestren lo contrario, el mismo juez señaló que Florencia no presentó pruebas para sustentar su inocencia y que, aunque la casa denunciada no es suya, estuvo cerca de la droga: 430 gramos de mariguana y dos kilos de semillas de amapola.
    El día de la visita de esta reportera al penal, Florencia dejó al hijo que la acompaña a cargo de otra interna que es madre, con la que comparte un cuarto de madera en el patio. Llegó a la Dirección con su cara de niña asustada, se instaló retorciéndose como lombriz en la silla, penosa, intentando zafarse de la entrevista con el argumento de que no entiende español, aunque con dos años y medio de encierro lo ha aprendido bien.
    Cuando entró en confianza, lamentó que su esposo no tiene dinero para visitarla y que de tanto tiempo de separación su hijo mayor, el chiquillo de un año que cargaba el día que la detuvieron, ya no la reconoce.
    "Tenía mi hijo que lo cuida mi suegra; me lo trajeron a los ocho meses después; orita ya no me conoce como mamá; sí me dice ‘mamá’, pero casi no. No hay manera que vengan a verme. Para donde yo vivo está lejos y el pasaje sale mucho dinero. Mi otro hijo ya nació aquí, aquí lo tengo, tiene un año con seis meses. Cuando vienen les digo: ‘Yo estoy aquí, ustedes allá, pero algún día voy a juntar mis hijitos que no se conoce como hermanos’. A veces me dicen que viene licenciado, pero yo les digo: ‘Ustedes son licenciado, sácame y ahí afuera voy a conseguir prestado, los voy a pagar’, pero me dicen: ‘Ya te falta poquito ahí, aguanta’."

LOS PRESUNTOS CULPABLES

    Datos del Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (Cupihd) señalan que México ocupa el quinto lugar entre los países con más gente encarcelada, con 225 mil reos. Una cuarta parte de ellos fueron condenados por delitos federales, principalmente tráfico de drogas.
    "No consideramos válida la variable de número de detenidos como muestra del buen resultado de la estrategia (gubernamental antidrogas); la consideramos detestable y deleznable porque a muchos de éstos ni siquiera se les inicia averiguación previa debido a que hay mal trabajo de integración judicial, y los que llegan a la cárcel son los eslabones más débiles, que no pueden contratar abogados para defenderse o que a veces se quedan inocentes. Porque también pasa que primero agarran a gente y luego averiguan quiénes sí estaban involucrados y quiénes no", dice Carlos Zamudio, investigador de Cupihd.
    La ex diputada Elsa Conde, activista por la legalización de la mariguana e integrante del colectivo, señala que del total de los detenidos en la "guerra contra las drogas" sólo el 0.5% son capos; el resto, infantería, y la mayoría, pobres.
    Por su parte, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan de La Montaña, ubicado en la región más pobre del país y primera en cultivo de amapola, critica la estrategia gubernamental antidrogas porque se basa en castigar a los campesinos y no se ocupa de las causas que obligan a los pobres a cambiar su milpa por cultivo de "maíz-bola" (como se conoce a la amapola).
    "Acá mandan al Ejército como si hubiera grandes delincuentes, en vez de enviar proyectos para que la gente siembre maíz, estudie, tenga comida. Esa política ve a los pobres como delincuentes, pero la gente se ve obligada a sembrar, no porque quiera, sino porque tiene hambre. De ésos llenan las cárceles", manifiesta el antropólogo Barrera.
    Según el titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xavier Abreu, en México unos 50 mil indígenas de 60 comunidades se dedican a la siembra de drogas; sin embargo, nunca ha querido aclarar en qué reporte funda su cálculo ni en qué lugares viven dichos indígenas.

PLAN CON MAÑA

    En la cárcel de Chilpancingo hay otro joven nahua, Gumersindo Primitivo, quien dice que a él y a seis vecinos los acusaron de tráfico de drogas porque un cacique quería quedarse con sus tierras.
    "Nos detuvieron, nos pusieron goma que no era de nosotros, nos dieron sentencia de cinco años y 100 días sin tener ni una culpa. Hemos presentado las pruebas, presentamos testigos, trajimos constancia de buena conducta, pero no pasó nada. El terreno que estábamos defendiendo se lo quedó el señor que nos acusó", explica a Proceso.Asimismo, Alfonsa Juárez Barrera, una indígena jornalera de 29 años, fue encarcelada a su regreso de las pizcas de Sinaloa. Había conseguido trabajo de limpieza en una casa donde la enviaron a llevar un encargo. En el camino la detuvieron los soldados, y cuando la revisaron se enteró de que el paquete contenía ‘goma’, el líquido cristalizado de la amapola. La sentenciaron a 10 años de cárcel.
    Explica: "La señora de Tlapa me dice: ‘Te voy a dar mi encargo, no lo abras’. Me mandó a dejar unas cosas en Chilapa. Pasé donde los guachos, y cuando dicen los guachos que me pare, lo abrieron, y así pues dicen: ‘tú vas a ir a la cárcel’".
    Ella también es madre. Sus hijos tienen siete y 11 años.
    "Nadie me cuida a mis hijos; se van a meter a otra casa ajena. Están tristes. Yo también, porque me están dejando la culpa; a la señora que me mandó ya la mataron", dice.
    Según el visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan Silva Santana, en los juicios de los indígenas acusados por delitos contra la salud las declaraciones de los acusados se contraponen a las que hacen las autoridades.

MÁS CASOS

    "Ellos niegan siempre esos delitos. Comúnmente dicen que la droga se la sembraron, pero las autoridades afirman que sí los detuvieron con esa droga. Sólo algunos internos aceptan que los detuvieron en el sembradío, pero argumentan que lo hicieron por las necesidades económicas", expresa el funcionario.
    Otro indígena encarcelado en Chilpancingo, el tlapaneco Victórico Castro Concepción, refiere que unos encapuchados armados le salieron al paso y le dijeron que llevara un paquete a otro paraje, pero en el camino miembros del Ejército revisaron su automóvil y lo detuvieron. Su expediente es el 102/2007.
    "Llevé a mi primo, que iba a traer a su esposa del hospital. Estuve sentado esperando, y que me fijo, y ahí están dos personas en mi camioneta. Le abrieron el cofre, bajé, me estuvieron amenazando, querían la llave, sacaron un arma: ‘Tú vas a llevar un recado a Zapotitlán. Van a salir tres personas vestidas de negro en el camino. Si no quieres, matamos a tu familia, tus hijos’. Me arranqué, bajé, estaban los soldados revisando los carros. Ahí me dijeron que llevaba goma."
    Él era el sostén de ocho hijos que se vieron obligados a dejar la escuela y a quienes su esposa mantiene lavando ropa ajena. Victórico luce pelón, está enfermo, tiene un tumor en la cabeza cuyos dolores mitiga a base de aspirinas que a veces le dan en la enfermería. Está resignado a morir, pues no tiene dinero para pagar una operación. (APRO)

Figueroa y Aguirre en la matanza de Aguas Blancas

El sexenio siniestro de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)

