Por Everardo Monroy Caracas
Pueden forzarte a decir
cualquier cosa, pero no hay manera de que te lo hagan
creer. Dentro de ti no pueden entrar nunca.
cualquier cosa, pero no hay manera de que te lo hagan
creer. Dentro de ti no pueden entrar nunca.
George Orwell
El periodista contactó con algunos representantes de organizaciones no gubernamentales, abogados, funcionarios hispanos de Ciudadanía e Inmigración y Ontario Work y ahondó sobre el funcionamiento del programa asistencial. Originalmente iba a publicar el resultado de su trabajo en un diario de Toronto, pero prácticamente no habría paga. El reportaje terminó en manos del Centro Comunitario San Lorenzo, patrocinado por un sacerdote anglicano, originario del Ecuador. Se reprodujo en el semanario Primera Plana.
Eduardo escribió:
Un mes después de haber aplicado como solicitante de refugio político, Edith “N” decidió trabajar con una colombiana, vecina suya, en la limpieza de establecimientos comerciales. La paga sería en cash, sin necesidad de declarar sus ingresos ante alguna instancia de gobierno. Por el momento, Ontario Work ya le había liberado un cheque por mil 300 dólares para su renta, alimentos y compra de muebles o utensilios de comida, mientras se definía legalmente su situación migratoria.
Edith “N”, como seis de cada diez solicitantes de refugio que son asistidos económicamente por el gobierno federal, trabaja clandestinamente y, a la vez, recibe ayuda económica a través de un programa asistencial o welfare, como es conocido en Canadá. En la mayoría de los casos, el dinero obtenido de manera subrepticia, es utilizado para pagar deudas o mantener a la familia en su lugar de origen.
“Esto no es privativo de los hispanos. El mismo comportamiento lo tienen los chinos, japoneses, pakistanos, hindúes, rusos, ucranianos, africanos o cualquier otro extranjero que ha decidido salir de su país por motivos de guerra o persecución. El asunto es que el gobierno lo sabe, pero de esa manera contribuye a apoyar el desarrollo económico de los canadienses”, afirma Aga Mahammad Ayyub, abogado pakistaní que radica en Toronto desde hace treinta años y tiene su bufete en la avenida Finch, cerca de la Weston Road.
Y abunda:
“Uno puede decir que eso está mal y lo está, pero al inmigrante que busca el status de refugiado no le queda de otra: o trabaja o su familia enfrenta serias dificultades económicas en su país de origen. Normalmente un solicitante de refugio recibe entre 500 a 700 dólares mensuales y ese dinero ya está etiquetado para cubrir una renta de 300 a 350 dólares mensuales y otros doscientos para el transporte y comida”.
Thelma Aparicio, trabajadora social de la oficina de Ontario Work ubicada en 1225 Kennedy Road confirma que esa irregularidad existe y aclara que hay tolerancia ante la necesidad evidente de quienes están en proceso de recibir protección migratoria en Canadá.
“Nosotros no podemos sancionar a quien comete este tipo de irregularidades. Sin embargo, si el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración nos informa que alguno de los solicitantes de refugio trabaja y no lo reporta, simplemente le retiramos el apoyo asistencial y hasta ahí llega nuestra acción coercitiva”, precisa la trabajadora o social worker, de origen venezolano.
De acuerdo a datos obtenidos en Toronto Organization for Domestic Workers´Rights, se estima que seis de cada diez solicitantes de refugio político trabajan a la par que reciben ayuda asistencial del gobierno. La postura de una de sus voceras cuestiona el sistema de ayuda aplicado por el gobierno porque alienta la ilegalidad y pone en riesgo la salud y seguridad de los inmigrantes que viven del welfare.
“No es posible que se les exponga a vivir en la clandestinidad, bajo el abuso de algunos patrones y, a la vez, a los mismos patrones se les ponga en riesgo por alentar esa irregularidad. Sabemos de patrones a quienes les han retirado su licencia de trabajo o han pagado sanciones económicas muy onerosas y lesivas a su presupuesto”, afirma Mauren Hammedi.
