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| Rios Montt y Ronald Reagan |
Por Everardo Monroy Caracas
Efraín Ríos Montt se consideraba un profeta celestial, el Látigo de Dios, y bajo esa distinción, alentada por los Ancianos del Verbo, se asesinó, en menos de dos años, a diez y siete mil guatemaltecos. El primero de julio de 1982, tres meses y siete días después de dar el golpe de estado y barrer con el régimen de Fernando Romeo Lucas García, promulgó un paquete de leyes para crear los Tribunales del Fuero Especial. Lo hizo a través del Decreto Ley 46-82.
La Constitución Política de Guatemala había sido derogada en 1965 y por lo tanto quedaba sin efecto el artículo 53 donde se leía que era “inviolable la defensa de la persona y sus derechos y ninguno puede ser juzgado por comisión o por Tribunales Especiales”.
Más:
“Nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal seguido ante tribunales o autoridades competentes y preestablecidos, en el que se observen las formalidades y garantías esenciales del mismo; y tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus derechos, sino en virtud de procedimiento que reúna los mismos requisitos”.
El nuevo dictador, creyente de una verdad divina y co-fundador de la iglesia del Verbo, impuso al Presidente y Magistrados de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, de Segunda Instancia de Cuentas y de Conflictos de Jurisdicción. Organismos del Poder Judicial que la derogada Constitución establecía como una función del Congreso de la República. Rios Montt echó por tierra su promesa de darle autonomía a los legisladores y jueces. Simplemente aprovechó la descomposición interna de ambos poderes para tomar el control absoluto del Estado y con ayuda de los medios masivos de comunicación, intentar convencer a la ciudadanía de su nueva cruzada moralizadora anticomunista. El enemigo a vencer era la corrupción, el desorden social y la guerrilla anclada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). En todas estas decisiones contó con el asesoramiento de dos Ancianos de la iglesia donde militaba: Francisco Bianchi y Álvaro Contreras.
El Centro de Acción Legal de los Derechos Humanos de Guatemala (CALDHG), tras hacer una minuciosa investigación sobre el funcionamiento de los Tribunales del Fuero Especial, concluyó:
“Los Tribunales se conformaban en Primera Instancia de tres miembros: un presidente y dos vocales y, en Segunda Instancia de cinco miembros: un presidente y cuatro vocales, quienes podían ser abogados colegiados activos, o no, u oficiales del Ejército de Guatemala. Sus nombramientos provenían directamente del Presidente de la República, quien igualmente podía removerlos en cualquier momento, sin expresión de causa ni de motivo. Los miembros de dichos tribunales tenían potestad para conocer de los procesos, para resolverlos y para ejecutar lo resuelto, de conformidad con los Decretos Leyes indicados. Actuaban de oficio, a pedido de parte o del Ministerio Público”.
Reveló:
“El juicio ante los Tribunales de Fuero Especial estaba dividido en tres etapas: el sumario, que constituía la fase inicial de la Primera Instancia, y era todo escrito; el juicio oral, que era la fase plenaria y supuestamente pública de la misma primera instancia; y la apelación, que era la segunda instancia.
“El procedimiento empezaba por la confección de un sumario, es decir, un conjunto de investigaciones y manifestaciones que se iban acumulando por escrito hasta formar un expediente. El sumario tenía como origen, un documento de denuncia. La declaración que se le tomaba al inculpado, denominada "indagatoria", según el Decreto Ley 111, debía de ser recibida dentro del perentorio término de los ocho días de iniciadas las diligencias del procedimiento ante los Tribunales de Fuero Especial, lo que no impedía que el procesado hubiese sido detenido, incomunicado, interrogado y en muchos casos torturado, durante mucho más tiempo”.
Ninguno de los expedientes integrados por este jurado anticonstitucional, conformado por militares y civiles, logró ser rescatado por el gobierno que sustituyó al régimen de Ríos Montt. Únicamente se contó con el testimonio de algunos oficiales que revelaron algunos detalles sobre el funcionamiento de estos Tribunales. Al respecto, la CALDHG reveló:
“En las declaraciones que se les tomaba a los procesados, en los interrogatorios y al momento de firmar sus correspondientes manifestaciones, antes del denominado sumario y en el desarrollo del mismo, los encausados manifiestan no haber contado con la presencia de un defensor, no sólo porque nos se le designaron, sino porque no se lo permitieron.
