*Argentinos y mexicanos, los principales defraudadores de trabajadores latinoamericanos
*Se anuncian en los periódicos de lengua castellana y engañan a quienes tienen la necesidad de laborar
*En las áreas de construcción, gastronomía y limpieza se repiten esas injusticias
*Se anuncian en los periódicos de lengua castellana y engañan a quienes tienen la necesidad de laborar
*En las áreas de construcción, gastronomía y limpieza se repiten esas injusticias
Por Everardo Monroy Caracas
Juan Esteban Rioja no dudó dos veces. Metió la moneda de 25 centavos a la ranura del teléfono público y marcó diez números. Una voz masculina le respondió y en menos de dos minutos se arreglaron. Tendría que presentarse al día siguiente, a las seis de la mañana en punto, en la intersección de Finch y Jane, en Toronto. Él lo hizo, trabajó dos semanas en una casona en construcción, y el día de paga, su contratista ya no apareció. Jamás recibió los mil dólares prometidos.
El caso de Juan Esteban en uno más de los treinta o cuarenta que reportan cada semana a las autoridades migratorias, abogados y organizaciones sociales. Las víctimas, principalmente hispanos, son trabajadores que carecen de un permiso oficial para laborar y son indocumentados o solicitantes de refugio político.
La oficial del Ministerio de Inmigración y Ciudadanía, Mireya Torrijos, comisionada en el edificio central que se encuentra a unos metros de la estación del subway Kipling, revela que los principales enganchadores de esas personas son residentes latinos, principalmente de Argentina y México, que se anuncian en periódicos hispanos, entre ellos el semanario Compra y Venta.
“Constantemente nos hablan de algunas organizaciones civiles o tres abogados que tiene sus oficinas muy cerca de este edificio y nos denuncian abusos de patrones hispanos con indocumentados que sólo hablan el castellano”, explica.
El Instituto Nacional de Estadísticas de Canadá el año pasado registró que ocho mil 400 personas fueron deportadas por encontrarse ilegalmente en el país. Por su parte, Labore´s International Union of North estima que laboran 76 mil trabajadores sin documentos, la mayoría latinoamericanos y orientales. Otras organizaciones no gubernamentales, hablan hasta de 200 mil. El Ministerio de Inmigración lo niega y afirma que esas cifras están “infladas”. Hace tres semanas, personal de esa dependencia, afirmó que eran menos de 40 mil.
El propio Juan Esteban, quien es solicitante de refugio, informó que su contratante, un argentino, tiene bajo su mando a cuatro latinos que carecen de permiso de trabajo. De lunes a sábado los transporta en su camioneta a una construcción que se encuentra en Richmond Hill, por la Rutherford Road y Bathurst Street.
“Lo primero que nos pregunta es si tenemos papeles en regla y al decirle que no, que estamos bajo el programa del Welfare, contesta que es lo mejor, porque así ganamos dinero en cash”, recuerda Juan Esteban, oriundo de El Salvador.
Y añade:
“Diariamente trabajamos hasta diez horas y por esa razón no podemos ir a clases de inglés, como nos lo pide la trabajadora social de Ontario Work. El problema es que la mayoría que llegamos a este país lo hacemos para juntar dinero y enviárselo a nuestra familia”.
Las historias se repiten.
Únicamente en el bufete jurídico del abogado Hamza N.H Kisaka, ubicado en la avenida Eglinton 421, en menos de un mes se detectaron 14 casos de esa naturaleza, en donde las víctimas, al protestar, recibieron amenazas de ser denunciados ante el Ministerio de Inmigración, por encontrarse de manera ilegal en Canadá.
“Cuando se dan cuenta que pueden ser detenidos y deportados, prefieren guardar silencio y ya no seguir con la denuncia. Eso origina que sus ex contratistas vivan en la impunidad y continúen con la misma actitud inmoral”, explica uno de los asesores jurídicos.
Remedios Carreño, una viuda proveniente de Querétaro, México, señala que por recomendación de una conocida entró a laborar con un matrimonio que se dedica a la limpieza de edificios de departamentos. Trabajó de noche con ellos durante una semana y al intentar cobrar un viernes, le informaron que la paga se realizaría en los siguientes quince días. Ella ya no regresó, pero hasta la fecha el hombre y la mujer, oriundos de Costa Rica, se niegan a pagarle los 300 dólares del adeudo.
En otros casos, se contrata a la gente para trabajos de limpieza, pero al presentarse al lugar de reunión, son trasladados a Vaughan, Mississauga o a Richmond Hill. Sin embargo, como afirma la oficial de Inmigración, Mireya Torrijos algunos indocumentados o solicitantes de refugio son llevados a otras provincias, donde se les tiene trabajando un mes y no les pagan. “Les dan un lugar donde dormir y comida y al final los regresan a Toronto y se hacen los perdedizos. El asunto es que son hispanos los que le roban a los hispanos”, remarca.