Edith “N”, en entrevista, precisa que es de Alajuela, Costa Rica y llegó a este país a principios de junio de este año. Un problema doméstico la obligó a huir y solicitar refugio político. Su caso fue aceptado y a partir del mismo mes empezó a recibir ayuda económica: cerca de 700 dólares mensuales para vivienda, transporte y comida.
Aún así, como tiene tres hijos en Costa Rica, se vio en la necesidad de trabajar. Una vecina, oriunda de Bogotá, Colombia, le propuso limpiar pisos de supermercados. Lo hace de viernes a martes y recibe a cambio 50 dólares diarios.
“Tengo que juntar unos 300 dólares al mes y eso los voy a enviar a mi madre, que es la que cuida a mis hijos. Como no puedo usar mi nombre, ya hablé con uno de mis vecinos, que es soltero y tiene la residencia, y aceptó hacer la transferencia”, revela.
En la sección de Cartas al Editor de Primera Plana, edición número 4, el señor Miguel Silva, denunció que hay inmigrantes que no cuentan con permiso de trabajo, reciben welfare, laboran ilegalmente y cobran en cash. Recordó que a partir de enero de este año intentó contratar trabajadores hispanos para un proyecto especial y la mayoría de los solicitantes no hablaba inglés y carecía de permiso de trabajo. En tres meses entrevistó a mil personas y de 350 que reunían los requisitos, únicamente cinco deseaban que se les incluyera en nómina. “Es decir”, explicó, “que se le hiciera el descuento de seguro de desempleo (IE), CPP y taxes”.
Y agregó:
“Yo pretendía pagar nueve dólares por hora, que después de hacer descuentos sería como de $7.25. Ninguna de las 345 personas restantes deseaba que ese salario apareciera en el income ni se reportara, es decir, querían “CASH”. Pues ¿qué debía hacer o decir a mi cliente? ¿Qué no tenía personal? ¿O entrar en el juego y pagar cash a mis empleados?”.
La trabajadora social, Thelma Aparicio precisa que normalmente a los tres meses de haber aplicado un solicitante de refugio, se le envía un permiso de trabajo que se vence dos o tres años después. “Ese documento lo envía el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración y, a la vez, el beneficiario hace los trámites necesarios para obtener el Social Insurance Numer o SIN. Desgraciadamente la mayoría de los inmigrantes con esos beneficios prefiere trabajar en cash al verse imposibilitado en obtener ingresos superiores a los mil 200 dólares mensuales. Esa es la verdad”, comenta.
Y responsabiliza de ello a los propios patrones que no intentan ayudar a sus trabajadores al obligarlos a inscribirse a programas de capacitación, pagados por el gobierno federal. “Ellos lo saben y prefieren tenerlos en esa situación de ignorancia para no aumentarles sus salarios y limitarlos a futuras oportunidades laborales”, apunta.
Mahammad Ayyub, el abogado pakistaní, señala que el gobierno federal tiene la necesidad de actuar de esa manera porque de no hacerlo enfrentaría serios problemas de seguridad pública. Y da sus razones: “Imagínese que esos cuatro mil o cinco mil solicitantes mensuales de refugio político en Ontario no contaran con los beneficios de los programas asistenciales. La delincuencia se incrementaría y, sobre todo, los abusos laborales llegarían a extremos poco imaginables. Creo que el welfare ayuda en mucho y eso hay que avalarlo. Lo otro, el comportamiento irregular de algunos inmigrantes se puede solucionar si se da la amnistía, se aceleran los juicios de los solicitantes de refugio y Ontario Work presiona un poco más a los beneficiados por el welfare para que estudien inglés y tomen cursos de capacitación en diferentes oficios. Eso sería lo ideal”, puntualiza.
