Parte XIX
Por Everardo Monroy Caracas
Por Everardo Monroy Caracas
Tengo que evitar que aumente su dolor, pensó. El mío no importa. Yo puedo controlarlo. Pero su dolor pudiera exasperarlo.
Ernest Hemingway
Ernest Hemingway
Eduardo, Robespierre y Rodrigo pagaron mil 800 dólares iniciales por la nueva casa de tres recámaras, baño y cocina: novecientos de deposito y otro tanto por la primera mensualidad. El dinero incluía los servicios de agua potable, energía eléctrica y telecable. Los propietarios del inmueble, un matrimonio argentino con tres hijos, habitaban el basement y estaban al tanto del comportamiento de sus vecinos.
Los arrendatarios entregaron tres promesas de renta, de 300 dólares cada una, y los inquilinos las enviaron a su respectiva trabajadora social o caseworker. En algunas ocasiones, el gobierno provincial liberaba dinero para el deposito. En este caso no sucedió así.
Eduardo confirmó el cambio de domicilio a su abogado, Legal AID, sucursal bancaria y el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración. Como lo hizo antes del día 15 del mes, la correspondencia y el dinero para el transporte llegaría ahí.
Robespierre fue el primero en abandonar la vivienda de madera y tres niveles, al percibir que en esa zona, Weston y Lawrence West, los afrocanadienses predominaban, la inseguridad era latente y en invierno tendrían la responsabilidad de paliar la nieve que ahí se acumulara.
Dos semanas después de su arribo, Eduardo y Rodrigo fueron asaltados por tres adolescentes, armados con pistola y cuchillo. Media hora más tarde, seis policías y dos perros, a bordo de tres patrullas, llegaron al lugar de los hechos y tras los interrogatorios, ayudados por una interprete, intentaron conocer la identidad y el modus operandi de los delincuentes. Simplemente cubrieron una exigencia legal, de rutina.
El asalto ocurrió a las 23:10 horas, cerca de la vía del ferrocarril de la John street y Rosemount. Los delincuentes, entre ellos una mujer, los obligaron a tirarse bocabajo y los patearon al cerciorarse que no traían suficiente dinero. Rodrigo sangró de la nariz y el periodista únicamente obtuvo un chichón en la cabeza. Un matrimonio de italianos solicitó apoyo al 911.
La policía hispana, oriunda de Colombia, reveló:
“Estamos perdiendo la batalla con la delincuencia. Tenemos muchos problemas con los afrocanadienses. Los lugares de alto riesgo se encuentran precisamente en Weston y Lawrence, Jane, Sheppard, Finch, Steels y Martín Grove. La venta de droga ha crecido y hasta los adolescentes están armados”.
Eduardo, dos meses después también se vio obligado a dejar la casona. La familia de Rodrigo llegaría a Toronto en calidad de refugiada. Sin embargo, la convivencia entre ambos inquilinos se había fracturado, al extremo de llegar a los golpes y exponerse a ser detenidos por la policía. Los argentinos tuvieron que solicitar el apoyo de la fuerza pública y evitar así una tragedia mayor. No hubo detención, únicamente una reprimenda y la amenaza de ser deportados, en caso de repetirse el pleito.
La aprensión de Rodrigo por recibir a su esposa e hijos, le hizo perder la cordura y presionar a Eduardo para que buscara un nuevo hábitat.
Historias similares enfrentaban cotidianamente a los inmigrantes hispanos.
El refrigerador y el baño tienen una desmesurada preeminencia dentro de la vivienda. Es parte fundamental en la sobrevivencia de los inquilinos. En el primero caso, los espacios se comparten previamente y nadie puede tocar los alimentos del otro o invadir su área de enfriado. El mismo criterio es aplicado en el mobiliario donde se coloca la despensa.
La regadera se usa de acuerdo a los horarios de trabajo o escuela. Cada inquilino logra acoplarse al tiempo requerido, sin lastimar o atentar contra los intereses del otro. Ni el sanitario podría ser motivo de disputa, se advertía. Eduardo prefería guardar sus utensilios de aseo en su cuarto —jabón, pasta dental, shampoo y rollo de papel— y así administrar mejor el poco dinero obtenido en el welfare.
Entre los migrantes se va desarrollando un sentimiento de egoísmo enfermizo. Incluso, algunos marcan los alimentos para cerciorarse que siguen con la misma proporción al retornar a su casa. O delante de sus compañeros bebían parte de los refrescos de dos litros para evidenciar que habían ensalivado las botellas.
En una vivienda de la King, Braulio Chic le clavó un cuchillo en la mano derecha a su paisano —ambos provenían de Nicaragua— por beberse, sin su consentimiento, una lata de Coca cola. Otro inmigrante argentino, de la Sheppard estuvo a punto de estrangular a su compañero de departamento al descubrir que le había robado una pieza de pollo y dos rebanadas de pan integral.
La mayoría de estos casos jamás son denunciados a la policía por tratarse de hispanos sin estatus legal en Canadá. Otros hechos, alentados por la depresión o una especie de esquizofrenia, terminaron en la bitácora personal del periodista. Por ejemplo, consignó 35 casos de intento de suicidio, aislamiento voluntario por varios días en el interior de una recámara; monólogos interminables con personas inexistentes e irritabilidad constante, casi al borde de la locura. Algunos enfermos eran deportados o internados en clínicas de salud mental.
Una mujer de República Dominicana, Dolores Arniagen, pasó dos semanas en su habitación, sin tener contacto con el exterior. Los vecinos alertaron a la autoridad y tuvieron que intervenir los bomberos para forzar la entrada. La encontraron desnuda, cubierta de heces fecales, comiendo alimentos descompuestos y alucinando. La internaron en el hospital de Saint Joseph por las lesiones presentadas en la cabeza y una anemia aguda. En su declaración de ingreso, argumentó que había sido secuestrada y maltratada por un salvadoreño.