“Como la ley no establecía que los defensores serían designados antes, en forma previa a la declaración indagatoria, sino que decía "al momento de ser indagados", y el momento puede ser después, en la generalidad de los casos, según testimonio de los procesados interrogados, la designación se hacía con posterioridad. Este mismo hecho fue comprobado por la propia Comisión al hacer el estudio del expediente que concluyó con el primero de los fusilamientos llevados a cabo en el mes de septiembre de 1982.
En efecto, en las piezas donde aparecía la declaración de los inculpados, según lo comprobó la Comisión, en ninguna de ellas había constancia alguna de haber sido asistidos y acompañados por su defensor, antes bien, en algunos casos, la designación de tales defensores y el juramento de aceptación del cargo de defensor, aparecía como posterior a la declaración indagatoria. De ese modo, pues, la Comisión contó con dos fuentes para llegar a la conclusión de que los procesados no contaban con este requisito indispensable del debido proceso: el testimonio de varios inculpados entrevistados y el estudio de los expedientes llevados por los Tribunales.
“Otro elemento que aparece dentro de las declaratorias indagatorias, son las constantes auto-incriminaciones que se encuentran, a veces como única prueba, en base a las cuales la fiscalía formulaba sus acusaciones y los Tribunales sentenciaban a muerte a los procesados. La Comisión tuvo que escuchar en varias ocasiones el argumento de diferentes oficiales del Ejército de Guatemala defendiendo y justificando las ejecuciones, sobre la base de que hasta los propios sentenciados habían reconocido su culpabilidad”.
El 23 de marzo de 1982, Ríos Montt, con ayuda de 950 miembros del ejército dio un golpe de estado, tras los comicios del 7 de marzo donde salió triunfante el candidato del dictador, Fernando Romeo Lucas García, el general Aníbal Guevara.
El triunvirato de la Junta Militar quedó integrado por Ríos Montt y los generales Horacio Maldonado Schaad (comandante de la Guardia de Honor) y el coronel Francisco Luis Gordillo (jefe de las brigadas de Izabal y Quetzaltenango en 1981).
El 9 de junio, Ríos Montt se autoproclamó presidente de la República y en sus primeras declaraciones prometió democratizar al país y ponerle un alto a la corrupción burocrática. Su programa “Victoria 82” resumía una serie de medidas administrativas concernientes a crear las bases para hacer más independientes a los tres poderes de gobierno y aprobar una nueva constitución política. En realidad, prosiguió con la obra genocida de su antecesor para intentar contener a la guerrilla guatemalteca, organizada en la URNG.
Su programa “Frijoles y Rifles” provocó que más de cuatrocientas comunidades rurales fueras arrasadas y que un millón de guatemaltecos se convirtieran, por hambre y miedo, en paramilitares o confidentes del ejército. Los incrustó en una organización denominada Patrulla de Auto Defensa Civil (PAC) y jugaban el papel de soplones y escudos de las tropas en combates contra guerrilla.
Un teniente coronel, en esas fechas, le declaró a un enviado del Washington Post:
“Si toman partido con nosotros, les daremos de comer. Si no, los mataremos".
Los guerrilleros militaban en las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y el Ejercito Guerrillero de los Pobres (EGR). En 1960 fue el inicio de este movimiento armado, alentado por sacerdotes católicos y militares interesados en la teología de la liberación. Los oficiales del ejército guatemalteco, Luis Turcios Lima, Marco Antonio Yon Sosa y Alejandro de León intentaron emular al M-27 del cubano Fidel Castro y formar su propio movimiento revolucionario.
En el Peten pusieron en marcha el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre (MR-13) y más tarde se unieron al Partido Guatemalteco del Trabajo para formar el primer grupo guerrillero, las FAR.
Romeo Lucas y Ríos Montt, con financiamiento y asesoría militar estadounidense, le dieron poder extrajudicial a policías y civiles para disuadir a la población a respaldar las banderas de la URNG, equipada y respaldada militarmente por el Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional, con sede en El Salvador, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional que ya gobernaba Nicaragua.
La familia Morales López, como miles de guatemaltecos, eran ajenos a este embrollo político. Sólo que la policía judicial y guardia nacional ya estaba fuera de control y los tribunales de Fuero Especial eran un simple pretexto para aplicar una política de arrase en plena capital de Guatemala.