Hace dos meses, una cantante de música ranchera, Sonia La Norteña se presentó a laborar al restaurante mexicano El Jacalito. Su propietario, de nombre Antonio, la puso a cantar durante dos horas y al final no le pagó. Simplemente le dijo que podía comer gratuitamente. Uno de sus meseros se quejó también de la falta de paga y el abuso laboral que ahí existe.
“En otra ocasión un representante de artistas, Juan Gutiérrez, me contrató para ir a cantar fuera de Toronto, en Brampton. Cuando terminó el espectáculo, comimos pizza y al regresar a mi casa dijo que me enviaría el dinero en dos días. No lo hizo. Me robó abiertamente los 300 dólares prometidos”, denuncia la artista mexicana.
El semanario Compra y Venta aparece todos los jueves y se distribuye gratuitamente en distintos negocios de hispanos. Los propietarios del rotativo no advierten sobre la veracidad de sus anunciantes. Eso ocasiona que sus lectores no tengan a quien reclamarle. Creen en la veracidad del anuncio clasificado.
Remedio Carrera asegura que en algunos anuncios se llega a afirmar que la paga será en cash o que no es necesario contar con permiso de trabajo. Pocos son los que exigen inglés y papales “al día”. La mayoría de los números telefónicos son de celulares. La demanda de empleo es de carpinteros, albañiles, encargados de limpieza, meseros, cocineros y ayudantes de pintores de casas. El pago por hora varia: entre seis a ocho dólares y jamás se cubre el salario al finalizar la primera semana de trabajo.
Javier López, un mexicano del Distrito Federal, experimentó en dos ocasiones el abuso laboral de los patrones hispanos. A principios de abril de este año, un argentino de apellido Fractini lo contrató como ayudante de pintor y lo hizo lijar marcos de puertas y ventanas. Durante dos días lo llevó a la casa, ubicada en Wilson y Keele. El sábado le preguntó si le pagaría. El hombre le contestó que hasta que él recuperara su dinero. “Yo no puedo darte nada, porque primero me tiene que pagar a quien le hice el servicio”, le aclaró.
Sin embargo, López lo cuestionó porque ese no era asunto suyo. “Yo cumplí con mi trabajo y creo que se me tiene que pagar”, le dijo. El hombre lo citó al día siguiente, en el mismo lugar donde tres días antes lo recogió, pero jamás se hizo presente.
Otra situación similar la enfrentó con un panameño que lo contrató como ayudante de limpieza de un restaurante griego. Lo hizo trabajar catorce horas, dos turnos, y únicamente le pagó siete. Argumentó que el dinero faltante se lo daría el empleado a quien sustituyó y que nunca regresó a laborar.
La funcionaria de Inmigración y Ciudadanía está consciente de que los indocumentados no cuentan con protección legal para castigar a sus contratantes. “Indudablemente hay temor de denunciar y esa situación ha provocado que se registren sólo aquí, entre treinta o cuarenta denuncias por semana. Nos hablan distintas organizaciones sociales y los tres abogados, que tenemos muy cerca de estas oficinas”, puntualiza.
El caso de Juan Esteban en uno más de los treinta o cuarenta que reportan cada semana a las autoridades migratorias, abogados y organizaciones sociales. Las víctimas, principalmente hispanos, son trabajadores que carecen de un permiso oficial para laborar y son indocumentados o solicitantes de refugio político.
La oficial del Ministerio de Inmigración y Ciudadanía, Mireya Torrijos, comisionada en el edificio central que se encuentra a unos metros de la estación del subway Kipling, revela que los principales enganchadores de esas personas son residentes latinos, principalmente de Argentina y México, que se anuncian en periódicos hispanos, entre ellos el semanario Compra y Venta.
“Constantemente nos hablan de algunas organizaciones civiles o tres abogados que tiene sus oficinas muy cerca de este edificio y nos denuncian abusos de patrones hispanos con indocumentados que sólo hablan el castellano”, explica.
El Instituto Nacional de Estadísticas de Canadá el año pasado registró que ocho mil 400 personas fueron deportadas por encontrarse ilegalmente en el país. Por su parte, Labore´s International Union of North estima que laboran 76 mil trabajadores sin documentos, la mayoría latinoamericanos y orientales. Otras organizaciones no gubernamentales, hablan hasta de 200 mil. El Ministerio de Inmigración lo niega y afirma que esas cifras están “infladas”. Hace tres semanas, personal de esa dependencia, afirmó que eran menos de 40 mil.
El propio Juan Esteban, quien es solicitante de refugio, informó que su contratante, un argentino, tiene bajo su mando a cuatro latinos que carecen de permiso de trabajo. De lunes a sábado los transporta en su camioneta a una construcción que se encuentra en Richmond Hill, por la Rutherford Road y Bathurst Street.
“Lo primero que nos pregunta es si tenemos papeles en regla y al decirle que no, que estamos bajo el programa del Welfare, contesta que es lo mejor, porque así ganamos dinero en cash”, recuerda Juan Esteban, oriundo de El Salvador.