Guerrero Rojo: una historia de caciques/III

Por Everardo Monroy Caracas

III de XII

    Ernesto me buscó en el hotel Las Hamacas y exclamó, antes de cruzar la puerta de la habitación, que Rubén Figueroa Alcocer solicitaría licencia definitiva como gobernador ante el Congreso del Estado.
    ─Esto valió madres, amigo ─exclamó al tiempo de entregarme una cerveza de lata y dejar caer su pesada figura sobre la cama─. De nada servirán las pinches movilizaciones masivas de priistas programadas para hoy… Gente cercana al secretario de Gobernación ya me filtró que lo sustituye Ángel Aguirre Rivero. Entre mañana y pasado termina Figueroa en la guillotina.
    Ernesto llevaba sus inseparables bermudas  grises y una playera blanca con el rostro del Che estampado en el pecho. Traía arena en su cabellera entrecana.
    ─No chingues, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, el cacique de Ometepec? Si hoy en la tarde le expresará todo su amor y respaldo al gobernador.
    ─El mismo cabrón, el que se hizo “guey” con la matanza de Aguas Blancas. Cómo la vez, mi cuate?
    ─La supo negociar Figueroa. Deja alguien de su partido y se cuida las espaldas… Son fiables tus fuentes?
    ─Imagínate, alguien muy, muy cercano al mismísimo secretario de Gobernación, (Emilio) Chuayffet. No hay marcha atrás. Al enterarse Figueroa que su compadre, el presidente (Ernesto) Zedillo había solicitado la intervención de la Suprema Corte de Justicia, decidió dejar la gubernatura. Chauyffet le sugirió hace una semana que buscara sucesor y Figueroa ni lo peló.
    En mi reloj de pulsera, regalo de mi comadre Remedios, comprobé que eran casi las once de la mañana. Ese domingo (10 de marzo de 1996) me entrevistaría con uno de los periodistas más avezados de El Novedades de Acapulco. Por cierto, muy briago el compañero. Mi jefe de información, oriundo de Guerrero, me lo había advertido:
    ─Métele medio cartón de cerveza antes de tocar el tema y después te habla hasta de lo que se va a morir su mamá…
    Y le hice caso.
    Por lo pronto, era necesario trasladarme a las oficinas del Comité Municipal del PRD y enviar un fax al periódico. En el Vips del fraccionamiento Magallanes, el de Gran Plaza tendría el encuentro con Rosendo Loyo. No tenía fama de puntual, pero le interesaba relacionarse con periodistas de Ciudad Juárez. Planeaba viajar a finales de noviembre a El Paso, Texas y le ofrecí un departamento para que se ahorrara el dinero del hotel y el restaurante. El acuerdo lo hicimos por teléfono y sin conocernos físicamente.
    ─Confirma lo de la licencia de Figueroa ─le sugerí a Ernesto─. No vaya a ser una “borregada” y quedemos como pendejos.
    ─Lo haré, no te preocupes. Los abogados y las viudas de los muertos de Aguas Blancas también se entrevistaron con (Porfirio) Muñoz Ledo y parece que sí va todo por esa ruta.
    Muñoz Ledo, en esas fechas era el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Desde la matanza del 28 de junio de 1995 presionaba para que el Congreso de la Unión aprobara la desaparición de poderes en Guerrero y que el caso lo atrajera la Procuraduría General de la República.
    Ernesto decidió continuar en mi habitación y contactar telefónicamente con un regidor priista de Atoyac de Álvarez. La alcaldesa de ese municipio, María de la Luz Núñez Ramos se había curado en salud y les permitió a los integrantes del cabildo escuchar dos conversaciones que tuvo por teléfono con Rubén Figueroa antes y después de la matanza ocurrida en el Vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez.
    El asunto ya apestaba.
    En el desvencijado cuartel general de los perredistas porteños, en la zona dorada, la secretaria leía un Tvnotas y no tuvo inconveniente para que yo utilizara el fax. Sin darle tregua a su goma de mascar, me señaló el aparato que se encontraba en la oficina contigua. El dirigente de los vendedores de artesanías del zócalo, Martin Conde aceptó apoyarme y permitir que ese domingo utilizara las instalaciones del perredismo porteño.
    ─Voy a hacer una llamada de larga distancia, por cobrar ─le informé a la mujer gruesa, de cutis lastimado por el acné.
    Recibí un pujidito de respuesta.
    ─Así es, mañana pide licencia Figueroa ─me confirmó Rodríguez, mi jefe de información.
    ─Hace una semana los escenarios eran otros…
    ─Zedillo estuvo en Acapulco a mediados de febrero, dos o tres días después de que Televisa transmitiera el video sin editar de la matanza de Aguas Blancas…
    ─En gira de trabajo?
    ─No, un empresario del transporte lo invitó a una cena privada.
    Wenceslao Rodríguez era muy amigo del gobernador de Chihuahua, el panista Francisco Barrio Terrazas y fácilmente obtenía información privilegiada. Pese a su oriundez chilanga, no por pertenecer a la raza defeña, sino sureña, ya era bien aceptado por la clase política juarense.
    Los pormenores de ese encuentro, Zedillo-empresario, serian dados a conocer, el domingo 17 de marzo por el columnista de La Jornada, José Ureña. Su versión no variaba en mucho a lo revelado por Rodríguez.
    En 1978 trabajé en las oficinas centrales de Uno Más Uno al lado de Ureña: delgado, alto y muy solemne. Él provenía del estado de Jalisco, donde era corresponsal del periódico que dirigía don Manuel Becerra Acosta y que le fue prácticamente expropiado por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Don Manuel terminó exiliado en España. 
    ─Qué le dijo Zedillo al empresario acapulqueño? ─intenté ahondar más sobre el asunto─. Porque aquí es un hecho que Ángel Aguirre sustituye a Figuera…
    ─Así es, Ángel Aguirre se va por la libre y parece que todo fue negociado con el PRD y el PAN. Muñoz Ledo y Felipe Calderón le dieron su aval… Aguarda ─Rodríguez hizo una larga pausa. Mientras, encendí un cigarrillo y observé los bostezos de aburrimiento de la secretaria─. Perdón, tuve que checar una nota… Te decía, los perredistas y panistas están de acuerdo de que Aguirre sea el gobernador interino…
    ─Por favor, dime más del encuentro de Zedillo con el empresario…
    ─Según mis fuentes, el empresario le preguntó si estaban en su ánimo los nombres de Nezahualcóyotl de la Vega, Porfirio Camarena Castro, Israel Soberanis y Guadalupe Gómez Maganda. Zedillo le aclaró que apreciaba a su compadre Figueroa y que jamás le pediría personalmente que solicitara licencia. Sin embargo, existía mucha presión interna y externa. Así que le dejaría el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
    Ureña fue más explicito en su columna dominical, Clase Política. Escribiría:
    “(El empresario) le repitió la pregunta, en la soledad: “Qué piensa hacer con Figueroa?”. Zedillo se sinceró en la amistad: “Mira, yo nunca le voy a pedir que renuncie, que se vaya. Lo que yo espero que entienda es que para bien de Guerrero, por el bien de México y por el bien de su amigo el presidente de la república, que él solicite licencia”.
    “El empresario de la confidencia llevó el mensaje al propio Figueroa. No lo entendió. En la plática aceptó que tenía dificultades, pero invocó a su padre como fuerza moral para enfrentarlas y vencerlas.
    “Se le pasó el tiempo, la oportunidad. Su propio compadre acudió a la investidura presidencial para pedir la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ordenó la cita con el secretario de Gobernación.
    “Emilio Chuayffet Chemor platicó con él dos veces el lunes 11 de marzo. Por la mañana le trasmitió el mensaje, por la tarde o casi noche le pidió enviar su solicitud de licencia, y de inmediato se citó a sesión de Congreso”.
    En realidad, desde el domingo 10 ya circulaba la versión de que Figueroa negoció su salida: no habría persecución judicial, todo quedaría en escándalo mediático y estaría Ángel Aguirre al frente del gobierno guerrerense: hechura política del ex gobernador Alejandro Cervantes Delgado, de quien fue su secretario particular. No era la mejor carta de Figueroa, por sus diferencias en 1993 cuando designó a los candidatos de su partido a la alcaldía de Ometepec y la diputación del distrito de Costa Chica. Sin embargo, la gubernatura continuaría en manos del PRI y la dirigencia nacional de su partido --representada por Santiago Oñate Laborde— tenía el compromiso firme de cubrirle las espaldas.
    ─Okay jefe ─le dije a Rodríguez─, me retiro porque en diez minutos estoy con Loya y tienes razón, me dicen que es un reportero con conexiones confiables. La mayoría del gremio lo respeta por la veracidad de los datos que publica. Algo bueno a de salir…
    ─Ya me entregaron el fax con la nota. Ahorita la checo y si hay alguna duda te busco en el hotel… Cuídate y no abuses de las viejas y el alcohol… Y te lo lavas….
    Su risa ronca, de asmático (por los excesos de tabaco), retumbó y provocó involuntariamente que recordara nuestras andanzas de borrachos en la cabaña de Tony Cabrera. Religiosamente, todos los viernes, la mayoría de reporteros de distintos diarios de Ciudad Juárez nos reuníamos en la casa de descanso del director de comunicación social del IMSS.
    Un taxi me trasladó al Vips de la Gran Plaza y durante el trayecto observé el movimiento humano de la avenida Costera Miguel Alemán. El comercio se había apropiado de la bahía: restaurantes, centros nocturnos, tiendas y hoteles creaban una especie de fortificación  multicolor entre la arena y la banqueta. Inclemente, el sol arrojaba al mar a miles de turistas. Por el contrario, los lugareños centraban su atención en allegarse del dinero de sus bolsillos y carteras. Pasaban a segundo término aquellas aguas turbias y en constante movimiento. Una oda de Neruda tomó presencia y la repetí mentalmente mientras me dirigía a la cita con Loya.
    Aquí en la isla/el mar/y cuánto mar/se sale de sí mismo/a cada rato,/dice que sí, que no,/que no, que no, que no,/dice que si, en azul,/en espuma, en galope,/dice que no, que no./No puede estarse quieto,/me llamo mar, repite/pegando en una piedra/sin lograr convencerla,/entonces/con siete lenguas verdes/de siete perros verdes,/de siete tigres verdes,/de siete mares verdes,/la recorre, la besa,/la humedece/y se golpea el pecho/repitiendo su nombre./Oh mar, así te llamas,/oh camarada océano,/no pierdas tiempo y agua,/no te sacudas tanto,/ayúdanos,/somos los pequeñitos pescadores,/los hombres de la orilla,/tenemos frío y hambre/eres nuestro enemigo,/no golpees tan fuerte,/no grites de ese modo,/abre tu caja verde/y déjanos a todos en las manos/tu regalo de plata:/el pez de cada día…
    --Usted vive aquí?
    --Perdón?
    --Que si usted vive aquí –el taxista interrumpió mis pensamientos, el gozo por aquella vista vespertina.
    --No, por qué?
    --En la mañana esto estaba intransitable...
    Los priistas, encabezados por Aguirre, ese domingo tomaron las principales plazas de Acapulco y Chilpancingo para despedir  al gobernador constitucional. Figueroa estaba consciente de esa verdad. No habría marcha atrás. Aún así, haría una última demostración de poder. En política no hay nada escrito, repetía ante sus allegados el vetusto dirigente obrero, Fidel Velázquez. Todo podía suceder en cualquier momento.
    En el Vips, las mesas libres escaseaban. El naranja chillante me incomodaba. Después de ascender a la segunda planta intenté ubicar a Loyo. Un tipo gordo, de barba de candado y cabello largo y relamido, me observaba insistentemente. A su lado, descansaban una grabadora, dos libretas y un libro. Me le acerqué. La mesa y los dos largos sillones naranjas estaban empotrados al muro y bajo el alfeizar del ventanal.
    ─Loyo? ─pregunté con timidez.
    ─El mismo que calza y viste, compañero Moisés…
    ─Le agradezco su puntualidad…
    ─Estamos en la misma sintonía y por única vez prometí romper mi norma y llegar antes de la hora acordada… ─Rosendo Loyo acompañó sus palabras con una sonrisa descarada. Sus enormes dientes amarillentos confirmaron su desmedido amor al tabaco─. Me imagino que ya está enterado de que Ángel Aguirre fue el favorito del ingeniero Figueroa…
    ─Eso es lo que cuentan…
    ─Lo que no le han contado es que uno de sus paisanos de Chihuahua fue el que inició la balacera de Aguas Blancas, en un acto provocativo, y hasta la fecha el hijo de la chingada se hizo ojo de hormiga o ya le partieron su madre…