Aparentemente la detención de Lío era una simple venganza, perpetrada por algún policía resentido, pero en comentarios posteriores, sus mismos verdugos lo relacionaron a acciones del fueron común, como el poseer granadas, fusiles metralletas y participar en el secuestro, violación y extorsión de una mujer adinerada. Familiares, amigos y compañeros de trabajo y escuela demostraron que el muchacho era inocente de los cargos. Los únicos delitos, de existir, eran su carácter rebelde, la valentía innata que lo empujaba a desconocer los límites de la prudencia, su valemadrismo de vida y el apego al barrio donde creció y se hizo hombre.
El Tribunal del Fuero Especial, tomó el caso de Lío con la misma celeridad como Ríos Montt había ordenado arrasar algunas comunidades mayas de la alta y baja Verapaz, Huehuetenango, Petén y El Quiché.
Los militares, cebados por la sangre de los guatemaltecos, acataron las órdenes superiores y con ayuda de asesores estadounidenses, del Pentágono y la CIA, ejecutaron niños, mujeres y hombres y los inhumaron en profundos pozos cavados previamente por las mismas víctimas.
La prensa internacional empezó a documentar los asesinatos, pero Ríos Montt justificaba esas acciones criminales al considerar que era la guerrilla la causante de esa guerra civil de baja intensidad.
El éxodo de los guatemaltecos se hizo recurrente y la frontera México-Guatemala se llenó de campamentos, bajo el cuidado de la Organización de las Naciones Unidos.
Por el momento, viudas, ancianos y niños mayas podría estar seguros, mientras el gobierno militar continuara con su plan de arrase total Frijoles y Rifles.
Los sacerdotes católicos tampoco escaparon a la furia de los militares. Los activistas de Acción Católica y los catequistas fueron los más afectados. Por ejemplo, en diciembre de 1982, en la aldea Tabil de Santa Cruz del Quiché, el Ejército obligó a los patrulleros a asesinar a cinco activistas de Acción Católica, y el 4 de ese mismo mes los militares llegaron al cantón Santabal de San Pedro Jocopilas, en busca de otros cuatro y al no hallarlos mató a seis mujeres.
El 5 de marzo de 1983, durante la visita del Papa Juan Pablo II a Guatemala, seis jóvenes, entre ellos Lío, fueron fusilados en el Cementerio Nacional. Nuevamente, en abril, los militares realizaron actos de sabotaje contra las celebraciones de Semana Santa, hasta que el 7 de junio la Conferencia Episcopal publicó la carta pastoral Confirmados en la Fe, condenando al régimen.
En Ixil, los pentecostales empezaron a evangelizar y se convirtieron en una especie de ojos y oídos de Ríos Montt. La Iglesia del Verbo, filial guatemalteca de la iglesia fundamentalista Gospel Outreach, con sede en Eureka, California, Estados Unidos, creó la Fundación de Ayuda al Pueblo Indígena (FUNDAPI), con oficinas en 16 calle 1-45 de la Zona 10. Participaron en acciones de contrainsurgencia, con asesores de la CIA y el Pentágono, los Ancianos de esa iglesia, Alfredo Kalschmmidt, delegado para Alta Verapaz y con oficinas en Chisec; Harris Whitbeck, misionero especialista en radiofonía; Alfredo Kalschmmidt; Jesse Camey, responsable del Programa de Ayuda a Áreas en Conflicto (PAAC); Ray Elliot hijo, responsable del PAAC en Nebaj; George Hughes, encargado de la construcción de pistas de aterrizaje en Ixil y Rolando Lavidalle Guzmán, encargado de relaciones públicas y enlace entre la Secretaría de Bienestar Social y el PAAC.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, integrada en años posteriores, documentó todas las atrocidades cometidas por el gobierno de Ríos Montt. El obispo de La Verapaz, Gerardo Flores, tras recorrer algunas parroquias el 10 y 17 de mayo de 1982, le comentó a sus entrevistadores:
“En algunas parroquias (Rabinal, Chisec, Raxruha, San Cristóbal) hay aldeas que han quedado sin habitantes. Otras cuentan con un número muy alto de viudas y huérfanos; no hay hombres ni jóvenes. En algunas hubo también destrucción de los templos y ermitas (Cobán, San Cristóbal). Otras viven bajo una tensión casi insoportable, porque han sido acusadas públicamente de que todos son guerrilleros. El quehacer pastoral está paralizado. Varias parroquias (Salamá, Rabinal, Calvario Cobán, San Cristóbal) han perdido a muchos de sus catequistas o delegados porque han sido asesinados, han tenido que esconderse o han dejado sus funciones. En varias aldeas los católicos han tenidos que enterrar sus biblias, libros de canto y sus cuadros.
