*La perversión de los capos
*La narcoinsurgencia visible
*Dios nos agarre confesados
Por Everardo Monroy Caracas
*La narcoinsurgencia visible
*Dios nos agarre confesados
Por Everardo Monroy Caracas
En menos de cuatro años, la guerra contra el narcotráfico ha dejado un saldo de casi 30 mil muertos, la mayoría menores de 35 años. Más de 600 mil policías y militares, diseminados en los dos mil 441 municipios del país han sido incapaces de detener la espiral de la violencia y poner orden.
Los primeros afectados son los 160 mil policías municipales, corrompidos o amenazados por el crimen organizado. Ellos, difícilmente pueden sustraerse a esa realidad pactada entre los barones de la droga y las comunas, encabezadas por los alcaldes. Un alto índice de uniformados, adictos a los enervantes y envilecidos por la violencia, son dados de alta como elementos de seguridad pública municipal. Existen infinidad de testimonios de ciudadanos y expolicias que corroboran el accionar de estos sicarios uniformados: intervienen en secuestros, torturas, ejecuciones, distribución de drogas y en actividades de inteligencia.
Al mismo tiempo, los capos pervierten el accionar de las otras instituciones de impartición de justicia en los estados y la federación. Las procuradurías, la secretaria de seguridad pública federal y hasta las fuerzas armadas de mar, aire y tierra son filtradas por el narcotráfico. Su poder corruptor es imparable. Algunos agentes del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional y empleados de Telmex intervienen teléfonos, filman, investigan y crackean cuentas de correos electrónicos. Toda la tecnología y el talento de profesionistas de la informatica al servicio del crimen organizado.
En reciente debate organizado por el Senado de la Republica, el doctor en ciencias políticas y penales de la Universidad Autónoma de México, Pedro Peñalosa, aseguró que el 63 por ciento de los municipios mexicanos, mil 563, ya tienen presencia abierta del narcotráfico. Por lo mismo, no debe minimizarse el comentario vertido, a mediados de septiembre de este año, por la Secretaria de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Hillary Clinton, de que en el país existe ya una especie de narcoinsurgencia, sin ideología política.
“Nada que ver con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que si tienen filiación marxista-leninista, y que tienen un objetivo claro de llegar al poder público por la vía armada”, como lo expresó a la prensa mexicana el senador republicano estadounidense, Richard Lugar.
El accionar de los narcotraficantes es devastador. Los municipios de Ciudad Juárez y Monterrey son prueba palpable de los estragos causados por esta guerra sin sentido, alentada por el presidente Felipe Calderón, fumador de tabaco y asiduo bebedor de alcohol.
En Ciudad Juárez, el alcalde saliente, José Reyes Ferriz, le reveló a la reportera del semanario Proceso, Patricia Dávila, que en tres años los enfrentamientos entre sicarios, militares y policías “dejaron un saldo de siete mil muertos, entre ellos 190 policías; 10 mil huérfanos, 250 mil juarenses emigraron a causa de la violencia; cerraron 10 mil negocios; se perdieron 130 mil empleos; hay 25 mil viviendas abandonadas y 80 mil adictos”.
El alcalde de Monterrey, Nuevo León, Fernando Larrazabal Beltron también pinta un panorama negro en su municipio: el 70 por ciento de los comerciantes de las centrales de abasto pagan mensualmente extorsiones de mil a cinco mil pesos para no ser molestados y unos doscientos restaurantes, bares y hoteles cerraron sus puertas ante el embate de la delincuencia.
“Cientos de empresarios han tenido que abandonar al estado y radicar en los Estados Unidos”, precisó.
Aunado a eso, constantemente los sicarios bloquean carreteras y avenidas, se enfrentan con las fuerzas armadas y tienen en jaque a la población. En fuego cruzado entre sicarios y militares han asesinado a personas inocentes, entre ellas a dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, y “la ciudadanía vive con temor y la desesperanza”.
El mismo drama lo enfrentan la mayoría de los estados del país y el gobierno federal, en voz de Felipe Calderón, no planea dar marcha atrás a su cruzada belicista. Por el contrario, ya anunció que los militares seguirán en las calles y carreteras y que es necesario unir en un solo mando a policías municipales, estatales y federales para revertir el avance de la narcoinsurgencia. En una palabra, crear una especie de comando general, de corte fascista, que actuará bajo el mando del Pentágono y las fuerzas más oscuras de la ultraderecha internacional. Eso es incuestionable, únicamente hay que leer los acuerdos del Plan Mérida, signado por George W. Bush y Felipe Calderón. Que Dios nos agarre confesados.