Guerrero Rojo: una historia de caciques/II

Por Everardo Monroy Caracas

II de XII partes

Yo lo viví, nadie me lo cuenta. Tan claro es que he decidido dejar constancia escrita de lo ocurrido. Estoy en el exilio, sin mar de por medio y añorando los tumbos de la marea veraniega sobre el arenal cenizo de los atardeceres de Acapulco. Bebo cerveza de tarro y a través del ventanal de barrotes rojizos observo la concurrida avenida de Dundas. Hay bullicio en el exterior y por un momento abandono el libro virtual que leía, una extraordinaria biografía de Karl Marx, escrita por el periodista Francis Wheen.
    En la acera de enfrente hay un restaurante con mesas circulares en la terraza. En una de ellas dos jóvenes, hombre y mujer, están sustraídos en su amor y deseo. No hay tregua con los besos y arrumacos. Ambos son rubios y de pinta sajona. En esta parte de la ciudad viven  familias portuguesas e italianas. Por lo mismo, no es muy común ver personas con esas características físicas. Ernesto Ponce Carrillo, un compañero de oficio y gusto por la cerveza mexicana, en 1993 me había sugerido vivir en Toronto. Nunca imaginé que ese día llegaría y menos en la condición migratoria de refugiado político.
    Tres semana antes de iniciar estos apuntes, Ernesto me envió un correo electrónico desde Barcelona para informarme que viajaría a Acapulco en plan de trabajo. Su periódico, La Vanguardia, lo había comisionado para cubrir el proceso electoral que estaba en puerta en el estado de Guerrero. “Necesito que me eches la mano con algunos datos de los personajes que ahorita son los más influyentes en la política de Guerrero”, pidió en una parte del texto.
    No dudé en apoyarlo. Nuestra amistad existía desde sus tiempos de reportero en el diario mexicano El Universal. En la década de los ochenta yo era corresponsal de un importante periódico de Chihuahua y radicaba en Cuernavaca, Morelos. Antes habíamos coincidido en el vetusto edificio de Fresas 13, donde laborábamos como periodistas de la revista semanal Proceso. Sin embargo, en esas fechas jamás cruzamos palabra porque constantemente él era enviado, como reportero investigador, a distintas ciudades del país. Su esposa Jennifer, también periodista, procedía de una familia morelense, precisamente de Tepoztlán.
    Me dolía confirmar que la violencia, la miseria y las adicciones seguían vulnerando la tranquilidad y bienestar de los guerrerenses. Continuaban decidiendo su destino moral y económico, los mismos personajes de poder, solo que ahora más viejos y algunos abotagados por los excesos de alcohol y promiscuidad sexual. El mismo carrusel burocrático de siempre: unos ascendían y otros descendían, hasta que la muerte acortaba su ambición y avaricia y le heredaban el puesto (o “hueso”, como se dice coloquialmente en México) a alguien de su parentela.
    Cada tres años, durante varios meses, los guerrerenses eran bombardeados de propaganda ramplona, mentirosa y manipuladora. Un ejército de políticos mendingan el voto ciudadano y utilizan a la prensa escrita y electrónica para magnificar sus promesas de “cambio” y de “compromiso social” (así, entrecomillados los conceptos por ser tan ambiguos en la boca de la burocracia política).  El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) --fundados en 1929 y 1989, respectivamente-- eran quienes tenían el monopolio del poder político y administrativo de los ayuntamientos, congreso local y el gobierno del estado. El Partido Acción Nacional, parido en 1939 por un abogado de banqueros, difícilmente cuajaba en el imaginario guerrerense. Ni la clase media, no muy extendida en esa parte del país, se identificaba con la doctrina democratacristiana y una de sus vertientes: la ultraderecha.
    En 1996, Ernesto y Jennifer fueron enviados a Guerrero para cubrir los acontecimientos políticos del momento: la posible renuncia y encarcelamiento del gobernador Rubén Figueroa Alcocer. Lo consideraban el autor intelectual del asesinato de diez y siete campesinos de la sierra de Atoyac.  La masacre había ocurrido el 28 de junio de 1995 y fue perpetrada por más de cuatrocientos policías judiciales y uniformados, bajo las órdenes directas del comandante Manuel Moreno González, entonces director de Protección  y Vialidad del Estado.
    El domingo 25 de febrero de 1995, en el programa Detrás de la Noticia del canal 2 de Televisa, se transmitió el video completo de la masacre. El material fue filmado por el delegado de Gobernación del estado, en la Costa Grande, Gustavo Martínez Galeana. Figueroa nunca imaginó que Televisa seria la guillotina fraguada por sus adversarios políticos. Únicamente faltaba la presencia del verdugo que bajaría la palanca para su decapitación.
    En el diario donde yo laboraba intuyeron que en Guerrero iba a suscitarse una nueva revuelta política y seguramente antes de ser depuesto el gobernador, habría movilizaciones sociales, enfrentamientos y hasta muertos y heridos. Por lo mismo, me dieron instrucciones para que me desplazara a Guerrero y, de ser posible rentara un departamento.
    Figueroa difícilmente entregaría el mando administrativo, su cetro de poder, sin dar la batalla. Antes de ser decapitado, utilizaría a su favor todos los recursos que tenía en sus manos: dinero, partidos políticos, policías, prensa escrita y electrónica y a un ejército de leguleyos: burócratas, ministros, jueces, legisladores, dirigentes sindicales, etcétera. Precisamente uno de sus alfiles de confianza era el ex diputado federal y dirigente del PRI en el estado, Ángel Aguirre Rivero. El mismo que le había jurado lealtad  y ofrecido su amistad sin condiciones. En el mitin del domingo 3 de marzo de 1996, Ángel Aguirre hizo una férrea defensa de su jefe político. En una parte de su encendida perorata, expresó:
    --Queremos decirle a la nación y al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos que los guerrerenses, todos, no vamos a permitir que se siga desprestigiando al gobernador Rubén Figueroa... El trabajo del fiscal especial, Varela Vidales, es una investigación seria... Estamos dispuestos a todo para demostrarle en cualquier momento a la nación el respaldo del pueblo a nuestro gobernante!!!
    El conocer de cerca toda esa realidad política de Guerrero, me permitió darle una respuesta afirmativa a Ernesto. De inmediato me avocaría a transcribir algunos párrafos de mis diarios personales y haría las comparaciones correspondientes de cada personaje aludido durante los acontecimientos políticos de 1995 al 2010. Figueroa seguía siendo el titiritero principal de la clase gobernante y de las dirigencias partidistas y de organizaciones gremiales, relacionadas al PRI. Desde el más humilde regidor  o alcalde, hasta el gobernador del estado se allegaba de sus querencias y consejas. Era intocado. Uno de sus vástagos, del mismo nombre y apellido, seguía sus pasos: en el 2003, al igual que su padre, se estrenó en la política de partido como diputado local. En unos años más, de seguir con vida su protector filial, conseguiría una curul en el senado de la republica y de ahí se catapultaría como candidato a gobernador.
    Los escritos de Maquiavelo, en manos de Figueroa se materializaban. Por ejemplo, sabía manipular las apetencias ocultas de poder de sus adversarios y la necesidad de allegarse de dinero fácil, “sin quebrarse el lomo”, como la mayoría de jornaleros y trabajadores asalariados.
    “Usted nada mas póngame donde hay (en alguna dependencia publica, aunque sea la más modesta) y yo me encargo del resto”: la socorrida demanda de los buscachambas de la política partidista.
    “Si el partido principal, sea el pueblo, el ejército o la nobleza, que os parece más útil y más conveniente para la conservación de vuestra dignidad está corrompido, debéis seguirle el humor y disculparlo. En tal caso, la honradez y la virtud son perniciosas”, recomendó el filosofo e historiador florentino.
    Y agregó en otro texto de su importante tratado sobre el poder publico:
    “Un príncipe... Jamás predica otra cosa que concordia y buena fe; y es enemigo acérrimo de ambas, ya que, si las hubiese observado, habría perdido más de una vez la fama y las tierras”.
    Y Figueroa las aplicaba sin ningún remordimiento. Era un maestro en comprar conciencias y lealtades, un corruptor profesional.
    “Divide para reinar”, también sugirió Maquiavelo y en Guerrero, aquella consigna era un asunto recurrente en manos de Figueroa.
    Durante dos fines de semana revisé mis diarios personales de 1995 al 2000 y extraje nombres, fechas y hechos que pudiesen enriquecer el trabajo periodístico de Ernesto. Le envié el material y algunos links de Internet que le facilitarían la obtención de más documentación y contactos confiables al pisar tierra guerrerense.
    Ernesto en 1995 se instaló en un hotel de Acapulco y por su  amistad con una de las hijas del ex presidente de México, José López Portillo me consiguió una habitación a un costo simbólico. El periódico invertiría lo mismo o menos que la renta de un departamento y yo no tendría que hacer trabajo doméstico y llamadas telefónicas en casetas públicas.  Sin embargo, la sede del gobierno del estado no era Acapulco, sino Chilpancingo y en esa ciudad-capital radicaba Figueroa y su séquito de poder. Ernesto solucionó el entuerto.  Los directivos de El Universal le proporcionaron un vehículo y dinero suficiente para alimentarlo de gasolina y lubricantes. En mi caso, un compadre, empleado de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos  (Capufe), me facilitaría una tarjeta especial para evitar el pago de casetas por la autopista del Sol. Esa sería mi aportación durante el tiempo que permaneceríamos –Jennifer, Ernesto y yo—en Guerrero.
    La nueva aventura periodística de Ernesto estaba por iniciarse. No creo que le entusiasmara mucho. En el fondo, su verdadera motivación era reencontrarse con sus tres hijos, ya profesionistas y aún arraigados a su  madre, Jennifer, de quien se divorció en el 2003. Ahora tenía otra familia en Barcelona y su segunda esposa, española de nacimiento, le ayudó a obtener la ciudadanía europea. El director de La Vanguardia se interesó en los asuntos internos del estado de Guerrero, no por las elecciones que tendrían lugar el 30 de enero de 2011. El propósito fundamental era otro: intentar entrevistar a los comandantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) o del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). En el consulado mexicano de Barcelona les informaron que ambos grupos armados tenían su sede en la sierra guerrerense.
    El material que logré recuperar de los diarios personales, despertaron mi interés por armar una breve memoria escrita sobre lo ocurrido en esos años aciagos de Guerrero: la salida de Figueroa del gobierno del estado y la designación de su sucesor, Ángel Heladio Aguirre Rivero. De paso, con ayuda de documentos obtenidos de diversas organizaciones no gubernamentales y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intentaría reconstruir los tres años de gobierno del Aguirre, también conocido por la izquierda guerrerense como “El cacique de Ometepec”.  Durante ese lapso, tampoco faltaron los crímenes políticos, las desapariciones forzadas de luchadores sociales y las denuncias de corrupción oficial y más miseria en la zona rural y en los asentamientos irregulares de las principales ciudades del estado.
    El 25 de agosto del 2010, Angel Aguirre renunció al PRI, molesto porque no lo designaron candidato a gobernador. El nombramiento recayó en su primo carnal, Manuel Añorve Baños, entonces presidente municipal de Acapulco. Lo irónico del hecho es que Aguirre obtuvo la candidatura de la dirigencia nacional del PRD, impuesta a través de interludios legalistas, por el rehén de la ultraderecha panista y presidente de la republica, Felipe Calderón Hinojosa. En solo cuatro de sus seis años de gobierno (2006 a 2010) fueron asesinadas treinta mil personas por una guerra absurda que inició para legitimar su gobierno, producto de un bien aceitado fraude electoral, en contra de tres de los cuatro principales cárteles del narcotráfico mexicano. De ahí la importancia del libro.