Otras parroquias o parte de sus comunidades (Panzós, Senahú, La Tinta, Telemán, Tamahú, Purulhá, Cubulco, Chamelco, San Marcos Cobán) no han experimentado la violencia a gran escala, pero viven un clima de miedo, tensión y desconfianza causados por algunos secuestros, amenazas, acusaciones, rumores, prohibiciones y restricciones de actividades religiosas, o por la imposición de las PAC se ha provocado el alejamiento de los catequistas y el desánimo de la comunidad.
“Hay sin embargo otras parroquias que casi no han conocido hechos de violencia y donde todo está tranquilo (San Jerónimo, Catedral Cobán, Boloncó, Chahal, Las Casas, Tucurú). Estas desarrollan sus actividades con normalidad, incluyendo visitas a aldeas, cursillos, reuniones y celebraciones. Igual situación se da en aquellas parroquias donde se afirma que ha vuelto la tranquilidad (Raxruhá, Campur) o donde solamente en las últimas semanas han ocurrido hechos violentos (Tactic, Carchá). Los ataques ya no se concentran en los sacerdotes o religiosas, sino en los catequistas que son más vulnerables: todos los catequistas están con la guerrilla. Las organizaciones revolucionarias tratan de penetrar en reuniones y celebraciones manipulándolas políticamente. En La Tinta y Telemán ha habido un aumento de catequistas descontrolado: a veces confiamos en ellos sin saber quienes son. Se señala que hay un aumento del espiritismo y la brujería y que las comunidades van a las celebraciones cuando hay un conjunto musical”.
La comisión investigadora, también dio una breve semblanza del comportamiento de las iglesias protestantes, protegidas por los militares o kaibiles. Escribió:
“En el Polochic su influencia es muy fuerte, por ejemplo en Tamahú se fueron dos catequistas con toda su gente.
En Chahal hacen muchas visitas a domicilio y cinco catequistas se han pasado al evangelio.
En Boloncó muchos se pasan por el ataque fuerte de los protestantes.
“En Cobán unas señoras evangélicas invitan a muchas señoras católicas importantes a reuniones tipo carismático.
La cosa se pone peor cuando se mezclan conflictos de tipo político con tensiones religiosas. Por ejemplo en el cruce en Playa Grande, se causa muchos problemas a los católicos mientras que dejan pasar sin más a los evangélicos. Los protestantes muchas veces escapan de la represión (Rabinal) o son los que provocan las primeras dificultades por sus denuncias falsas o buscan puestos públicos (comisionados) para imponerse sobre la mayoría católica (Cobán). Un caso extremo es el de Salaqwim (Cobán) donde el comisionado utilizó su poder para ganar feligreses: daba la inscripción militar solamente a los que pasaban a la Iglesia Nazarena. Él es responsable de la muerte de un catequista y del secuestro de un grupo de diez personas. Está también la imposición de una nueva tarjeta de identificación personal con la mención de la religión que profesa el portador”.
Una especie de Santa Inquisición, pero protestante, empezó a predominar en Guatemala. Sin embargo, tras toda aquella mascarada religiosa, en realidad predominaba el interés geopolítico del gobierno estadounidense, en esos momentos representado por el republicano Ronald Reagan, ex actor hollywoodense y ex dirigente sindical.
En 1980 había obtenido la presidencia de la República y en marzo de 1981 sobrevivió a un atentado perpetrado por un solitario ciudadano estadounidense. El Pentágono y la CIA tenían metidas las manos en todo Centroamérica ante el riesgo de que la miseria y corrupción oficial provocara el ascenso de gobiernos socialistas y pusieran en riesgo el capital privado, principalmente los intereses de las grandes empresas trasnacionales.
En 1981, los sandinistas, de clara formación marxista-leninista, prácticamente gobernaban Nicaragua y empezaban a tener acercamientos comerciales con la URSS. Los casi once millones de guatemaltecos, por esa razón fueron involucrados a una guerra civil regionalizada y la URNG, acicalada por el resentimiento y la afrenta, intentó repetir la experiencia cubana y sandinista, pero la conflagración sembraba de cadáveres los 22 distritos y desgraciadamente la mayoría pertenecía a gente inocente, ajena a ideologías e intereses geopolíticos. Los casos de Lío y sus compañeros de calabozo confirmaban esta incuestionable verdad.