Mauren Hammedi, de la Organization for Domestic Workers´Rights, también concluye: “Ya se debe atacar a fondo este problema. Las autoridades gubernamentales tienen que darle mayor protección a ambas partes, trabajador inmigrante y empresario, y evitar que la simulación fracture más a nuestro sistema asistencial. El welfare es un programa benigno porque realmente ayuda a miles de inmigrantes. No por unos cuantos que abusan de sus beneficios, se debe castigar a la mayoría. Depende de quienes lo aplican que esos alcancen lleguen a su objetivo: beneficiar a aquellos que nada tienen y no saben inglés”.
Eduardo escribió:
Un mes después de haber aplicado como solicitante de refugio político, Edith “N” decidió trabajar con una colombiana, vecina suya, en la limpieza de establecimientos comerciales. La paga sería en cash, sin necesidad de declarar sus ingresos ante alguna instancia de gobierno. Por el momento, Ontario Work ya le había liberado un cheque por mil 300 dólares para su renta, alimentos y compra de muebles o utensilios de comida, mientras se definía legalmente su situación migratoria.
Edith “N”, como seis de cada diez solicitantes de refugio que son asistidos económicamente por el gobierno federal, trabaja clandestinamente y, a la vez, recibe ayuda económica a través de un programa asistencial o welfare, como es conocido en Canadá. En la mayoría de los casos, el dinero obtenido de manera subrepticia, es utilizado para pagar deudas o mantener a la familia en su lugar de origen.
“Esto no es privativo de los hispanos. El mismo comportamiento lo tienen los chinos, japoneses, pakistanos, hindúes, rusos, ucranianos, africanos o cualquier otro extranjero que ha decidido salir de su país por motivos de guerra o persecución. El asunto es que el gobierno lo sabe, pero de esa manera contribuye a apoyar el desarrollo económico de los canadienses”, afirma Aga Mahammad Ayyub, abogado pakistaní que radica en Toronto desde hace treinta años y tiene su bufete en la avenida Finch, cerca de la Weston Road.
Y abunda:
“Uno puede decir que eso está mal y lo está, pero al inmigrante que busca el status de refugiado no le queda de otra: o trabaja o su familia enfrenta serias dificultades económicas en su país de origen. Normalmente un solicitante de refugio recibe entre 500 a 700 dólares mensuales y ese dinero ya está etiquetado para cubrir una renta de 300 a 350 dólares mensuales y otros doscientos para el transporte y comida”.
Thelma Aparicio, trabajadora social de la oficina de Ontario Work ubicada en 1225 Kennedy Road confirma que esa irregularidad existe y aclara que hay tolerancia ante la necesidad evidente de quienes están en proceso de recibir protección migratoria en Canadá.
“Nosotros no podemos sancionar a quien comete este tipo de irregularidades. Sin embargo, si el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración nos informa que alguno de los solicitantes de refugio trabaja y no lo reporta, simplemente le retiramos el apoyo asistencial y hasta ahí llega nuestra acción coercitiva”, precisa la trabajadora o social worker, de origen venezolano.
De acuerdo a datos obtenidos en Toronto Organization for Domestic Workers´Rights, se estima que seis de cada diez solicitantes de refugio político trabajan a la par que reciben ayuda asistencial del gobierno. La postura de una de sus voceras cuestiona el sistema de ayuda aplicado por el gobierno porque alienta la ilegalidad y pone en riesgo la salud y seguridad de los inmigrantes que viven del welfare.
“No es posible que se les exponga a vivir en la clandestinidad, bajo el abuso de algunos patrones y, a la vez, a los mismos patrones se les ponga en riesgo por alentar esa irregularidad. Sabemos de patrones a quienes les han retirado su licencia de trabajo o han pagado sanciones económicas muy onerosas y lesivas a su presupuesto”, afirma Mauren Hammedi.
Edith “N”, en entrevista, precisa que es de Alajuela, Costa Rica y llegó a este país a principios de junio de este año. Un problema doméstico la obligó a huir y solicitar refugio político. Su caso fue aceptado y a partir del mismo mes empezó a recibir ayuda económica: cerca de 700 dólares mensuales para vivienda, transporte y comida.