Guerrero Rojo: una historia de caciques/I

Por Everardo Monroy Caracas

I de XII partes

Prefacio

    En el año de 1996, durante los últimos días del virreinato de Rubén Figueroa Alcocer, el estado de Guerrero enfrentaba aún los embates de la violencia rural, la incertidumbre política y la movilización social para exigir pan, trabajo y orden. La burocracia guerrerense poco o nada podía hacer para salvar a su gobernador que enfrentaba una grave acusación de homicidio múltiple: lo responsabilizaban de ser el autor intelectual del asesinato de diecisiete campesinos pobres de su feudo. La aristocracia política radicada en la ciudad de México preparaba la batalla final para licenciarlo e impedir con esa acción legal, decretada desde el congreso legislativo, nuevas revueltas armadas que alentaran mayor ingobernabilidad en uno de sus principales bastiones de poder económico.
    La cruzada por la paz y el orden la protagonizaban quince personajes de carne y hueso, hombres y mujeres de Iglesia, Estado y Negocios, que desde la histórica capital del país, también llamado Distrito Federal, habían decidido el futuro político de Figueroa ─cano y avejentado por los desvelos y preocupaciones─ y únicamente aguardaban el momento idóneo para coronar al nuevo virrey, su sucesor, y dejar en claro que en territorio mexicano aún era posible hacer uso legitimo de las instituciones y leyes para impedir que abusos de poder, en este caso  de un solo hombre, alentaran insurgencias o revueltas armadas de pobres, intelectuales y analfabetos, y pusieran en riesgo la vida y el patrimonio de la oligarquía y las trasnacionales.
    Un cartelón con letras mal dibujadas sintetizó el propósito de esa realidad.  El 4 de marzo de 1995, en un tramo de la carretera federal México-Acapulco, apareció sobre el pecho ensangrentado y sin vida de un campesino maniatado con cinta canela de manos y pies. Tenía los ojos abiertos, serenos y metalizados, y en la cartulina se leyó:
    “Guerrero, óiganlo bien bola de apestosos y enajenados, no es de los guerrerenses guevones, ignorantes y resentidos. Guerrero, con sus sesenta y cuatro mil kilómetros cuadrados, setenta y seis municipios y ocho mil ranchos, pueblos y ciudades, es propiedad  de cuatro mil familias de bien, honestas, trabajadoras y cristianas, no de los cuatro millones de conformistas que viven de un jodido salario, la migaja oficial y del pinche comercio pueblerino y rascuache”.
    La historia de Guerrero, el bronco, vengativo y sanguinario ─por tanta sangre derramada desde su colonización y fundación como estado─, tomó otro sendero ante mi entendimiento y decidí montarme en la verdad de los hechos y conocer de cerca los acontecimientos políticos del estado. Hechos ocurridos de junio de 1995 a marzo de 1999. No fue una decisión consciente o impulsada por algún tipo de vocación revolucionaria o idealista. No. Simplemente cumplí una orden superior, emanada del director general del periódico donde trabajaba en Ciudad Juárez, Chihuahua y fue así como terminé en un hotel de cuatro estrellas de Acapulco. Hay quienes afirman que el mejor periodista es aquel que desarrolla el oficio entre el alcohol, las putas y el chismorreo de café, porque es ajeno a cualquier fundamentalismo ideológico. Puede ser, pero algo pasa en el interior del periodista cuando ejerce responsablemente su oficio e informa con objetividad la realidad del momento. La empresa que lo respalda dignifica su modo de vivir y le permite convertirse en una especie de investigador privado, algo así como un Philip Marlowe o un Héctor Beloscoaran Shayne.  
    Jamás imaginé que bajo la espesa arboleda serrana, paso forzado de recuas, camionetas de redilas y tráileres cargados de madera fina, iba a enfrentar los sinsabores del miedo, el hambre y  el cansancio ante el afán de conocer los motivos principales que obligaron a doscientos hombres, de raíces indígenas, africanas y españolas,  tomar las armas y secuestrar a adinerados comerciantes, agricultores y ganaderos y asesinar policías y militares. Todo por la injusticia social imperante y las doctrinas asimiladas en viejos textos ingleses, franceses y alemanes: el que los pobres ya no fueran tan pobres y pendejos y los ricos ya no fueran tan ricos y cabrones. El hombre libre y justo al servicio de la colectividad.
    “Que cada quien trabaje según su capacidad y reciba según sus necesidades”. El cristianismo primitivo, de catacumbas, en manos de los ateos del siglo XIX. Ángeles serafines y arcángeles demoniacos edificando el paraíso ideal de los condenados de la tierra. Vegetarianos, veganos y depredadores carnívoros intentando convivir en el mutismo de la ignorancia y el instinto animal. Sin embargo, los griegos Hera y Ares, madre e hijo, galardonarían la audacia e inteligencia humana con la avaricia y envidia e inventarían los uniformes de tela o metálicos, los distintivos dorados en forma de barras, cruces o círculos y el nitrato potásico, el carbón y el azufre encapsulados.
    Dentro del cuerno de la abundancia o el tarro construido en la orografía del éxito ─México posándole a pintores y escultores del Monte Olimpo─, los guerrerenses obtuvieron una buena tajada: zinc, plata, oro, lechos de arena con cerveza y aguas urinarias, viento armonizante, gardenias y jazmines, lluvia cantarina y electrizante, hielo de sabores y colores, calor húmedo y templado, granito, mármol, parota, calhidra, hidrogeno y oxigeno en abundancia, pino, cedro, epazote, café, caña de azúcar, ruda, tabaco, nitrógeno, petróleo putrefacto, yerbabuena y yerbamala fumable o inyectable; maíz blanco, amarillo, negro y azul; arroz y frijol; cloruro de sodio cristalizado y cicatrizante... También terminaron bajo el regazo amoroso de la mar del pacifico, acunados entre los brazos hidratantes del Balsas y el Papagayo y su intrincado sistema circulatorio, amamantador, de aguas limpias, frescas e insalubres, que aún irriga sus comarcas, sabanas, junglas, valles y bosques tropicales. Cada montaña serrana lagrimeaba imparable y enjugaba su llanto aullador con pañuelos verdes de manglares y palmares y hojas frescas de madroño, pochote, aile y huanacastle.
    Hombres y mujeres de la sierra y el trópico sureño sin principio ni fin. Envilecidos por los descendientes directos del europeo aventurero y conquistador  y sus narigudos banqueros paridos en las tierras de Canaán y arrojados del reino de Judá por Nabucodonosor II, seiscientos años antes de que la Roma imperial persiguiera, encarcelara, torturara, asesinara y liberara a los seguidores  de un modesto militante nazareno. Las poderosas mareas del Atlántico los trajeron en bergantines de madera de pino calafateado y en menos de trescientos años, con la ayuda de la pólvora y el crucifijo, ya eran dueños del continente americano y habían llenado de socavones los acantilados y laderas de Guerrero en su afán de extraer metales preciosos y tesoros enterrados por los nativos y sus dioses (olmecas, teotihuacanos, purépechas, chontales, tlapanecos, yopis…).
    Figueroa provenía de un mestizaje caciquil tarasco-español y desde su arribo a la gubernatura, el 1 de abril de 1993, dejó sentir su don imperial para obstaculizar el avance de la izquierda guerrerense. Su principal adversario político, Félix Salgado Macedonio era oriundo de la región de Tierra Caliente y militante del Partido de la Revolución Democrática. El 21 de febrero de 1993 fue derrotado en las urnas y argumentó ante los órganos de arbitrio electoral que durante la jornada predominó la compra y robo de sufragios a favor de Figueroa, su ex compañero en la cámara de diputados federal. Por lo tanto, no reconoció la legalidad de los comicios y con sus seguidores bloqueó los principales accesos al Palacio de Gobierno, construido en el siglo XIX. Durante varias semanas, el nuevo mandatario atendió los asuntos públicos en una especie de bunker, bautizado como Casa Guerrero, y donde los gobernadores en turno arman sus estrategias extralegales de política partidista para reafirmar su mando y deshacerse de sus molestos enemigos.
    Salgado Macedonio provenía de una familia humilde de Ciudad Altamirano y era proclive a la bohemia y al enfrentamiento verbal. Su mayor mérito fue el haber comido alacranes durante su infancia, emerger de la pobreza a la riqueza dentro del negocio de la política contestataria, terminar su carrera profesional de ingeniero agrónomo –que jamás ejerció-- y encabezar a miles de sus paisanos, resentidos por el fraude electoral de 1988, para que intentaran derrocar a la oligarquía priista a través de arengas, plantones, pintas, caminatas, votos y mentadas de madre.  Su tenacidad y sagacidad le permitieron participar en 1989 en la construcción del PRD al que representó como su primer dirigente estatal en Guerrero. Por ese merito, si así puede llamársele, obtuvo una diputación federal e inició su colección de cargos públicos, autos antiguos, motocicletas en forma de armadillo y compañeros y compañeras de parranda. Desde esa trinchera parlamentaria atrajo los reflectores de la prensa nacional e internacional y se convirtió en una especie de defensor a ultranza de los pobres. En menos de cinco años ya era todo un personaje mediático, actor de cine y el único, dentro de la izquierda guerrerense, para competir por la gubernatura.
    Por su parte, Figueroa pertenecía a una estirpe caciquil, producto de la revolución mexicana de 1910. Su padre, Rubén Figueroa Figueroa fue gobernador de Guerrero de 1975 a 1981 y durante más de tres meses (30 de mayo de 1974 al 8 de septiembre de 1974) estuvo secuestrado por un grupo guerrillero de su estado. Tras su liberación, centró todo su poder político y económico para combatir a los insurgentes, comandados por un maestro rural de Atoyac de Álvarez: Lucio Cabañas Barrientos. De acuerdo a información proporcionada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante el mandato de Figueroa Figueroa se registraron 482 desaparecidos políticos.
    Mientras su padre gobernaba, Figueroa Alcocer se dedicó a cuidar los negocios del clan y en 1978, por sugerencia paterna, incursionó abiertamente en la política partidista. El PRI lo hizo diputado federal y le entregó en charola de plata la comisión de Comunicaciones y Transporte de la LI legislatura. La iglesia en manos de Lutero. Gran parte de la fortuna de los Figueroa precisamente se fincó en el negocio del transporte público, la ganadería y la venta de granos y fertilizantes. Le tenía una gran fobia a la izquierda doctrinaria, al igual que su padre, e hizo lo propio para combatirla y desprestigiarla. Son históricas sus reuniones con ricos ganaderos y agricultores de Guerrero, donde a puerta cerrada les advertía sobre los peligros del comunismo y el ascenso de la guerrilla rural en el estado. Por lo mismo, los invitaba a cerrar filas e invertir en la destrucción de ese enemigo letal: la ultraizquierda de corte maoísta. En su cruzada anticomunista contaba con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de todas las corporaciones policiacas.
    Y dos hechos trascendentales le abonaron un mayor miedo a la oligarquía guerrerense: el surgimiento en Chiapas del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional,  grupo guerrillero integrado por indígenas y mestizos, y el asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la república, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Ambos hechos acontecieron en los primeros tres meses de 1994, durante el reinado de Carlos Salinas de Gortari y el virreinato en Guerrero de Figueroa Alcocer, quien un año después estaría envuelto en un escándalo judicial: la ejecución de diecisiete campesinos enhuarachados y pobres. Por lo mismo, era inminente su derrocamiento y el ascenso de nuevos cacicazgos emergentes.

Guerrero: historia de traiciones

Zeferino y Carlos Navarrete, del cartel de Los Chuchos

*El figueroismo ante la historia
*Añorve ante su propia identidad
*Aguirre y su pasado sangriento