Ríos Montt nunca lo dilucidaría porque siempre supuso que en realidad era el Látigo de Dios, un émulo del profeta Moisés, guía moral de su pueblo.
La Constitución Política de Guatemala había sido derogada en 1965 y por lo tanto quedaba sin efecto el artículo 53 donde se leía que era “inviolable la defensa de la persona y sus derechos y ninguno puede ser juzgado por comisión o por Tribunales Especiales”.
Más:
“Nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal seguido ante tribunales o autoridades competentes y preestablecidos, en el que se observen las formalidades y garantías esenciales del mismo; y tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus derechos, sino en virtud de procedimiento que reúna los mismos requisitos”.
El nuevo dictador, creyente de una verdad divina y co-fundador de la iglesia del Verbo, impuso al Presidente y Magistrados de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, de Segunda Instancia de Cuentas y de Conflictos de Jurisdicción. Organismos del Poder Judicial que la derogada Constitución establecía como una función del Congreso de la República. Rios Montt echó por tierra su promesa de darle autonomía a los legisladores y jueces. Simplemente aprovechó la descomposición interna de ambos poderes para tomar el control absoluto del Estado y con ayuda de los medios masivos de comunicación, intentar convencer a la ciudadanía de su nueva cruzada moralizadora anticomunista. El enemigo a vencer era la corrupción, el desorden social y la guerrilla anclada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). En todas estas decisiones contó con el asesoramiento de dos Ancianos de la iglesia donde militaba: Francisco Bianchi y Álvaro Contreras.
El Centro de Acción Legal de los Derechos Humanos de Guatemala (CALDHG), tras hacer una minuciosa investigación sobre el funcionamiento de los Tribunales del Fuero Especial, concluyó:
“Los Tribunales se conformaban en Primera Instancia de tres miembros: un presidente y dos vocales y, en Segunda Instancia de cinco miembros: un presidente y cuatro vocales, quienes podían ser abogados colegiados activos, o no, u oficiales del Ejército de Guatemala. Sus nombramientos provenían directamente del Presidente de la República, quien igualmente podía removerlos en cualquier momento, sin expresión de causa ni de motivo. Los miembros de dichos tribunales tenían potestad para conocer de los procesos, para resolverlos y para ejecutar lo resuelto, de conformidad con los Decretos Leyes indicados. Actuaban de oficio, a pedido de parte o del Ministerio Público”.
Reveló:
“El juicio ante los Tribunales de Fuero Especial estaba dividido en tres etapas: el sumario, que constituía la fase inicial de la Primera Instancia, y era todo escrito; el juicio oral, que era la fase plenaria y supuestamente pública de la misma primera instancia; y la apelación, que era la segunda instancia.
“El procedimiento empezaba por la confección de un sumario, es decir, un conjunto de investigaciones y manifestaciones que se iban acumulando por escrito hasta formar un expediente. El sumario tenía como origen, un documento de denuncia. La declaración que se le tomaba al inculpado, denominada "indagatoria", según el Decreto Ley 111, debía de ser recibida dentro del perentorio término de los ocho días de iniciadas las diligencias del procedimiento ante los Tribunales de Fuero Especial, lo que no impedía que el procesado hubiese sido detenido, incomunicado, interrogado y en muchos casos torturado, durante mucho más tiempo”.
Ninguno de los expedientes integrados por este jurado anticonstitucional, conformado por militares y civiles, logró ser rescatado por el gobierno que sustituyó al régimen de Ríos Montt. Únicamente se contó con el testimonio de algunos oficiales que revelaron algunos detalles sobre el funcionamiento de estos Tribunales. Al respecto, la CALDHG reveló:
“En las declaraciones que se les tomaba a los procesados, en los interrogatorios y al momento de firmar sus correspondientes manifestaciones, antes del denominado sumario y en el desarrollo del mismo, los encausados manifiestan no haber contado con la presencia de un defensor, no sólo porque nos se le designaron, sino porque no se lo permitieron.
“Como la ley no establecía que los defensores serían designados antes, en forma previa a la declaración indagatoria, sino que decía "al momento de ser indagados", y el momento puede ser después, en la generalidad de los casos, según testimonio de los procesados interrogados, la designación se hacía con posterioridad. Este mismo hecho fue comprobado por la propia Comisión al hacer el estudio del expediente que concluyó con el primero de los fusilamientos llevados a cabo en el mes de septiembre de 1982.