Declaró:
“Tengo aquí (en Toronto) dos meses y como estaba ilegal con engaños entré a trabajar con un hombre que es de El Salvador. Me tuvo encerrada en su casa, abusó sexualmente de mí y apenas me daba un poco de comida. Siempre me golpeaba hasta que perdía el conocimiento”.
Ninguno de los vecinos confirmó su dicho, menos el casero. Todos coincidieron que Dolores había perdido la razón. Uno de los psicólogos del Ministerio de Salud que la asistió, reveló que la mujer tenía rasgos de esquizofrenia y necesitaba tratamiento urgente.
“Son muy comunes estas enfermedades mentales en Canadá, sobre todo tratándose de inmigrantes. Vienen de países en guerra o el poder del hombre es único dentro del núcleo familiar. Aquí pierden ese poder y se deprimen al ver que su cónyuge se independiza y ya no está obligada a darle de comer o limpiar la casa. Los hijos al crecer simplemente se independizan y no tienen porque darle alguna explicación”, dice el psicólogo hispano, Emilio Nava.
Y añade:
“También el clima y el idioma son factores determinantes. Los largos inviernos evitan luminosidad en el cerebro y eso provoca alteraciones en las neuronas que llevan a la depresión. Otro tanto abona el hecho de no tener mayor comunicación con la sociedad por el desconocimiento del idioma oficial de este país. Esto los lleva al aislamiento y a la carencia de autoestima”.
Por el contrario, la mujer en Canadá tiene mejores posibilidades de superar su estrés o depresión. Las leyes le permiten allegarse de diferentes apoyos materiales, económicos y profesionales para superar su estatus legal y sentirse útil. La mujer, normalmente abusada y explotada en su país de origen, toma el control de su vida y sabe que jamás volverá a ser víctima de un mal trato de su compañero sentimental.
La mujer que enfrenta el abuso doméstico en Canadá tiene acceso inmediato a albergues, apoyo médico, dinero y protección legal gratuita. En contadas ocasiones, ese poder se convierte en una especie de espada de Damocles para sus adversarios. Con sólo llamar a la policía y denunciar algún tipo de maltrato o amenaza, su pareja termina en la cárcel o debe pagar una fianza y no acercarse a menos de doscientos metros de la denunciante.
El juez es quien determina el perímetro territorial de la víctima para que su verdugo jamás lo transgreda.
Lo mismo ocurre con los hijos. Las leyes locales castigan duramente a aquellos padres golpeadores o desobligados. Los niños saben que con marcar tres números telefónicos —911— unos ángeles azules descienden del cielo, destrozan las puertas y encarcelan a sus malvados padres. En el momento que llegan a la mayoría de edad, sin inmutarse, agarran su ropa y un poco de dinero y se independizan.
No tienen la obligación de mantener a sus padres. El gobierno y la sociedad civil se encarga de ellos, vía welfare, pensión o casas de asilo.
“Las leyes aquí están muy bien aceitaditas para que nadie trastoque el orden social”, dice el psicólogo Emilio Nava.
En la estación del subway de Lawrence West, Eduardo conoció a un salvadoreño de abundante cabellera afro que aguardaba la llegada de su esposa. Al darse cuenta que hablaba castellano, le preguntó dónde podría conseguir un mapa del transporte público.
Ya en confianza, Antonio le reveló que su esposa lo había demandado y por decisión de un juez, estaba obligado a entregarle a ella el cincuenta por ciento de su salario. El automóvil lo tuvieron que vender y repartirse el dinero.
“Todo iba bien entre nosotros, hasta que sus amigas le metieron malas ideas y desde hace cuatro meses todos los fines de semana, sale a bailar, a divertirse y descuida a nuestros dos hijos. Cuando la enfrenté me llevó a la corte y el juez se puso de su lado. Ahora le doy la mitad de todo lo que gano y casi nunca se encuentra en la casa. Ya me comentaron que tiene un amante”, dijo el afligido marido.
Antes de despedirse, alcanzó a balbucir:
“Estoy pagando un poco de todas las tonterías que hice en San Salvador”.
Su esposa, aún con el uniforme de trabajo —bata azul y zapatos especiales con punta metálica— lo aguardaba en el interior del autobús urbano. Eduardo observó que empezaron a discutir. Ella manoteaba y le señalaba el reloj de pulsera. La unidad reinició su marcha sin que la pareja disminuyera el tono de su voz. Los otros pasajeros dormitaban, leían periódicos o libros o meditaban con la mirada fija, sin un lugar definido.
“Pobre cabrón”, pensó el periodista.
Eduardo cada semana escribía un reportaje y dos crónicas urbanas en el periódico Primera Plana. Los martes y miércoles entregaba su material y recibía algunas sugerencias para futuras investigaciones editoriales.
El patrocinador de la empresa periodística, Hernán Astudillo, tenía bajo su mando el manejo de una rediodifusora, Voces Latinas; un inmueble de dos niveles para oficinas y un templo de madera cargado de santos y vírgenes, donde cada domingo y días de guardar atendía a sus seguidores. Estaba bajo su servicio un ejército de inmigrantes con derecho al welfare. Uno de ellos era el propio periodista.
El éxito de este ecuatoriano llegado a Toronto en 1991, en calidad de refugiado y con una vieja guitarra a la espalda, no era compartido por sacerdotes y pastores de otras iglesias, principalmente la católica. Se le enjuiciaba por suponer que la radiodifusora era un negocio particular y en su funcionamiento se utilizaban recursos públicos. Algunos diarios de la localidad ventilaron el asunto y el cura anglicano —padre de familia y protegido de una mujer canadiense, involucrada al Centro Comunitario San Lorenzo— negaba los cargos y aseguraba que jamás había dispuesto o malversado recursos del centro comunitario o de Voces Latinas.