    La elección del 30 de enero cobra interés por los personajes que compiten para la gubernatura de Guerrero: los primos Manuel Añorve y Ángel Aguirre, oriundos de Ometepec y compañeros de aventura política desde los tiempos de Alejandro Cervantes Delgado. Ambos conocen sus fortalezas y debilidades. Nada los oculta.
    Manuel Añorve sostiene sobre sus hombros, hasta el momento de su designación, la pesada carga del figueroismo. Por el contrario, Ángel Aguirre, arrastra su pasado y presente caciquil y el haber gobernado tres años al estado de Guerrero. La auditoria social fue desastrosa: ningún avance substancial en el combate a la miseria, narcotráfico y corrupción de las instituciones públicas.
    Los dos no son almas de la caridad, pero Manuel Añorve tiene a su favor el no estar involucrado, como Ángel Aguirre, en hechos sangrientos, tan escandalosos como la matanza de campesinos en la comunidad rural de El Charco y la desaparición y asesinato de 60 militantes perredistas, de acuerdo a versión vertida por la Comisión Internacional de Derechos Humanos. 
    Tal vez Manuel Añorve enfrente el descredito de algunos sectores de la sociedad guerrerense por su acercamiento estratégico con Rubén Figueroa y eso no le permita tan fácilmente allegarse de seguidores progresistas. Figueroa representa al caciquismo feroz, el autoritario a ultranza, ante la opinión pública nacional e internacional. Es de los que practican la vieja política de la zanahoria y el garrote.
    Sin embargo, el ex presidente municipal de Acapulco, Manuel Añorve, no tenía otra opción política ante una verdad incuestionada en Guerrero: Figueroa es en la actualidad uno de los dirigentes políticos de mayor liderazgo ante los grupos de poder del estado. Incluso, el propio Zeferino Torreblanca nada hizo para acotar su influencia política y económica en los 81 municipios. El figueroismo es transexenal y determina la propia gobernabilidad existente del PRI.
    Uno de los mayores retos que tiene Ángel Aguirre es precisamente implementar su propio cacicazgo en el estado, a la manera que lo logró en la Costa Chica. Desde 1993 ha tenido diferencias de fondo con Figueroa por la imposición de candidatos a puestos de elección popular en la región donde ejerce su influencia política. De ganar, definitivamente el figueroismo empezaría a diluirse en Guerrero.
    El problema de Aguirre es que ya gobernó al estado y su paso por ese sendero en nada modificó las reglas de convivencia de la clase política. Los males endémicos de la sociedad prevalecieron e incluso, el 7 de junio de 1998, once campesinos pobres fueron asesinados por el ejército mexicano y el secretario general de gobierno de Ángel Aguirre justificó la masacre. A las victimas las relacionó con el Ejército Popular Revolucionario. Nunca se demostró esa relación e incluso los detenidos salieron en libertad, pero ninguno de los asesinos fue detenido y juzgado. Ángel Aguirre guardó silencio e indemnizó a las viudas o padres. Nunca condenó el crimen o exigió justicia para las víctimas.
    Tiene sus aristas la designación de Ángel Aguirre como candidato del PRD, ante la candidatura priista de Manuel Añorve, su primo: los viejos perredistas no han perdido la memoria y conocen la forma de gobernar del cacique de Ometepec. Por lo mismo, no todos los perredistas apoyarán su imposición, negociada por Manuel Camacho Solís, ex intimo de Carlos Salinas de Gortari; Jesús Ortega –dirigente nacional espurio del PRD-- y Felipe Calderón. El gobernador Zeferino Torreblanca también ha pintado su raya ante el temor de ser ventilados los asuntos de corrupción y crímenes políticos ocurridos en su administración. No la tiene fácil de ser su sucesor Ángel Aguirre y supone que Manuel Añorve puede ser domesticado por Rubén Figueroa.
    Sin embargo, Aguirre es un negociador nato, hombre del sistema político mexicano, y, por lo tanto, al sentir que su ascendencia electoral no es la deseable, seguramente buscará el apoyo de Torreblanca para allegarse de votos e intentar minar el poderío de Figueroa e impedir el triunfo electoral de Añorve. Mi pregunta es: Torreblanca resquebrajaría su amistad con Figueroa? Lo dudo. La sociedad guerrerense, la bronca y reclamante de justicia social, jamás permitiría que su ex gobernador, panista de closet, salga inmune legalmente ante tantos crímenes de luchadores sociales y la miseria que aún impera en la mayoría de los municipios. Los traidores de hoy no tienen cabida en la historia de los auténticos revolucionarios, gente de bien. (Everardo Monroy Caracas).

La locomotora blanquiazul de la muerte

*Los adictos en el primer mundo
*70 mil muertos por la guerra calderonista
*El dilema de la familia…

    En algunos países industrializados, principalmente europeos e incluso en Estados Unidos y Canadá, hay una tendencia de permitir la compra de enervantes sin acoso policiaco. En sus principales ciudades existen lugares públicos o hasta clínicas financiadas por sus respectivos gobiernos para que el adicto fume, inhale o se inyecte la droga sin ser molestado.
    Incluso, en Vancouver, Canadá, el gobierno proporciona hipodérmicas y hasta asiste al adicto a la heroína para que no se lastime alguna vena. InSite se llama el programa y cada mes atiende, con ayuda de enfermeras y médicos, entre 20 mil a 25 mil narcodependientes. El servicio es gratuito.
    En Montreal existe un parque donde integrantes de organizaciones no gubernamentales, con recursos públicos, también asisten y orientan a sus adictos. Es una manera de palear la violencia que puede generarse por la falta de cuidado de sus enfermos por adicción. Incluso, se trata de un asunto de seguridad pública.
    Paris, Roma, Zurich y Madrid aplican sistemas preventivos similares, sin evitar que la droga circule libremente y no varíe el precio, en detrimento de la sociedad. Normalmente un adicto a la heroína requiere de cuatro dosis diarias. Tiene que allegarse de dinero para satisfacer sus necesidades. De ahí que el robo al menudeo, en la mayoría de los casos no denunciado por las víctimas, afecte principalmente a la clase media y a trabajadores de salario mínimo.
    En Buenos Aires, los “Kioskos”, como se les llama a las tienditas donde se adquiere la droga, atraen a gente adinerada y la policía no la molesta. Simplemente interviene cuando los narcomenudistas rompen las reglas de convivencia y convierten los barrios en centros de reclutamiento de sicarios o extorsionadores. Por ejemplo, en los barrios de Illia y Rivadavia, capos peruanos tenían el control de la droga y eso provocaba constantes enfrentamientos con bandas criminales bonaerenses.