Los primeros afectados son los 160 mil policías municipales, corrompidos o amenazados por el crimen organizado. Ellos, difícilmente pueden sustraerse a esa realidad pactada entre los barones de la droga y las comunas, encabezadas por los alcaldes. Un alto índice de uniformados, adictos a los enervantes y envilecidos por la violencia, son dados de alta como elementos de seguridad pública municipal. Existen infinidad de testimonios de ciudadanos y expolicias que corroboran el accionar de estos sicarios uniformados: intervienen en secuestros, torturas, ejecuciones, distribución de drogas y en actividades de inteligencia.
Al mismo tiempo, los capos pervierten el accionar de las otras instituciones de impartición de justicia en los estados y la federación. Las procuradurías, la secretaria de seguridad pública federal y hasta las fuerzas armadas de mar, aire y tierra son filtradas por el narcotráfico. Su poder corruptor es imparable. Algunos agentes del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional y empleados de Telmex intervienen teléfonos, filman, investigan y crackean cuentas de correos electrónicos. Toda la tecnología y el talento de profesionistas de la informatica al servicio del crimen organizado.
En reciente debate organizado por el Senado de la Republica, el doctor en ciencias políticas y penales de la Universidad Autónoma de México, Pedro Peñalosa, aseguró que el 63 por ciento de los municipios mexicanos, mil 563, ya tienen presencia abierta del narcotráfico. Por lo mismo, no debe minimizarse el comentario vertido, a mediados de septiembre de este año, por la Secretaria de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Hillary Clinton, de que en el país existe ya una especie de narcoinsurgencia, sin ideología política.
“Nada que ver con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que si tienen filiación marxista-leninista, y que tienen un objetivo claro de llegar al poder público por la vía armada”, como lo expresó a la prensa mexicana el senador republicano estadounidense, Richard Lugar.
El accionar de los narcotraficantes es devastador. Los municipios de Ciudad Juárez y Monterrey son prueba palpable de los estragos causados por esta guerra sin sentido, alentada por el presidente Felipe Calderón, fumador de tabaco y asiduo bebedor de alcohol.
En Ciudad Juárez, el alcalde saliente, José Reyes Ferriz, le reveló a la reportera del semanario Proceso, Patricia Dávila, que en tres años los enfrentamientos entre sicarios, militares y policías “dejaron un saldo de siete mil muertos, entre ellos 190 policías; 10 mil huérfanos, 250 mil juarenses emigraron a causa de la violencia; cerraron 10 mil negocios; se perdieron 130 mil empleos; hay 25 mil viviendas abandonadas y 80 mil adictos”.
El alcalde de Monterrey, Nuevo León, Fernando Larrazabal Beltron también pinta un panorama negro en su municipio: el 70 por ciento de los comerciantes de las centrales de abasto pagan mensualmente extorsiones de mil a cinco mil pesos para no ser molestados y unos doscientos restaurantes, bares y hoteles cerraron sus puertas ante el embate de la delincuencia.
“Cientos de empresarios han tenido que abandonar al estado y radicar en los Estados Unidos”, precisó.
Aunado a eso, constantemente los sicarios bloquean carreteras y avenidas, se enfrentan con las fuerzas armadas y tienen en jaque a la población. En fuego cruzado entre sicarios y militares han asesinado a personas inocentes, entre ellas a dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, y “la ciudadanía vive con temor y la desesperanza”.
El mismo drama lo enfrentan la mayoría de los estados del país y el gobierno federal, en voz de Felipe Calderón, no planea dar marcha atrás a su cruzada belicista. Por el contrario, ya anunció que los militares seguirán en las calles y carreteras y que es necesario unir en un solo mando a policías municipales, estatales y federales para revertir el avance de la narcoinsurgencia. En una palabra, crear una especie de comando general, de corte fascista, que actuará bajo el mando del Pentágono y las fuerzas más oscuras de la ultraderecha internacional. Eso es incuestionable, únicamente hay que leer los acuerdos del Plan Mérida, signado por George W. Bush y Felipe Calderón. Que Dios nos agarre confesados.
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