Problemas similares habían enfrentado otras organizaciones hispanas, patrocinadas por el gobierno canadiense. Por ejemplo, el Centro Comunitario York Hispano, ubicado en la avenida Eglinton 2696, enfrentó un drástico recorte presupuestal ante la posibilidad de existir malos manejos administrativos de una directiva saliente. Según el presidente de ese Centro, John William Patiño, recibían subsidios anuales de 100 mil dólares y, a consecuencia de una mala administración de sus antecesores, dejaron de percibir setenta mil en el mismo lapso. En el año 2005 estuvieron a punto de cerrar sus puertas.
Los centros comunitarios, de acuerdo a su normatividad, tenían como propósito fundamental apoyar a los hispanos de reciente ingreso a Canadá. Su trabajo lo sacaban adelante con apoyo de refugiados que realizaban ahí su voluntariado, a cambio de 100 mil dólares mensuales aportados por el gobierno de la ciudad. Cualquier hispano interesado podría recibir clases de música, jardinería, atención a bebés o gastronomía, con un pago simbólico de diez a 15 dólares de inscripción. También ayudaban a sacar citas para obtener welfare, servicios médicos, asesoría legal o solicitud de empleo. En el primer caso, el interprete, de acudir a las oficinas de Ontario Work, solicitaba una ayuda económica de entre 30 a 50 dólares.
Otro centro comunitario, el Para Gente de Habla Hispana, enfrentaba un problema similar. Eduardo escribió un reportaje sobre su funcionamiento. En su investigación periodística logró detectar las fuentes de financiamiento de este tipo de organizaciones estructuradas por latinos. El centro comunitario se encontraba enclavado en un tramo de la avenida Jane.
Escribió:
El Centro para Gente de Habla Hispana, a 32 años de su fundación aún no logra restañar heridas. Los trabajadores sindicalizados, en voz de su delegada, tienen la certeza que en la administración anterior hubo omisión y desvío de recursos económicos.
La duda y el malestar persisten.
Sin embargo, el director ejecutivo, Eduardo Garay ataja esa versión e insiste que su antecesora, Susan McCrae, jamás se “robo un peso”. Aún así, confirma que al llegar a ese cargo, el 22 de septiembre del 2003, encontró una organización en desbandada, con graves problemas administrativos y laborales. De existir alguna responsabilidad en McCrea, dice, sería la de no informar abiertamente de lo ocurrido en las finanzas a los empleados y a la propia Junta Directiva.
“El hecho de que esta persona no comunicaba o si lo comunicaba no lo hacía muy abiertamente. Eso lógicamente hace que la responsabilidad sea netamente de ella y eso fue lo que pasó”, apunta.
Garay revela que el déficit presupuestal detectado fue de 138 mil dólares, un 10 por ciento del dinero ejercido anualmente y que es aportado por cuatro ministerios federales, Ayuda Legal Ontario, la Municipalidad de Toronto y otras fundaciones y asociaciones privadas. El año pasado, el Centro tuvo ingresos por un millón 256 mil 16 dólares y en el 2005, ejerce un millón 355 mil 166.
La delegada sindical del Centro, Silvana Venegas Rubio se deslinda de lo ocurrido en el pasado y culpa a la anterior directora ejecutiva de afectar los ingresos económicos de los trabajadores y reducir drásticamente la planta laboral. De 26 empleados contratados antes del 2003, un año después diez fueron despedidos y hasta la fecha esas plazas siguen vacantes.
De los posibles malos manejos administrativos, se deslinda. Subraya:
“En ninguna forma tenemos responsabilidad, porque nosotros cumplimos nuestra parte. En las cosas de la administración, como somos nosotros sindicalizados, no tenemos acceso a los libros contables, a mucha información. Todo esa información es confidencial entre el director y la Junta Directiva”.
Y añade:
“Como no había la comunicación no sabíamos lo que se reportaba y lo que no se reportaba y también la única culpabilidad que podemos tomar es quizá cuando había reuniones y no se nos informaba a último momento. Por esa razón no lográbamos ir, pero también cuando asistíamos eran cosas confidenciales que no podíamos escuchar del personal y entonces estábamos al aire”.
El Centro para Gente de Habla Hispana experimentó sus peores momentos durante diciembre del 2003 a enero del 2004 cuando sus trabajadores se fueron a la huelga en protesta por los rígidos ajustes presupuestarios que realizó la Junta Directiva, entonces integrada por 14 voluntarios, y encabezada por el señor Elías Morales.
El director ejecutivo recuerda que en esas nueve semanas se puso en riesgo el prestigio de la institución, una de las más importantes en Toronto, y sobre todo, perdió liderazgo ante la comunidad hispana.
Dice:
“Encontré una organización en desbandada, que tenía problemas administrativos, de relaciones laborales, vinculación con problemas de la sociedad y necesitaba un cambio. Desafortunadamente estaba tocando el fondo en todo tipo de crisis que tenía, un poco de desprestigio en las cuentas de financiamiento. Estaba perdiendo un poco de sus baluartes”.
Garay, quince años atrás había sido integrante de la Junta Directiva, pero se desvinculó para hacer trabajo comunitario y terminar sus estudios universitarios. Al regresar y aceptar el cargo de director ejecutivo, de inmediato detectó también fallas administrativa.
Resalta:
“Cuando tomé la organización a mi me informaron que el Centro tenía un pequeño déficit de un 10 por ciento del presupuesto general: unos 138 mil dólares. Nuestro presupuesto es de un millón 300 mil o un millón 400 mil al año. Pero nunca supe, hasta cuando entré al Centro de que había problemas de moral, de personal; habían problemas financieros, de dirección y realmente tomé la organización cuando en alguna medida no la debiera haber tomado, o en las condiciones que estaba”.