    Desde Tijuana a Santiago de Chile, la proliferación de adictos y narcomenudistas son parte de una realidad estremecedora. Cuba es de los pocos países que no tiene ese problema. Incluso, en Estados Unidos el problema se agudiza al comprobarse que el consumo de enervantes duros, como el crack y la heroína, predomina dentro de las fuerzas armadas y en sus cuerpos policiacos. Afganistán, intervenido militarmente por fuerzas de ocupación extranjeras,  se ha convertido en el país que produce el 90 por ciento de la heroína que requiere el mercado europeo y estadounidense.
    Los adictos cada día ganan terreno y, al igual que los enfermos de Sida, exigen derechos y respeto a su decisión de autodestruirse. El problema es que en su caída, consciente o inconsciente, arrastran a su respectiva familia. No hay manera de aislarlos. Padres, hermanos y amigos se consumen al igual que ellos en la angustia, tristeza y desesperación. No encuentran luz en su camino.
    Entonces viene el dilema: es la familia o el Estado quienes tienen que intervenir en el combate a las drogas y, sobre todo, el oponerse o permitir el consumo individual? El negocio sigue floreciente a pesar de la estela de sangre humana que deja a su paso. Según estimaciones de peritos en la materia, durante el gobierno de Felipe Calderón serán asesinadas, por el asunto del narcotráfico, mas de 70 mil personas. Esto es justo?
    La sociedad tiene que debatir sobre el tema y ser más exigente al elegir a sus gobernantes. No pueden darle un poder omnímodo a un psicópata disfrazado de defensor de la ley y el orden y que ha enlutado miles de hogares mexicanos. Detengamos a esa Locomotora blanquiazul de la Muerte…(Everardo Monroy).

Los paramilitares de la política

Por Everardo Monroy Caracas

*Un proletariado sin cabeza
*La cuota de sangre de los guerrerenses
*Hagamos alianza…

    La izquierda guerrerense, la auténtica, ha sido desplazada por una gavilla de paramilitares de la política que, como escribiría en una ocasión José Revueltas, contribuyen a construir una especie de proletariado sin cabeza. Han dejado de representar los intereses de una clase social asalariada y empobrecida y fortalecen la visión intimidadora de una casta caciquil, pseudoasistencialista y sin compromiso de trastocar las estructuras de dominación y explotación de los saqueadores de los recursos naturales del estado.
    En estos momentos, a partir del arribo de Ángel Aguirre como candidato a la gubernatura del perredismo cupular, la masa organizada, la empobrecida, la que votó en el 2006 por Andrés Manuel López Obrador, dejó de estar representada y terminó convertida en una amorfa gelatina generadora de votos. Los lideres chupasangre del presupuesto oficial simplemente les exigirían la cuota del sufragio a cambio de las migajas que les regalan para sobrevivir.
    La maldición de Sísifo sigue imperando en terreno guerrerense. Una burocracia política, disfrazada de izquierda conciliadora de la derecha genocida, ha secuestrado la voluntad de miles de perredistas de bien que en julio del 2006 intentaron impulsar un gobierno menos corrompido, no autoritario o asesino y menos neoliberal.
    Desgraciadamente los tecnicismos legaloides y el no poseer la representatividad física de los órganos electorales, IFE y TEPJF, abonaron el imprescindible fraude. La oligarquía nacional, al servicio de los grandes corporativos trasnacionales  y el Pentágono estadounidense, lograron imponer a su candidato, surgido de las filas del Partido Acción Nacional. (Anteriormente la cosa cola nos supo vender su nuevo producto: Vicente Fox.)
    Sin embargo, debemos reconocerlo, casi quince millones de sufragios (tal vez algunos inexistentes) avalaron el triunfo de Felipe Calderón: diez millones reales, aportados por hombres y mujeres de carne y hueso y una mentalidad conservadora, y los otros cinco millones abonados por una hábil manipulación del sistema de conteo virtual (investigadores de la UNAM así lo demostraron). Indiscutiblemente, Andrés Manuel López Obrador ganó la contienda, pero todo el aparato burocrático de la federación y el estado, con ayuda de los grandes corporativos impresos y audiovisuales, lo despojaron de su triunfo.
    (El lunes 4 de septiembre de 2006, el cómputo final  del Tribunal Electoral concluyó: Felipe Calderón, 14 millones 916 mil 927 votos; Roberto Madrazo, de la Alianza por México, 9 millones 237 mil, y Andrés Manuel López Obrador, 14 millones 683 mil 96 votos.)
    Desde esa fatídica fecha, la estabilidad política y económica del país se trastocó. Felipe Calderón, secuestrado por la ultraderecha rapaz y asesina, inició una guerra civil silenciosa y sembró miedo, rencor y desesperanza en la mayoría de los mexicanos.  En cuatro años, a consecuencia de esa matanza irracional, más de 30 mil cadáveres de sicarios, militares, policías y civiles inocentes terminaron en las gélidas losas de los anfiteatros del país. Guerrero no se sustrajo a esa realidad y también puso su grano de arena en este genocidio innecesario: más de mil ejecutados, la mayoría menores de 35 años de edad.
    Los paramilitares de la política tomaron ascendencia en las instituciones de los tres niveles de gobierno e iniciaron la desactivación de las organizaciones gremiales, vecinales, indígenas y campesinas. Los medios masivos de comunicación cada semana nos dan cuenta del asesinato, detención o tortura de algún luchador social. Un ejército de sicarios uniformados, como modernos cruzados de la fe cristiana y del anticomunismo fundamentalista, día a día hace el trabajo sucio y riega de sangre y cadáveres las calles, avenidas, carreteras y autopistas del país. Su odio y miedo al poder popular es insaciable.
    Por lo mismo, el estado de Guerrero tiene un enorme reto este 30 de enero de 2011. Aún es propietario del único instrumento vital y legal para resarcir la herida sangrante de julio del 2006: su sufragio. Incuestionablemente hay que organizarse para vigilarlo y no echarlo al cesto de la basura. En esta ocasión, únicamente dos contendientes políticos tienen las aspiraciones de progreso y bienestar de la sociedad. Aguirre ya fue gobernador tres años y demostró que es incapaz y deshonesto, seamos sinceros. Manuel Añorve es la carta a seguir, pero hay que condicionarlo a cumplir con los compromisos asumidos ante los guerrerenses organizados.
    La Alianza Democrática Guerrerense, aglutina en estos momentos a académicos, estudiantes universitarios, obreros, campesinos de bien, pequeños propietarios, amas de casa, profesionistas  y empresarios medios que no militan ya en algún partido político, pero que buscan transformar positivamente el estado de cosas de su entorno. Son demócratas firmes y anhelan un gobierno honesto, abierto a la diversidad de ideas y credos y principalmente enemigo de la injusticia social, la depredación de los recursos naturales y el autoritarismo criminal.  Hagamos alianza con ellos, porque nuestro voto, ahora más que nunca, es útil.