En efecto, en las piezas donde aparecía la declaración de los inculpados, según lo comprobó la Comisión, en ninguna de ellas había constancia alguna de haber sido asistidos y acompañados por su defensor, antes bien, en algunos casos, la designación de tales defensores y el juramento de aceptación del cargo de defensor, aparecía como posterior a la declaración indagatoria. De ese modo, pues, la Comisión contó con dos fuentes para llegar a la conclusión de que los procesados no contaban con este requisito indispensable del debido proceso: el testimonio de varios inculpados entrevistados y el estudio de los expedientes llevados por los Tribunales.
“Otro elemento que aparece dentro de las declaratorias indagatorias, son las constantes auto-incriminaciones que se encuentran, a veces como única prueba, en base a las cuales la fiscalía formulaba sus acusaciones y los Tribunales sentenciaban a muerte a los procesados. La Comisión tuvo que escuchar en varias ocasiones el argumento de diferentes oficiales del Ejército de Guatemala defendiendo y justificando las ejecuciones, sobre la base de que hasta los propios sentenciados habían reconocido su culpabilidad”.
El 23 de marzo de 1982, Ríos Montt, con ayuda de 950 miembros del ejército dio un golpe de estado, tras los comicios del 7 de marzo donde salió triunfante el candidato del dictador, Fernando Romeo Lucas García, el general Aníbal Guevara.
El triunvirato de la Junta Militar quedó integrado por Ríos Montt y los generales Horacio Maldonado Schaad (comandante de la Guardia de Honor) y el coronel Francisco Luis Gordillo (jefe de las brigadas de Izabal y Quetzaltenango en 1981).
El 9 de junio, Ríos Montt se autoproclamó presidente de la República y en sus primeras declaraciones prometió democratizar al país y ponerle un alto a la corrupción burocrática. Su programa “Victoria 82” resumía una serie de medidas administrativas concernientes a crear las bases para hacer más independientes a los tres poderes de gobierno y aprobar una nueva constitución política. En realidad, prosiguió con la obra genocida de su antecesor para intentar contener a la guerrilla guatemalteca, organizada en la URNG.
Su programa “Frijoles y Rifles” provocó que más de cuatrocientas comunidades rurales fueras arrasadas y que un millón de guatemaltecos se convirtieran, por hambre y miedo, en paramilitares o confidentes del ejército. Los incrustó en una organización denominada Patrulla de Auto Defensa Civil (PAC) y jugaban el papel de soplones y escudos de las tropas en combates contra guerrilla.
Un teniente coronel, en esas fechas, le declaró a un enviado del Washington Post:
“Si toman partido con nosotros, les daremos de comer. Si no, los mataremos".
Los guerrilleros militaban en las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y el Ejercito Guerrillero de los Pobres (EGR). En 1960 fue el inicio de este movimiento armado, alentado por sacerdotes católicos y militares interesados en la teología de la liberación. Los oficiales del ejército guatemalteco, Luis Turcios Lima, Marco Antonio Yon Sosa y Alejandro de León intentaron emular al M-27 del cubano Fidel Castro y formar su propio movimiento revolucionario.
En el Peten pusieron en marcha el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre (MR-13) y más tarde se unieron al Partido Guatemalteco del Trabajo para formar el primer grupo guerrillero, las FAR.
Romeo Lucas y Ríos Montt, con financiamiento y asesoría militar estadounidense, le dieron poder extrajudicial a policías y civiles para disuadir a la población a respaldar las banderas de la URNG, equipada y respaldada militarmente por el Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional, con sede en El Salvador, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional que ya gobernaba Nicaragua.
La familia Morales López, como miles de guatemaltecos, eran ajenos a este embrollo político. Sólo que la policía judicial y guardia nacional ya estaba fuera de control y los tribunales de Fuero Especial eran un simple pretexto para aplicar una política de arrase en plena capital de Guatemala.
Aparentemente la detención de Lío era una simple venganza, perpetrada por algún policía resentido, pero en comentarios posteriores, sus mismos verdugos lo relacionaron a acciones del fueron común, como el poseer granadas, fusiles metralletas y participar en el secuestro, violación y extorsión de una mujer adinerada. Familiares, amigos y compañeros de trabajo y escuela demostraron que el muchacho era inocente de los cargos. Los únicos delitos, de existir, eran su carácter rebelde, la valentía innata que lo empujaba a desconocer los límites de la prudencia, su valemadrismo de vida y el apego al barrio donde creció y se hizo hombre.