Y abunda:
“Eso fue lo que encontré: una organización en caos. Entro a la organización y empiezo a trabajar con la Junta Directiva y con el personal. Repito, con la Junta Directiva se tomaron decisiones que no fueron populares, pero que eran necesarias. Renegociar el acuerdo colectivo y de acuerdo a la información que teníamos en ese momento era establecer los recortes salariales. Inclusive se llegó a plantear un recorte del 27 por ciento, que era un recorte bastante amplio, porque no se vislumbra otra opción. Me tocó eso y la huelga y enfrentar un proceso de negociación difícil, de nueve semanas. El personal decidió no aceptar las nuevas condiciones y decidió irse a la huelga, en la peor época del año: de diciembre del 2003 al enero del 2004.
“Cuando se terminó la huelga, el proceso de negociación fue arduo, pero por lo menos dejó cosas muy claras. Empezamos a mirar las finanzas del Centro y, por otro lado, el personal aportó por medio de recortes de salarios su parte para salir de la crisis. Aportaron por diez meses los empleados de tiempo completo y tuvieron un descuento del 20 por ciento. Y se empezó a mirar qué sucedía con la organización y las finanzas y empezamos a hacer un mejor trabajo, a través de la Junta Directiva”.
--¿Sigue el déficit del 10 por ciento anual, como cuando recibió la dirección ejecutiva? —se le pregunta.
“No, ya no es del diez por ciento, pero todavía tenemos obligaciones. Estamos en unos cincuenta a sesenta mil dólares, pero son obligaciones a dos o tres años. O sea, que no es un déficit que hay que pagarlo ya o se cerraba la organización. Es un déficit de manejo a dos o tres años. Fuera de eso, terminamos este año fiscal con dinero en caja que nos sirve para suplir las obligaciones y hemos empezando también a restituir las posiciones que se tuvieron que recortar durante los ajustes. En estos momentos estamos cortos en dos personas, pero estamos ya dando pasos para abrirlas. De pronto no tiempo completo, pero sí de un 70 por ciento”.
—¿Qué pasa con los responsables de provocar esta crisis financiera?
“Hay una cosa que debo aclarar: aquí nadie se robó un peso. No es que alguien se fue con un dinero y eso no ha sucedido. Las cuentas están claras. Tal vez el manejo no fue claro. Por decir algo, había que pagarle a Revenue Canadá los impuestos que se le sacan a los empleados. La Junta Directiva firmó los cheques, pero la administradora anterior decidió retenerlos y lo hizo por una razón de peso: con ese dinero pudo hacer las renovaciones en los primeros pisos y obviamente buscando arrendar el espacio y eso generó un hecho difícil. Cuando Revenue Canadá llegó por tercera vez, ya quería embargar. Esa es la cuestión administrativa. No es que alguien se llevó dinero.
“Hubieran sido explicables estas fallas si ella lo hubiera explicado claro. Si el personal o el sindicato o la Junta Directiva hubieran estado informados. El hecho de que esta persona no comunicaba o si lo comunicaba no lo hacía muy abiertamente. Eso lógicamente hace que la responsabilidad sea netamente de ella y eso fue lo que pasó”.
La delegada sindical va más allá de esa exoneración. Afirma:
“En la huelga (McCrae) nunca mostró su cara, ni dio explicaciones. Yo siento que una persona inocente pelea hasta el final para probar su inocencia”.
—¿Fue desvío de recursos o simple omisión?
“Creo que las dos cosas. Pero como he dicho, los integrantes de la Junta Directiva son voluntarios y lamentablemente como son voluntarios, como se dijo en la Asamblea General Anual, tienen ellos responsabilidades muy grandes. Ellos manejan la plata, ellos firman y por eso yo digo: cuando no hay comunicación, tampoco hay transparencia legal”
De acuerdo al reporte financiero, distribuido por el propio Garay a la Junta Directiva durante la Asamblea General Anual 2004-2005, celebrada el 14 de septiembre, este año los Ministerios de Ciudadanía e Inmigración, de Ciudadanía Ontario, de Salud y de Familia, Niños y servicios Sociales, aportaron 131 mil 138, setenta y dos mil 458, 31 mil 979 y 177 mil 845 dólares, respectivamente.
Ayuda Legal Ontario aportó 416 mil 738 dólares que están destinados al pago de sus cinco abogados; el reembolso a gastos legales, apoyos a estudiantes de verano y equidad salarial. La Municipalidad de Toronto, a través de su Consejo de Salud, proporcionó 79 mil 668; la United Way of Greater Toronto, 227 mil 539; fundaciones y asociaciones, 120 mil 766; ingresos por renta de oficinas en el edificio del Centro, 67 mil 585; financiamiento, 26 mil 470; intereses y misceláneas, 960 y membresías, 20 dólares. El 70 por ciento de este dinero es canalizado al gasto corriente: salarios, material de oficina y el pago de servicios.
***
El sábado 30 de julio, bajo una llovizna pertinaz y un calor pegajoso y molesto, Eduardo decidió viajar a Leamington y experimentar en carne propia los tormentos del jornalero agrícola. Trabajaría temporalmente en una granja de pepino, propiedad de una familia menonita. En cinco días, el 4 de agosto, cumpliría ocho meses de residir en Toronto.
Había adelgazado en extremo y aún sobrevivía con ayuda del welfare. Ningún periódico hispano tenía interés en contratarlo y pagarle un salario digno por sus servicios. Los editores argumentaban no tener dinero o simplemente utilizaban material impreso de algunas agencias noticiosas para rellenar sus periódicos. Internet y la lejanía geográfica con Latinoamérica les facilitaba las cosas: difícilmente existían reclamos por el derecho de autor. Poco interesaban los asuntos domésticos, principalmente para una comunidad esclavizada al trabajo, los hijos y las deudas.
Sin embargo, el principal obstáculo que enfrentaba el periodista era el desconocimiento del inglés. Tendría que dominar esta lengua o quedar condenado al trabajo rudo, poco redituable y desvalorado por los propios latinos. En Leamington, por lo menos, conviviría con cerca de quince mil mexicanos y jamaiquinos: abono sustancial de mil 550 granjas (greehouse) y empacadoras de frutas y verduras.