Las serpientes de Medusa

http://tintaguerrerense.com/

*Drogas en círculos de poder
*Periodistas “cocos”
*Hacia un movimiento moralizador

    En 1999 tuve la oportunidad de convivir con periodistas de radio y televisión, revistas y periódicos nacionales. Personajes de mucho peso  informativo, cultos y conocedores de la realidad social y política del país. Dos o tres de ellos, poliglotas y viajeros del mundo, interactuaban con personajes de la farándula, la política y el mundo empresarial. En fin, la crema y nata del jet set nacional e internacional.
    La convivencia se realizó en un lujoso departamento de la colonia Polanco, de la ciudad de México, en un segundo piso. Curiosamente el momento fue amenizado con música de la nueva trova cubana, Aute y Joaquín Sabinas. Nada extraordinario. Simplemente, en esas fechas, Aute y Joaquín eran los trovadores del momento. Sus canciones pegaban, conmovían e invitaban a la bohemia y al chisme intelectual.
    Nunca imaginé que después de descorchar las botellas de vino tinto y destapar cervezas oscuras y espumosas, sobre el cristal de un scanner de la computadora aparecieran tres tiras de cocaína de veinte o treinta centímetros cada una. No solo eso. Varios periodistas distinguidos, amigos de la moda y de los textos dialecticos de Sartre, Marx y Chomsky, empezaron a construir cerbatanas de papel moneda y a través de ellas esnifaron el polvo blanco.
    Durante seis o siete horas jamás dejaron de beber alcohol e inhalar cocaína. Lejos aún estaba el arribo de Felipe Calderón a la presidencia de la república y de iniciarse una guerra interna de narcos, policías y militares para posesionarse del negocio de la venta de drogas en México y Estados Unidos. Los carteles de Juárez, del Golfo, Milenio y Tijuana coexistían con la ayuda de la DEA y los gobiernos y comandantes de las zonas militares en turno. Los policías preventivos y judiciales dependían directamente de los principales capos, quienes habían comprado las plazas. Los empresarios y banqueros lavaban dinero y el narcomenudeo poco a poco tomaba el control de colonias, rancherías y municipios del país. Joaquín El Chapo Guzmán seguía en una prisión de alta seguridad de Jalisco. Únicamente en México el tráfico de drogas produce 45 mil millones de dólares anuales.
    Tras la convivencia en el departamento de Polanco, opté por abandonar la empresa editorial donde laboraba. Desde 1986 había radicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, en diferentes temporadas, y conocía de cerca los estragos causados por las drogas a un importante porcentaje de familias, principalmente de escasos recursos económicos. Más de un millar de tienditas de crack, marihuana y anfetaminas funcionaban sin problemas en un asentamiento fronterizo, donde radicaban casi millón y medio de habitantes En el 2009 se contabilizaron entre diez mil y once mil tienditas. Los comerciantes de la droga contaban con la complicidad de policías y políticos y las ejecuciones públicas, a partir de 1995, empezaron a llenar páginas y páginas de los periódicos locales. Aunada a esa violencia, el asesinato de mujeres también inoculó azoro, miedo y preocupación entre las familias juarenses.
    Entre los compañeros del encuentro en Polanco estaban precisamente periodistas de Chihuahua, talentosos y respetados, pero “cocos”. Ahora ellos siguen en la cúpula del poder mediático y desde su tribuna consignan los hechos sangrientos provocados por los capos, militares y policías y la corrupción gubernamental. Del 2007 al 2010, más de 25 mil personas han muerto en esta guerra descabellada y la mayoría de las víctimas son jóvenes, no mayores de 30 años. Narcomenudistas y adictos envilecidos, mueren sin entender el objetivo principal de sus vidas. Los empresarios, oficiales del ejército y la policía, elite política y banqueros son los principales beneficiarios económicos de esta cruenta realidad.
    Algo debe hacerse. Por lo pronto, tenemos que recuperar espacios mediáticos para apoyar a las familias que quieren recomponer su vida al tener en su propio hogar a un adicto. Junto a ellas, iniciar una intensa cruzada contra la corrupción oficial, la violencia y la venta desmedida de enervantes. Tenemos que hacer un gran Frente Nacional e Internacional para impedir que nuestros hijos y nietos supongan que los sicarios, capos, narcoguerrilleros, narcopolicias, narcomilitares y narcopoliticos sean la alternativa de su vida. Tenemos que estructurar un movimiento moralizador, pacifista y de unidad familiar para evitar más derramamiento de sangre. No es un asunto que únicamente le incumba a los morelenses, sino a todos los mexicanos, estadounidenses, canadienses, latinoamericanos, etcétera. Algo debemos de hacer. La guerra aun no está perdida, de eso estoy seguro. (Everardo Monroy).

Los carteles de la droga imponen su ley en la mitad de territorio mexicano

Desde 2001, el gobierno de Vicente Fox, que recién iniciaba su gestión, fue advertido de que el narcotráfico estaba posicionándose en los municipios, pero sus colaboradores no hicieron nada. Esa tendencia creció y ahora las bandas del crimen organizado controlan poco más de la mitad de territorio nacional...

Por Ricardo Ravelo/Reportero investigador/Proceso

    En septiembre pasado, un grupo de legisladores del PRI visitó al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, para pedirle información sobre el estado en que se hallaban las investigaciones de su correligionario Rodolfo Torre Cantú, el candidato a la gubernatura de Tamaulipas que fue ejecutado en vísperas de los comicios de julio anterior.
    El funcionario les mostró videos y les explicó que entre los posibles móviles del crimen estaba el robo. Uno de los diputados increpó a Chávez y le reclamó por qué no había avances en el caso de Torre y cuál era la razón por la cual muchas de las muertes nunca son aclaradas.
    De acuerdo con un testigo de ese encuentro, Chávez escuchó con atención a su interlocutor y le respondió: En el país hay territorios "a los que no puedo entrar… sin el apoyo del Ejército". Y uno de esos territorios es precisamente Tamaulipas; otros son Sinaloa, Guerrero, Chihuahua…
    La respuesta de Chávez sólo corrobora lo que investigadores y ex funcionarios del gabinete federal vienen diciendo desde hace tiempo: que el Estado mexicano no sólo ha perdido fuerza en cientos de municipios, sino que el crimen organizado disputa el control territorial a las autoridades en más de la mitad de las entidades del país.
    Y aun cuando un diagnóstico de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) elaborado en 2001 daba cuenta de los problemas que enfrentaban los funcionarios de esa dependencia para trabajar con los programas sociales en diversos estados del país, ninguna autoridad se ocupó del tema.