Y añade:
“Diariamente trabajamos hasta diez horas y por esa razón no podemos ir a clases de inglés, como nos lo pide la trabajadora social de Ontario Work. El problema es que la mayoría que llegamos a este país lo hacemos para juntar dinero y enviárselo a nuestra familia”.
Las historias se repiten.
Únicamente en el bufete jurídico del abogado Hamza N.H Kisaka, ubicado en la avenida Eglinton 421, en menos de un mes se detectaron 14 casos de esa naturaleza, en donde las víctimas, al protestar, recibieron amenazas de ser denunciados ante el Ministerio de Inmigración, por encontrarse de manera ilegal en Canadá.
“Cuando se dan cuenta que pueden ser detenidos y deportados, prefieren guardar silencio y ya no seguir con la denuncia. Eso origina que sus ex contratistas vivan en la impunidad y continúen con la misma actitud inmoral”, explica uno de los asesores jurídicos.
Remedios Carreño, una viuda proveniente de Querétaro, México, señala que por recomendación de una conocida entró a laborar con un matrimonio que se dedica a la limpieza de edificios de departamentos. Trabajó de noche con ellos durante una semana y al intentar cobrar un viernes, le informaron que la paga se realizaría en los siguientes quince días. Ella ya no regresó, pero hasta la fecha el hombre y la mujer, oriundos de Costa Rica, se niegan a pagarle los 300 dólares del adeudo.
En otros casos, se contrata a la gente para trabajos de limpieza, pero al presentarse al lugar de reunión, son trasladados a Vaughan, Mississauga o a Richmond Hill. Sin embargo, como afirma la oficial de Inmigración, Mireya Torrijos algunos indocumentados o solicitantes de refugio son llevados a otras provincias, donde se les tiene trabajando un mes y no les pagan. “Les dan un lugar donde dormir y comida y al final los regresan a Toronto y se hacen los perdedizos. El asunto es que son hispanos los que le roban a los hispanos”, remarca.
Hace dos meses, una cantante de música ranchera, Sonia La Norteña se presentó a laborar al restaurante mexicano El Jacalito. Su propietario, de nombre Antonio, la puso a cantar durante dos horas y al final no le pagó. Simplemente le dijo que podía comer gratuitamente. Uno de sus meseros se quejó también de la falta de paga y el abuso laboral que ahí existe.
“En otra ocasión un representante de artistas, Juan Gutiérrez, me contrató para ir a cantar fuera de Toronto, en Brampton. Cuando terminó el espectáculo, comimos pizza y al regresar a mi casa dijo que me enviaría el dinero en dos días. No lo hizo. Me robó abiertamente los 300 dólares prometidos”, denuncia la artista mexicana.
El semanario Compra y Venta aparece todos los jueves y se distribuye gratuitamente en distintos negocios de hispanos. Los propietarios del rotativo no advierten sobre la veracidad de sus anunciantes. Eso ocasiona que sus lectores no tengan a quien reclamarle. Creen en la veracidad del anuncio clasificado.
Remedio Carrera asegura que en algunos anuncios se llega a afirmar que la paga será en cash o que no es necesario contar con permiso de trabajo. Pocos son los que exigen inglés y papales “al día”. La mayoría de los números telefónicos son de celulares. La demanda de empleo es de carpinteros, albañiles, encargados de limpieza, meseros, cocineros y ayudantes de pintores de casas. El pago por hora varia: entre seis a ocho dólares y jamás se cubre el salario al finalizar la primera semana de trabajo.
Javier López, un mexicano del Distrito Federal, experimentó en dos ocasiones el abuso laboral de los patrones hispanos. A principios de abril de este año, un argentino de apellido Fractini lo contrató como ayudante de pintor y lo hizo lijar marcos de puertas y ventanas. Durante dos días lo llevó a la casa, ubicada en Wilson y Keele. El sábado le preguntó si le pagaría. El hombre le contestó que hasta que él recuperara su dinero. “Yo no puedo darte nada, porque primero me tiene que pagar a quien le hice el servicio”, le aclaró.
Sin embargo, López lo cuestionó porque ese no era asunto suyo. “Yo cumplí con mi trabajo y creo que se me tiene que pagar”, le dijo. El hombre lo citó al día siguiente, en el mismo lugar donde tres días antes lo recogió, pero jamás se hizo presente.
Otra situación similar la enfrentó con un panameño que lo contrató como ayudante de limpieza de un restaurante griego. Lo hizo trabajar catorce horas, dos turnos, y únicamente le pagó siete. Argumentó que el dinero faltante se lo daría el empleado a quien sustituyó y que nunca regresó a laborar.
La funcionaria de Inmigración y Ciudadanía está consciente de que los indocumentados no cuentan con protección legal para castigar a sus contratantes. “Indudablemente hay temor de denunciar y esa situación ha provocado que se registren sólo aquí, entre treinta o cuarenta denuncias por semana. Nos hablan distintas organizaciones sociales y los tres abogados, que tenemos muy cerca de estas oficinas”, puntualiza.
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