Quedaría atrás, en medio de ese pequeño valle arbolado, la casona de los 900 dólares mensuales con sus moradores de duro temple y queja diaria. Ya no compartiría los fines de semana el locro invernal, la barbacoa de ternera y los tarrones de mate endulzado, hecho a base de hojas y tallos de una yerba importada del Argentina o Paraguay. Se iría con su tango a otra parte.
Los arrendatarios entregaron tres promesas de renta, de 300 dólares cada una, y los inquilinos las enviaron a su respectiva trabajadora social o caseworker. En algunas ocasiones, el gobierno provincial liberaba dinero para el deposito. En este caso no sucedió así.
Eduardo confirmó el cambio de domicilio a su abogado, Legal AID, sucursal bancaria y el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración. Como lo hizo antes del día 15 del mes, la correspondencia y el dinero para el transporte llegaría ahí.
Robespierre fue el primero en abandonar la vivienda de madera y tres niveles, al percibir que en esa zona, Weston y Lawrence West, los afrocanadienses predominaban, la inseguridad era latente y en invierno tendrían la responsabilidad de paliar la nieve que ahí se acumulara.
Dos semanas después de su arribo, Eduardo y Rodrigo fueron asaltados por tres adolescentes, armados con pistola y cuchillo. Media hora más tarde, seis policías y dos perros, a bordo de tres patrullas, llegaron al lugar de los hechos y tras los interrogatorios, ayudados por una interprete, intentaron conocer la identidad y el modus operandi de los delincuentes. Simplemente cubrieron una exigencia legal, de rutina.
El asalto ocurrió a las 23:10 horas, cerca de la vía del ferrocarril de la John street y Rosemount. Los delincuentes, entre ellos una mujer, los obligaron a tirarse bocabajo y los patearon al cerciorarse que no traían suficiente dinero. Rodrigo sangró de la nariz y el periodista únicamente obtuvo un chichón en la cabeza. Un matrimonio de italianos solicitó apoyo al 911.
La policía hispana, oriunda de Colombia, reveló:
“Estamos perdiendo la batalla con la delincuencia. Tenemos muchos problemas con los afrocanadienses. Los lugares de alto riesgo se encuentran precisamente en Weston y Lawrence, Jane, Sheppard, Finch, Steels y Martín Grove. La venta de droga ha crecido y hasta los adolescentes están armados”.
Eduardo, dos meses después también se vio obligado a dejar la casona. La familia de Rodrigo llegaría a Toronto en calidad de refugiada. Sin embargo, la convivencia entre ambos inquilinos se había fracturado, al extremo de llegar a los golpes y exponerse a ser detenidos por la policía. Los argentinos tuvieron que solicitar el apoyo de la fuerza pública y evitar así una tragedia mayor. No hubo detención, únicamente una reprimenda y la amenaza de ser deportados, en caso de repetirse el pleito.
La aprensión de Rodrigo por recibir a su esposa e hijos, le hizo perder la cordura y presionar a Eduardo para que buscara un nuevo hábitat.
Historias similares enfrentaban cotidianamente a los inmigrantes hispanos.
El refrigerador y el baño tienen una desmesurada preeminencia dentro de la vivienda. Es parte fundamental en la sobrevivencia de los inquilinos. En el primero caso, los espacios se comparten previamente y nadie puede tocar los alimentos del otro o invadir su área de enfriado. El mismo criterio es aplicado en el mobiliario donde se coloca la despensa.
La regadera se usa de acuerdo a los horarios de trabajo o escuela. Cada inquilino logra acoplarse al tiempo requerido, sin lastimar o atentar contra los intereses del otro. Ni el sanitario podría ser motivo de disputa, se advertía. Eduardo prefería guardar sus utensilios de aseo en su cuarto —jabón, pasta dental, shampoo y rollo de papel— y así administrar mejor el poco dinero obtenido en el welfare.
Entre los migrantes se va desarrollando un sentimiento de egoísmo enfermizo. Incluso, algunos marcan los alimentos para cerciorarse que siguen con la misma proporción al retornar a su casa. O delante de sus compañeros bebían parte de los refrescos de dos litros para evidenciar que habían ensalivado las botellas.
En una vivienda de la King, Braulio Chic le clavó un cuchillo en la mano derecha a su paisano —ambos provenían de Nicaragua— por beberse, sin su consentimiento, una lata de Coca cola. Otro inmigrante argentino, de la Sheppard estuvo a punto de estrangular a su compañero de departamento al descubrir que le había robado una pieza de pollo y dos rebanadas de pan integral.
La mayoría de estos casos jamás son denunciados a la policía por tratarse de hispanos sin estatus legal en Canadá. Otros hechos, alentados por la depresión o una especie de esquizofrenia, terminaron en la bitácora personal del periodista. Por ejemplo, consignó 35 casos de intento de suicidio, aislamiento voluntario por varios días en el interior de una recámara; monólogos interminables con personas inexistentes e irritabilidad constante, casi al borde de la locura. Algunos enfermos eran deportados o internados en clínicas de salud mental.
Una mujer de República Dominicana, Dolores Arniagen, pasó dos semanas en su habitación, sin tener contacto con el exterior. Los vecinos alertaron a la autoridad y tuvieron que intervenir los bomberos para forzar la entrada. La encontraron desnuda, cubierta de heces fecales, comiendo alimentos descompuestos y alucinando. La internaron en el hospital de Saint Joseph por las lesiones presentadas en la cabeza y una anemia aguda. En su declaración de ingreso, argumentó que había sido secuestrada y maltratada por un salvadoreño.
Declaró:
“Tengo aquí (en Toronto) dos meses y como estaba ilegal con engaños entré a trabajar con un hombre que es de El Salvador. Me tuvo encerrada en su casa, abusó sexualmente de mí y apenas me daba un poco de comida. Siempre me golpeaba hasta que perdía el conocimiento”.