    VERDADERA AMENAZA
    Las voces de alerta sobre la expansión del narcotráfico en México y el control territorial y político que ejercen los cárteles de la droga en decenas de municipios arreciaron en 2007, a raíz de que el gobierno calderonista emprendió la guerra contra el crimen organizado utilizando al Ejército como instrumento.
    "La guerra comenzó tarde, el narco ya controla territorios, promueve y financia candidatos a alcaldes y diputados y mantiene secuestrada la estructura municipal del país", dijo entonces Edgardo Buscaglia, profesor visitante y coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
    Un año después, en 2008, cuando en el país se contabilizaban 6 mil bajas a causa de los enfrentamientos entre los sicarios de las organizaciones antagónicas y de éstos contra las fuerzas federales, el entonces procurador, Eduardo Medina Mora, advirtió:
    "El Estado mexicano ha perdido potestad en buena parte del país, los grupos criminales se han apoderado de territorios y ejercen fuerza y violencia para imponer su voluntad, cobran impuestos a través de las extorsiones y se han convertido en una verdadera amenaza para el Estado".
    Las voces de alarma llegaron al extranjero. El director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, declaró en julio de 2008 al diario británico Financial Times que el narcotráfico estaba ya involucrado en las campañas de algunos legisladores.

    CONTROL TOTAL

    Los cárteles de la droga han cooptado a muchos agentes regionales, integrantes del Poder Judicial y del gobierno federal, quienes brindan protección a los narcotraficantes, dijo Valdés. Y agregó: "El Congreso de la Unión no está exento".
    El 30 de agosto pasado, la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores presentó una radiografía sobre el narcotráfico en México. En sus conclusiones, los legisladores establecen, por ejemplo, que los capos de la droga controlan grandes extensiones territoriales en las que el Estado ya no puede gobernar a través de sus instituciones.
    El estudio aporta un dato revelador: las redes del narcotráfico mantienen bajo su control 71% del territorio nacional.
    Ramón Galindo, presidente de la comisión legislativa que elaboró el análisis, asegura que "el narco ejerce total hegemonía en 195 municipios y tiene fuertes influencias (políticas y económicas) en otras mil 500 demarcaciones". Admite también que los capos han impuesto su voluntad mediante sobornos y amenazas a la clase política.
    Elaborado por un grupo de expertos contratados por el Senado de la República, el documento detalla la forma en que las células de la delincuencia penetraron la estructura de los municipios: "En la mayoría de las alcaldías existe una estructura criminal capaz de controlar los negocios del crimen organizado, el narcomenudeo, el cultivo y tráfico de drogas y la extorsión".

    FEUDALIZACIÓN GALOPANTE

    De acuerdo con la radiografía del narco, los municipios son "el eslabón más débil" de la cadena del poder político. Los funcionarios de los ayuntamientos tienen contacto directo y cotidiano con la gente, aun con los presupuestos raquíticos con los que operan, las políticas económicas y sociales erráticas y el desinterés de los gobiernos estatales y federal.
    "Los cárteles –indica– sí que han sabido la fórmula de la ecuación. Han entendido que el municipio, al ser el nivel de gobierno más cercano a la gente, es el que había que echarse a la bolsa particularmente para las operaciones de narcomenudeo, una de las fuentes de ingreso más importantes del crimen organizado".
    Hoy, las redes criminales cuentan con infraestructura, cooperación política y con el silencio cómplice de las autoridades municipales; además, opera "bajo el resguardo de la corrupción, con protección política y disponen del apoyo logístico de la policía", destaca el estudio legislativo.
    La Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores expone también en el estudio que las autoridades municipales –alcaldes, síndicos y regidores– se quejan de falta de apoyo e insisten que no quieren ser meras figuras decorativas, menos aun cuando las amenazas que reciben son cada vez más frecuentes. En los últimos tres años han sido asesinados 41 funcionarios municipales.
    En julio de 2006, meses antes de que Felipe Calderón llegara a Los Pinos, tenía información sobre la penetración del narco en los municipios. La PGR le entregó un amplio diagnóstico, según el cual los capos de la droga controlaban 80 presidencias municipales a la largo del país.
    A cuatro años de distancia, los territorios que el gobierno considera "perdidos" incluyen Nuevo Laredo y Reynosa, en Tamaulipas; Morelia, Uruapan, Apatzingán, en Michoacán; Culiacán y Guamuchilito, en Sinaloa; Acapulco y Zihuatanejo, en Guerrero.

    DERECHO DE PISO

    En esas plazas los sicarios cobran a las empresas el "derecho de piso" para que sigan funcionando, e incluso controlan la prostitución.
    Para el investigador Edgardo Buscaglia, este fenómeno es una feudalización: "En todos los países (se da) la infiltración de la delincuencia organizada. Primero, mediante relaciones personales, sobornos o extorsiones a las autoridades; luego crean feudos, cuando el personaje al que financian se transforma en diputado, alcalde o gobernador".
    Buscaglia menciona que un grupo de expertos de la ONU realizó una investigación en varios estados de la República en la que detectaron que México está sufriendo una feudalización, que del ámbito municipal se está yendo a las gubernaturas. Y alude al caso de Mario Villanueva Madrid, en Quintana Roo, quien fue encarcelado al término de su gestión como gobernador de esa entidad por sus vínculos con el cártel de Juárez. "Su caso no es el único", comenta el investigador.
    Define como afganización al proceso mediante el cual el narco ha penetrado los municipios a lo largo de la administración calderonista, precisamente la que declaró la guerra a la delincuencia organizada y que, hasta ahora, ha dejado alrededor de 30 mil muertes.
    Autor de innumerables libros y ensayos sobre seguridad nacional, Buscaglia señala que el crimen organizado le ha arrebatado al gobierno 982 bolsones territoriales donde no hay gobernabilidad, y este caso, dice, es muy similar al que enfrenta Afganistán, en donde no hay autoridad formal del Estado, pues la autoridad es el grupo criminal o bien el gobierno municipal que trabaja o forma parte del grupo criminal.
    "El proceso de afganización, es decir, de ausencia del Estado en esas 982 zonas, se ha ido extendiendo a lo largo de los últimos tres años. En 2007 contabilizábamos solamente 353 municipios; en 2009 eran 650 y ahora son 982", dice el investigador del ITAM. (APRO)

    LOS FEUDOS DEL NARCO
    La administración calderonista admite que hay territorios donde el Estado ya perdió potestad. Fue la Sedesol la que detectó la penetración del narcotráfico en el ámbito municipal en 2001, una vez que llegó el PAN a Los Pinos con Vicente Fox.
    Ese año, la dependencia publicó el estudio Producción, tráfico de estupefacientes y microrregiones prioritarias, en el que advertía sobre la invasión del narcotráfico en distintas zonas del país, lo que significaba un obstáculo para aterrizar los programas sociales del Gobierno Federal.
    De acuerdo con el documento, algunos municipios de Jalisco, Durango y Nayarit con población indígena mayoritaria eran lugares con fuerte presencia del narcotráfico tanto en la zona rural como en la actividad política.
    Para los analistas de la Sedesol, las zonas de Tierra Caliente y La Montaña, en Guerrero; La Mixteca y Los Chimalapas, en Oaxaca; Las Cañadas y la Zona Selva, en Chiapas; La Huasteca y Zongolica, en Veracruz; La Tarahumara, en Chihuahua, y Las Quebradas, ubicada entre los estados de Durango y Sinaloa, el llamado "triángulo dorado del narco", eran otros feudos del narco.
    En esas demarcaciones la producción y trasiego de estupefacientes es elevada. La presencia del narco es tan poderosa que durante el sexenio foxista los empleados de la Sedesol tuvieron problemas para desarrollar el programa Contigo, Manos a la Obra. La razón: los capos capturaron a la población con todo y autoridades y acapararon los programas de bienestar social.
    La titular de Sedesol en el sexenio pasado, Josefina Vázquez Mota, supo desde el principio que la feudalización era un hecho, aunque lo ocultó. Sin embargo, semanas antes de abandonar el cargo, la funcionaria declaró: "Nosotros hemos detectado casi 900 municipios, de acuerdo con los índices de Conapo (Consejo Nacional de Población), de muy alta marginación, y en 80% se revela información de amplias zonas cultivadas con enervantes".
    En septiembre de 2008, ante la cúpula de su partido, el propio Calderón declaró que el crimen organizado cuenta con operadores en el ámbito político; incluso advirtió sobre el peligro de que algunas campañas sean infiltradas con dinero del narcotráfico. "Si digo que esto es un reto para Acción Nacional es porque estoy convencido de que es un reto para todo el sistema político mexicano".
    El crecimiento del poder criminal, que ahora controla más de la mitad del territorio nacional, llamó la atención de las autoridades de Estados Unidos, país que sigue con detalle el desarrollo de la guerra emprendida por la administración calderonista contra el crimen organizado.
    El martes 5 de octubre, Bob Killebrew y Jennifer Bernal, del Centro para una Nueva Seguridad en Estados Unidos, divulgaron en Washington un reporte que analiza el poder del narcotráfico y del crimen organizado en general en su lucha contra el Estado, lo que ellos llaman "insurgencia criminal".
    Conocedores del fenómeno de la penetración del narcotráfico en municipios y regiones de México, los analistas sostienen que el país enfrenta una metástasis a causa de la nueva insurgencia criminal organizada.