El Tribunal del Fuero Especial, tomó el caso de Lío con la misma celeridad como Ríos Montt había ordenado arrasar algunas comunidades mayas de la alta y baja Verapaz, Huehuetenango, Petén y El Quiché.
Los militares, cebados por la sangre de los guatemaltecos, acataron las órdenes superiores y con ayuda de asesores estadounidenses, del Pentágono y la CIA, ejecutaron niños, mujeres y hombres y los inhumaron en profundos pozos cavados previamente por las mismas víctimas.
La prensa internacional empezó a documentar los asesinatos, pero Ríos Montt justificaba esas acciones criminales al considerar que era la guerrilla la causante de esa guerra civil de baja intensidad.
El éxodo de los guatemaltecos se hizo recurrente y la frontera México-Guatemala se llenó de campamentos, bajo el cuidado de la Organización de las Naciones Unidos.
Por el momento, viudas, ancianos y niños mayas podría estar seguros, mientras el gobierno militar continuara con su plan de arrase total Frijoles y Rifles.
Los sacerdotes católicos tampoco escaparon a la furia de los militares. Los activistas de Acción Católica y los catequistas fueron los más afectados. Por ejemplo, en diciembre de 1982, en la aldea Tabil de Santa Cruz del Quiché, el Ejército obligó a los patrulleros a asesinar a cinco activistas de Acción Católica, y el 4 de ese mismo mes los militares llegaron al cantón Santabal de San Pedro Jocopilas, en busca de otros cuatro y al no hallarlos mató a seis mujeres.
El 5 de marzo de 1983, durante la visita del Papa Juan Pablo II a Guatemala, seis jóvenes, entre ellos Lío, fueron fusilados en el Cementerio Nacional. Nuevamente, en abril, los militares realizaron actos de sabotaje contra las celebraciones de Semana Santa, hasta que el 7 de junio la Conferencia Episcopal publicó la carta pastoral Confirmados en la Fe, condenando al régimen.
En Ixil, los pentecostales empezaron a evangelizar y se convirtieron en una especie de ojos y oídos de Ríos Montt. La Iglesia del Verbo, filial guatemalteca de la iglesia fundamentalista Gospel Outreach, con sede en Eureka, California, Estados Unidos, creó la Fundación de Ayuda al Pueblo Indígena (FUNDAPI), con oficinas en 16 calle 1-45 de la Zona 10. Participaron en acciones de contrainsurgencia, con asesores de la CIA y el Pentágono, los Ancianos de esa iglesia, Alfredo Kalschmmidt, delegado para Alta Verapaz y con oficinas en Chisec; Harris Whitbeck, misionero especialista en radiofonía; Alfredo Kalschmmidt; Jesse Camey, responsable del Programa de Ayuda a Áreas en Conflicto (PAAC); Ray Elliot hijo, responsable del PAAC en Nebaj; George Hughes, encargado de la construcción de pistas de aterrizaje en Ixil y Rolando Lavidalle Guzmán, encargado de relaciones públicas y enlace entre la Secretaría de Bienestar Social y el PAAC.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, integrada en años posteriores, documentó todas las atrocidades cometidas por el gobierno de Ríos Montt. El obispo de La Verapaz, Gerardo Flores, tras recorrer algunas parroquias el 10 y 17 de mayo de 1982, le comentó a sus entrevistadores:
“En algunas parroquias (Rabinal, Chisec, Raxruha, San Cristóbal) hay aldeas que han quedado sin habitantes. Otras cuentan con un número muy alto de viudas y huérfanos; no hay hombres ni jóvenes. En algunas hubo también destrucción de los templos y ermitas (Cobán, San Cristóbal). Otras viven bajo una tensión casi insoportable, porque han sido acusadas públicamente de que todos son guerrilleros. El quehacer pastoral está paralizado. Varias parroquias (Salamá, Rabinal, Calvario Cobán, San Cristóbal) han perdido a muchos de sus catequistas o delegados porque han sido asesinados, han tenido que esconderse o han dejado sus funciones. En varias aldeas los católicos han tenidos que enterrar sus biblias, libros de canto y sus cuadros.