Ninguno de los vecinos confirmó su dicho, menos el casero. Todos coincidieron que Dolores había perdido la razón. Uno de los psicólogos del Ministerio de Salud que la asistió, reveló que la mujer tenía rasgos de esquizofrenia y necesitaba tratamiento urgente.
“Son muy comunes estas enfermedades mentales en Canadá, sobre todo tratándose de inmigrantes. Vienen de países en guerra o el poder del hombre es único dentro del núcleo familiar. Aquí pierden ese poder y se deprimen al ver que su cónyuge se independiza y ya no está obligada a darle de comer o limpiar la casa. Los hijos al crecer simplemente se independizan y no tienen porque darle alguna explicación”, dice el psicólogo hispano, Emilio Nava.
Y añade:
“También el clima y el idioma son factores determinantes. Los largos inviernos evitan luminosidad en el cerebro y eso provoca alteraciones en las neuronas que llevan a la depresión. Otro tanto abona el hecho de no tener mayor comunicación con la sociedad por el desconocimiento del idioma oficial de este país. Esto los lleva al aislamiento y a la carencia de autoestima”.
Por el contrario, la mujer en Canadá tiene mejores posibilidades de superar su estrés o depresión. Las leyes le permiten allegarse de diferentes apoyos materiales, económicos y profesionales para superar su estatus legal y sentirse útil. La mujer, normalmente abusada y explotada en su país de origen, toma el control de su vida y sabe que jamás volverá a ser víctima de un mal trato de su compañero sentimental.
La mujer que enfrenta el abuso doméstico en Canadá tiene acceso inmediato a albergues, apoyo médico, dinero y protección legal gratuita. En contadas ocasiones, ese poder se convierte en una especie de espada de Damocles para sus adversarios. Con sólo llamar a la policía y denunciar algún tipo de maltrato o amenaza, su pareja termina en la cárcel o debe pagar una fianza y no acercarse a menos de doscientos metros de la denunciante.
El juez es quien determina el perímetro territorial de la víctima para que su verdugo jamás lo transgreda.
Lo mismo ocurre con los hijos. Las leyes locales castigan duramente a aquellos padres golpeadores o desobligados. Los niños saben que con marcar tres números telefónicos —911— unos ángeles azules descienden del cielo, destrozan las puertas y encarcelan a sus malvados padres. En el momento que llegan a la mayoría de edad, sin inmutarse, agarran su ropa y un poco de dinero y se independizan.
No tienen la obligación de mantener a sus padres. El gobierno y la sociedad civil se encarga de ellos, vía welfare, pensión o casas de asilo.
“Las leyes aquí están muy bien aceitaditas para que nadie trastoque el orden social”, dice el psicólogo Emilio Nava.
En la estación del subway de Lawrence West, Eduardo conoció a un salvadoreño de abundante cabellera afro que aguardaba la llegada de su esposa. Al darse cuenta que hablaba castellano, le preguntó dónde podría conseguir un mapa del transporte público.
Ya en confianza, Antonio le reveló que su esposa lo había demandado y por decisión de un juez, estaba obligado a entregarle a ella el cincuenta por ciento de su salario. El automóvil lo tuvieron que vender y repartirse el dinero.
“Todo iba bien entre nosotros, hasta que sus amigas le metieron malas ideas y desde hace cuatro meses todos los fines de semana, sale a bailar, a divertirse y descuida a nuestros dos hijos. Cuando la enfrenté me llevó a la corte y el juez se puso de su lado. Ahora le doy la mitad de todo lo que gano y casi nunca se encuentra en la casa. Ya me comentaron que tiene un amante”, dijo el afligido marido.
Antes de despedirse, alcanzó a balbucir:
“Estoy pagando un poco de todas las tonterías que hice en San Salvador”.
Su esposa, aún con el uniforme de trabajo —bata azul y zapatos especiales con punta metálica— lo aguardaba en el interior del autobús urbano. Eduardo observó que empezaron a discutir. Ella manoteaba y le señalaba el reloj de pulsera. La unidad reinició su marcha sin que la pareja disminuyera el tono de su voz. Los otros pasajeros dormitaban, leían periódicos o libros o meditaban con la mirada fija, sin un lugar definido.
“Pobre cabrón”, pensó el periodista.
Eduardo cada semana escribía un reportaje y dos crónicas urbanas en el periódico Primera Plana. Los martes y miércoles entregaba su material y recibía algunas sugerencias para futuras investigaciones editoriales.
El patrocinador de la empresa periodística, Hernán Astudillo, tenía bajo su mando el manejo de una rediodifusora, Voces Latinas; un inmueble de dos niveles para oficinas y un templo de madera cargado de santos y vírgenes, donde cada domingo y días de guardar atendía a sus seguidores. Estaba bajo su servicio un ejército de inmigrantes con derecho al welfare. Uno de ellos era el propio periodista.
El éxito de este ecuatoriano llegado a Toronto en 1991, en calidad de refugiado y con una vieja guitarra a la espalda, no era compartido por sacerdotes y pastores de otras iglesias, principalmente la católica. Se le enjuiciaba por suponer que la radiodifusora era un negocio particular y en su funcionamiento se utilizaban recursos públicos. Algunos diarios de la localidad ventilaron el asunto y el cura anglicano —padre de familia y protegido de una mujer canadiense, involucrada al Centro Comunitario San Lorenzo— negaba los cargos y aseguraba que jamás había dispuesto o malversado recursos del centro comunitario o de Voces Latinas.
Problemas similares habían enfrentado otras organizaciones hispanas, patrocinadas por el gobierno canadiense. Por ejemplo, el Centro Comunitario York Hispano, ubicado en la avenida Eglinton 2696, enfrentó un drástico recorte presupuestal ante la posibilidad de existir malos manejos administrativos de una directiva saliente. Según el presidente de ese Centro, John William Patiño, recibían subsidios anuales de 100 mil dólares y, a consecuencia de una mala administración de sus antecesores, dejaron de percibir setenta mil en el mismo lapso. En el año 2005 estuvieron a punto de cerrar sus puertas.