Aún así, como tiene tres hijos en Costa Rica, se vio en la necesidad de trabajar. Una vecina, oriunda de Bogotá, Colombia, le propuso limpiar pisos de supermercados. Lo hace de viernes a martes y recibe a cambio 50 dólares diarios.
“Tengo que juntar unos 300 dólares al mes y eso los voy a enviar a mi madre, que es la que cuida a mis hijos. Como no puedo usar mi nombre, ya hablé con uno de mis vecinos, que es soltero y tiene la residencia, y aceptó hacer la transferencia”, revela.
En la sección de Cartas al Editor de Primera Plana, edición número 4, el señor Miguel Silva, denunció que hay inmigrantes que no cuentan con permiso de trabajo, reciben welfare, laboran ilegalmente y cobran en cash. Recordó que a partir de enero de este año intentó contratar trabajadores hispanos para un proyecto especial y la mayoría de los solicitantes no hablaba inglés y carecía de permiso de trabajo. En tres meses entrevistó a mil personas y de 350 que reunían los requisitos, únicamente cinco deseaban que se les incluyera en nómina. “Es decir”, explicó, “que se le hiciera el descuento de seguro de desempleo (IE), CPP y taxes”.
Y agregó:
“Yo pretendía pagar nueve dólares por hora, que después de hacer descuentos sería como de $7.25. Ninguna de las 345 personas restantes deseaba que ese salario apareciera en el income ni se reportara, es decir, querían “CASH”. Pues ¿qué debía hacer o decir a mi cliente? ¿Qué no tenía personal? ¿O entrar en el juego y pagar cash a mis empleados?”.
La trabajadora social, Thelma Aparicio precisa que normalmente a los tres meses de haber aplicado un solicitante de refugio, se le envía un permiso de trabajo que se vence dos o tres años después. “Ese documento lo envía el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración y, a la vez, el beneficiario hace los trámites necesarios para obtener el Social Insurance Numer o SIN. Desgraciadamente la mayoría de los inmigrantes con esos beneficios prefiere trabajar en cash al verse imposibilitado en obtener ingresos superiores a los mil 200 dólares mensuales. Esa es la verdad”, comenta.
Y responsabiliza de ello a los propios patrones que no intentan ayudar a sus trabajadores al obligarlos a inscribirse a programas de capacitación, pagados por el gobierno federal. “Ellos lo saben y prefieren tenerlos en esa situación de ignorancia para no aumentarles sus salarios y limitarlos a futuras oportunidades laborales”, apunta.
Mahammad Ayyub, el abogado pakistaní, señala que el gobierno federal tiene la necesidad de actuar de esa manera porque de no hacerlo enfrentaría serios problemas de seguridad pública. Y da sus razones: “Imagínese que esos cuatro mil o cinco mil solicitantes mensuales de refugio político en Ontario no contaran con los beneficios de los programas asistenciales. La delincuencia se incrementaría y, sobre todo, los abusos laborales llegarían a extremos poco imaginables. Creo que el welfare ayuda en mucho y eso hay que avalarlo. Lo otro, el comportamiento irregular de algunos inmigrantes se puede solucionar si se da la amnistía, se aceleran los juicios de los solicitantes de refugio y Ontario Work presiona un poco más a los beneficiados por el welfare para que estudien inglés y tomen cursos de capacitación en diferentes oficios. Eso sería lo ideal”, puntualiza.
Mauren Hammedi, de la Organization for Domestic Workers´Rights, también concluye: “Ya se debe atacar a fondo este problema. Las autoridades gubernamentales tienen que darle mayor protección a ambas partes, trabajador inmigrante y empresario, y evitar que la simulación fracture más a nuestro sistema asistencial. El welfare es un programa benigno porque realmente ayuda a miles de inmigrantes. No por unos cuantos que abusan de sus beneficios, se debe castigar a la mayoría. Depende de quienes lo aplican que esos alcancen lleguen a su objetivo: beneficiar a aquellos que nada tienen y no saben inglés”.
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