Otras parroquias o parte de sus comunidades (Panzós, Senahú, La Tinta, Telemán, Tamahú, Purulhá, Cubulco, Chamelco, San Marcos Cobán) no han experimentado la violencia a gran escala, pero viven un clima de miedo, tensión y desconfianza causados por algunos secuestros, amenazas, acusaciones, rumores, prohibiciones y restricciones de actividades religiosas, o por la imposición de las PAC se ha provocado el alejamiento de los catequistas y el desánimo de la comunidad.
“Hay sin embargo otras parroquias que casi no han conocido hechos de violencia y donde todo está tranquilo (San Jerónimo, Catedral Cobán, Boloncó, Chahal, Las Casas, Tucurú). Estas desarrollan sus actividades con normalidad, incluyendo visitas a aldeas, cursillos, reuniones y celebraciones. Igual situación se da en aquellas parroquias donde se afirma que ha vuelto la tranquilidad (Raxruhá, Campur) o donde solamente en las últimas semanas han ocurrido hechos violentos (Tactic, Carchá). Los ataques ya no se concentran en los sacerdotes o religiosas, sino en los catequistas que son más vulnerables: todos los catequistas están con la guerrilla. Las organizaciones revolucionarias tratan de penetrar en reuniones y celebraciones manipulándolas políticamente. En La Tinta y Telemán ha habido un aumento de catequistas descontrolado: a veces confiamos en ellos sin saber quienes son. Se señala que hay un aumento del espiritismo y la brujería y que las comunidades van a las celebraciones cuando hay un conjunto musical”.
La comisión investigadora, también dio una breve semblanza del comportamiento de las iglesias protestantes, protegidas por los militares o kaibiles. Escribió:
“En el Polochic su influencia es muy fuerte, por ejemplo en Tamahú se fueron dos catequistas con toda su gente.
En Chahal hacen muchas visitas a domicilio y cinco catequistas se han pasado al evangelio.
En Boloncó muchos se pasan por el ataque fuerte de los protestantes.
“En Cobán unas señoras evangélicas invitan a muchas señoras católicas importantes a reuniones tipo carismático.
La cosa se pone peor cuando se mezclan conflictos de tipo político con tensiones religiosas. Por ejemplo en el cruce en Playa Grande, se causa muchos problemas a los católicos mientras que dejan pasar sin más a los evangélicos. Los protestantes muchas veces escapan de la represión (Rabinal) o son los que provocan las primeras dificultades por sus denuncias falsas o buscan puestos públicos (comisionados) para imponerse sobre la mayoría católica (Cobán). Un caso extremo es el de Salaqwim (Cobán) donde el comisionado utilizó su poder para ganar feligreses: daba la inscripción militar solamente a los que pasaban a la Iglesia Nazarena. Él es responsable de la muerte de un catequista y del secuestro de un grupo de diez personas. Está también la imposición de una nueva tarjeta de identificación personal con la mención de la religión que profesa el portador”.
Una especie de Santa Inquisición, pero protestante, empezó a predominar en Guatemala. Sin embargo, tras toda aquella mascarada religiosa, en realidad predominaba el interés geopolítico del gobierno estadounidense, en esos momentos representado por el republicano Ronald Reagan, ex actor hollywoodense y ex dirigente sindical.
En 1980 había obtenido la presidencia de la República y en marzo de 1981 sobrevivió a un atentado perpetrado por un solitario ciudadano estadounidense. El Pentágono y la CIA tenían metidas las manos en todo Centroamérica ante el riesgo de que la miseria y corrupción oficial provocara el ascenso de gobiernos socialistas y pusieran en riesgo el capital privado, principalmente los intereses de las grandes empresas trasnacionales.
En 1981, los sandinistas, de clara formación marxista-leninista, prácticamente gobernaban Nicaragua y empezaban a tener acercamientos comerciales con la URSS. Los casi once millones de guatemaltecos, por esa razón fueron involucrados a una guerra civil regionalizada y la URNG, acicalada por el resentimiento y la afrenta, intentó repetir la experiencia cubana y sandinista, pero la conflagración sembraba de cadáveres los 22 distritos y desgraciadamente la mayoría pertenecía a gente inocente, ajena a ideologías e intereses geopolíticos. Los casos de Lío y sus compañeros de calabozo confirmaban esta incuestionable verdad.
Ríos Montt nunca lo dilucidaría porque siempre supuso que en realidad era el Látigo de Dios, un émulo del profeta Moisés, guía moral de su pueblo.
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