Los centros comunitarios, de acuerdo a su normatividad, tenían como propósito fundamental apoyar a los hispanos de reciente ingreso a Canadá. Su trabajo lo sacaban adelante con apoyo de refugiados que realizaban ahí su voluntariado, a cambio de 100 mil dólares mensuales aportados por el gobierno de la ciudad. Cualquier hispano interesado podría recibir clases de música, jardinería, atención a bebés o gastronomía, con un pago simbólico de diez a 15 dólares de inscripción. También ayudaban a sacar citas para obtener welfare, servicios médicos, asesoría legal o solicitud de empleo. En el primer caso, el interprete, de acudir a las oficinas de Ontario Work, solicitaba una ayuda económica de entre 30 a 50 dólares.
Otro centro comunitario, el Para Gente de Habla Hispana, enfrentaba un problema similar. Eduardo escribió un reportaje sobre su funcionamiento. En su investigación periodística logró detectar las fuentes de financiamiento de este tipo de organizaciones estructuradas por latinos. El centro comunitario se encontraba enclavado en un tramo de la avenida Jane.
Escribió:
El Centro para Gente de Habla Hispana, a 32 años de su fundación aún no logra restañar heridas. Los trabajadores sindicalizados, en voz de su delegada, tienen la certeza que en la administración anterior hubo omisión y desvío de recursos económicos.
La duda y el malestar persisten.
Sin embargo, el director ejecutivo, Eduardo Garay ataja esa versión e insiste que su antecesora, Susan McCrae, jamás se “robo un peso”. Aún así, confirma que al llegar a ese cargo, el 22 de septiembre del 2003, encontró una organización en desbandada, con graves problemas administrativos y laborales. De existir alguna responsabilidad en McCrea, dice, sería la de no informar abiertamente de lo ocurrido en las finanzas a los empleados y a la propia Junta Directiva.
“El hecho de que esta persona no comunicaba o si lo comunicaba no lo hacía muy abiertamente. Eso lógicamente hace que la responsabilidad sea netamente de ella y eso fue lo que pasó”, apunta.
Garay revela que el déficit presupuestal detectado fue de 138 mil dólares, un 10 por ciento del dinero ejercido anualmente y que es aportado por cuatro ministerios federales, Ayuda Legal Ontario, la Municipalidad de Toronto y otras fundaciones y asociaciones privadas. El año pasado, el Centro tuvo ingresos por un millón 256 mil 16 dólares y en el 2005, ejerce un millón 355 mil 166.
La delegada sindical del Centro, Silvana Venegas Rubio se deslinda de lo ocurrido en el pasado y culpa a la anterior directora ejecutiva de afectar los ingresos económicos de los trabajadores y reducir drásticamente la planta laboral. De 26 empleados contratados antes del 2003, un año después diez fueron despedidos y hasta la fecha esas plazas siguen vacantes.
De los posibles malos manejos administrativos, se deslinda. Subraya:
“En ninguna forma tenemos responsabilidad, porque nosotros cumplimos nuestra parte. En las cosas de la administración, como somos nosotros sindicalizados, no tenemos acceso a los libros contables, a mucha información. Todo esa información es confidencial entre el director y la Junta Directiva”.
Y añade:
“Como no había la comunicación no sabíamos lo que se reportaba y lo que no se reportaba y también la única culpabilidad que podemos tomar es quizá cuando había reuniones y no se nos informaba a último momento. Por esa razón no lográbamos ir, pero también cuando asistíamos eran cosas confidenciales que no podíamos escuchar del personal y entonces estábamos al aire”.
El Centro para Gente de Habla Hispana experimentó sus peores momentos durante diciembre del 2003 a enero del 2004 cuando sus trabajadores se fueron a la huelga en protesta por los rígidos ajustes presupuestarios que realizó la Junta Directiva, entonces integrada por 14 voluntarios, y encabezada por el señor Elías Morales.
El director ejecutivo recuerda que en esas nueve semanas se puso en riesgo el prestigio de la institución, una de las más importantes en Toronto, y sobre todo, perdió liderazgo ante la comunidad hispana.
Dice:
“Encontré una organización en desbandada, que tenía problemas administrativos, de relaciones laborales, vinculación con problemas de la sociedad y necesitaba un cambio. Desafortunadamente estaba tocando el fondo en todo tipo de crisis que tenía, un poco de desprestigio en las cuentas de financiamiento. Estaba perdiendo un poco de sus baluartes”.
Garay, quince años atrás había sido integrante de la Junta Directiva, pero se desvinculó para hacer trabajo comunitario y terminar sus estudios universitarios. Al regresar y aceptar el cargo de director ejecutivo, de inmediato detectó también fallas administrativa.
Resalta:
“Cuando tomé la organización a mi me informaron que el Centro tenía un pequeño déficit de un 10 por ciento del presupuesto general: unos 138 mil dólares. Nuestro presupuesto es de un millón 300 mil o un millón 400 mil al año. Pero nunca supe, hasta cuando entré al Centro de que había problemas de moral, de personal; habían problemas financieros, de dirección y realmente tomé la organización cuando en alguna medida no la debiera haber tomado, o en las condiciones que estaba”.
Y abunda:
“Eso fue lo que encontré: una organización en caos. Entro a la organización y empiezo a trabajar con la Junta Directiva y con el personal. Repito, con la Junta Directiva se tomaron decisiones que no fueron populares, pero que eran necesarias. Renegociar el acuerdo colectivo y de acuerdo a la información que teníamos en ese momento era establecer los recortes salariales. Inclusive se llegó a plantear un recorte del 27 por ciento, que era un recorte bastante amplio, porque no se vislumbra otra opción. Me tocó eso y la huelga y enfrentar un proceso de negociación difícil, de nueve semanas. El personal decidió no aceptar las nuevas condiciones y decidió irse a la huelga, en la peor época del año: de diciembre del 2003 al enero del 2004.
“Cuando se terminó la huelga, el proceso de negociación fue arduo, pero por lo menos dejó cosas muy claras. Empezamos a mirar las finanzas del Centro y, por otro lado, el personal aportó por medio de recortes de salarios su parte para salir de la crisis. Aportaron por diez meses los empleados de tiempo completo y tuvieron un descuento del 20 por ciento. Y se empezó a mirar qué sucedía con la organización y las finanzas y empezamos a hacer un mejor trabajo, a través de la Junta Directiva”.
--¿Sigue el déficit del 10 por ciento anual, como cuando recibió la dirección ejecutiva? —se le pregunta.
“No, ya no es del diez por ciento, pero todavía tenemos obligaciones. Estamos en unos cincuenta a sesenta mil dólares, pero son obligaciones a dos o tres años. O sea, que no es un déficit que hay que pagarlo ya o se cerraba la organización. Es un déficit de manejo a dos o tres años. Fuera de eso, terminamos este año fiscal con dinero en caja que nos sirve para suplir las obligaciones y hemos empezando también a restituir las posiciones que se tuvieron que recortar durante los ajustes. En estos momentos estamos cortos en dos personas, pero estamos ya dando pasos para abrirlas. De pronto no tiempo completo, pero sí de un 70 por ciento”.
—¿Qué pasa con los responsables de provocar esta crisis financiera?
“Hay una cosa que debo aclarar: aquí nadie se robó un peso. No es que alguien se fue con un dinero y eso no ha sucedido. Las cuentas están claras. Tal vez el manejo no fue claro. Por decir algo, había que pagarle a Revenue Canadá los impuestos que se le sacan a los empleados. La Junta Directiva firmó los cheques, pero la administradora anterior decidió retenerlos y lo hizo por una razón de peso: con ese dinero pudo hacer las renovaciones en los primeros pisos y obviamente buscando arrendar el espacio y eso generó un hecho difícil. Cuando Revenue Canadá llegó por tercera vez, ya quería embargar. Esa es la cuestión administrativa. No es que alguien se llevó dinero.
“Hubieran sido explicables estas fallas si ella lo hubiera explicado claro. Si el personal o el sindicato o la Junta Directiva hubieran estado informados. El hecho de que esta persona no comunicaba o si lo comunicaba no lo hacía muy abiertamente. Eso lógicamente hace que la responsabilidad sea netamente de ella y eso fue lo que pasó”.
La delegada sindical va más allá de esa exoneración. Afirma:
“En la huelga (McCrae) nunca mostró su cara, ni dio explicaciones. Yo siento que una persona inocente pelea hasta el final para probar su inocencia”.
—¿Fue desvío de recursos o simple omisión?
“Creo que las dos cosas. Pero como he dicho, los integrantes de la Junta Directiva son voluntarios y lamentablemente como son voluntarios, como se dijo en la Asamblea General Anual, tienen ellos responsabilidades muy grandes. Ellos manejan la plata, ellos firman y por eso yo digo: cuando no hay comunicación, tampoco hay transparencia legal”
De acuerdo al reporte financiero, distribuido por el propio Garay a la Junta Directiva durante la Asamblea General Anual 2004-2005, celebrada el 14 de septiembre, este año los Ministerios de Ciudadanía e Inmigración, de Ciudadanía Ontario, de Salud y de Familia, Niños y servicios Sociales, aportaron 131 mil 138, setenta y dos mil 458, 31 mil 979 y 177 mil 845 dólares, respectivamente.
Ayuda Legal Ontario aportó 416 mil 738 dólares que están destinados al pago de sus cinco abogados; el reembolso a gastos legales, apoyos a estudiantes de verano y equidad salarial. La Municipalidad de Toronto, a través de su Consejo de Salud, proporcionó 79 mil 668; la United Way of Greater Toronto, 227 mil 539; fundaciones y asociaciones, 120 mil 766; ingresos por renta de oficinas en el edificio del Centro, 67 mil 585; financiamiento, 26 mil 470; intereses y misceláneas, 960 y membresías, 20 dólares. El 70 por ciento de este dinero es canalizado al gasto corriente: salarios, material de oficina y el pago de servicios.
***
El sábado 30 de julio, bajo una llovizna pertinaz y un calor pegajoso y molesto, Eduardo decidió viajar a Leamington y experimentar en carne propia los tormentos del jornalero agrícola. Trabajaría temporalmente en una granja de pepino, propiedad de una familia menonita. En cinco días, el 4 de agosto, cumpliría ocho meses de residir en Toronto.
Había adelgazado en extremo y aún sobrevivía con ayuda del welfare. Ningún periódico hispano tenía interés en contratarlo y pagarle un salario digno por sus servicios. Los editores argumentaban no tener dinero o simplemente utilizaban material impreso de algunas agencias noticiosas para rellenar sus periódicos. Internet y la lejanía geográfica con Latinoamérica les facilitaba las cosas: difícilmente existían reclamos por el derecho de autor. Poco interesaban los asuntos domésticos, principalmente para una comunidad esclavizada al trabajo, los hijos y las deudas.
Sin embargo, el principal obstáculo que enfrentaba el periodista era el desconocimiento del inglés. Tendría que dominar esta lengua o quedar condenado al trabajo rudo, poco redituable y desvalorado por los propios latinos. En Leamington, por lo menos, conviviría con cerca de quince mil mexicanos y jamaiquinos: abono sustancial de mil 550 granjas (greehouse) y empacadoras de frutas y verduras.
Quedaría atrás, en medio de ese pequeño valle arbolado, la casona de los 900 dólares mensuales con sus moradores de duro temple y queja diaria. Ya no compartiría los fines de semana el locro invernal, la barbacoa de ternera y los tarrones de mate endulzado, hecho a base de hojas y tallos de una yerba importada del Argentina o Paraguay. Se iría con su tango a otra parte.
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