lunes, 7 de febrero de 2011
Canadá: Fusilados/XVI
Por Everardo Monroy Caracas
...el caballero embriagado que llegaba a casa ya
entrada la noche, abría una puerta que no era la suya, se metía en la habitación que no era la suya, se acostaba con una desconocida, se levantaba temprano y se
marchaba a trabajar sin que ninguno de los dos hubiese notado nada...
Ray Bradbury
entrada la noche, abría una puerta que no era la suya, se metía en la habitación que no era la suya, se acostaba con una desconocida, se levantaba temprano y se
marchaba a trabajar sin que ninguno de los dos hubiese notado nada...
Ray Bradbury
En el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración miles de historias de persecución y tortura le dan vida y sentido laboral a su burocracia. Los jueces permanentemente son actualizados sobre el desarrollo político, social y económico de los países generadores de inmigrantes, entre ellos de América Latina. Una vez al año viajan a México, Centro y Sudamérica y se allegan de información fresca, afín a los intereses económicos de Canadá.
Sin embargo, algunos jueces de reciente ingreso nunca han tenido la oportunidad de viajar fuera de las fronteras de Canadá, menos a los países tercermundistas. Por lo tanto, ignoran los niveles de corrupción existentes en las altas esferas gubernamentales y la falta de protección oficial a víctimas del crimen organizado o policías y militares torturadores.
La mayoría de inmigrantes ingresan a Toronto por el aeropuerto. En algún tiempo lo hacían por tierra cuando contaban con una visa estadounidense, pero ello se modificó ante la presión estadounidense y la firma del Third Safe Country Agreement (Acuerdo del tercer país seguro). Eso se materializó a finales de diciembre del 2004.
Los inmigrantes que en el aeropuerto dicen la palabra “refugiado” de inmediato son esposados e interrogados por agentes migratorios. Entran a una especie de “no zone land” o tierra de nadie y ningún abogado o familiar tendrá acceso a esa parte del inmueble hasta que lo decida el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración.
En la mayoría de los casos los trasladan al centro de detención que se encuentra en la avenida Rexdale 385. Los agentes migratorios presionan para que el inmigrante se desista de recibir la protección del gobierno canadiense y, por su propia voluntad, acceda retornar a su país de origen.
En contadas ocasiones, los detenidos son hospitalizados al presentar síntomas de infarto o derrame cerebral. La presión ejercida por los agentes pone en riesgo su vida, porque en la mayoría de los casos, no tienen la necesidad de refugiarse. Lo hacen por sugerencia de algún familiar, amigo o abogado. Tener ese estatus legal en Canadá significa recibir welfare durante dos años, estudiar inglés gratuitamente y obtener, en tres o cuatro meses, un permiso de trabajo.
Una mujer mexicana, oriunda de Guadalajara, Jalisco, enfrentó la dureza de los agentes migratorios del aeropuerto de Toronto. Llegó en compañía de sus tres hijos, menores de edad, y únicamente llevaba dos direcciones de conocidos, y la consigna de solicitar refugio político al ingresar a Canadá.
“¿Qué viene usted a hacer aquí?”, fue lo primero que le preguntaron al llegar a la sala del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración.
“Vengo a refugiarme, porque tengo problemas con mi marido en México y él es un policía judicial federal”, dijo María Isabel Hernández.
“Es usted una criminal”, exclamó la mujer uniformada, de cabello corto. “Usted no tiene problemas en su país, usted viene aquí a robarle su dinero a los contribuyentes”.
“Eso es mentira”, dijo casi sollozante, María Isabel. Asustados, sus hijos observaron la escena. “Mi marido es judicial y quiere matarme, constantemente me golpeaba”.
“No sólo es una criminal, sino mentirosa. Reconózcalo, usted es una mentirosa”, insistió la agente.
Los otros tres uniformados, erguidos, con los dedos pulgares en el cinturón, dejaron que su compañera hiciera el trabajo sucio. Todo ocurrió en un reducido cubículo de madera, muy iluminado.
Isabel y sus hijos permanecieron una noche y parte del día en el centro de detención. Un oficial migratorio, después de consultarlo con sus superiores, le autorizó aplicar como refugiada.
“Haga la petición, pero diga la verdad. Muchos mexicanos mienten y sangran las bondades de nuestro sistema migratorio”, le dijo.
El caso de María Isabel no era el único que se registraba en el aeropuerto de Toronto: diariamente un promedio de diez a veinte latinos intentaban establecerse en Canadá, a través de ese medio legal. En la mayoría de los casos funcionaba, porque los agentes jamás lograrían deportar al solicitante, sin darle derecho a ser escuchado en una audiencia por un juez migratorio. La ley era muy clara al respecto.
Sin embargo, de diez latinos recién llegados, dos se desistían al no soportar la tortura emocional o caer en una serie de contradicciones que ponía en duda su verdad. De ser así, el mismo agente migratorio advertía sobre los riegos legales a enfrentar de demostrarse que estaba mintiendo.
Eduardo entrevistó a tres abogados latinos contratados por inmigrantes de recién ingreso. Incluso, contactó con Francisco Rico-Martínez, Co-Director del FCJ Refugee Centro, una organización no gubernamental que trabajaba con hispanos. El abogado salvadoreño, hosco y muy bien informado de las políticas migratorias canadienses, estaba convencido de que sentimientos racistas, discriminatorios, movían a algunos funcionarios del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración.
El reportero, tras entrevistarlo en su oficina de la avenida Oakwood, escribió y publicó en el semanario Primera Plana su tesis. Rico-Martínez era Master de Economía y miembro de Refugee Law Advisor Committee y de National Anti-Racismo Council.
«En Canadá hay una política discriminatoria que llega a niveles de racismo lesiva a los intereses de los inmigrantes», le dice al reportero. «De ahí que», agrega, «no se hayan logrado las metas de allegarse más recursos humanos para su desarrollo».
“Para el investigador, Canadá es un país que está envejeciendo rápidamente porque su Población Económicamente Activa en promedio es arriba de los 45 años. Son precisamente los inmigrantes de los últimos 20 años quienes tienen más hijos, aclara.
“Y subraya:
“Si Canadá quiere seguir con el nivel de desarrollo que tiene debe aumentar su tasa de crecimiento poblacional. Por lo menos llevarla arriba de lo que es el crecimiento económico anual. Canadá tiene un crecimiento de 4.5 por ciento y su población crece menos del 1.5 por ciento. O sea que los recursos humanos de los cuales tiene acceso Canadá se van reduciendo paulatinamente y la tasa de crecimiento llega al 1.5 porque hay migración.”.
“—¿Canadá realmente necesita a los inmigrantes? —se le pregunta.
“Claro que sí. Alguna gente conservadora habla de que el desarrollo tecnológico va a evitar la necesidad del crecimiento poblacional, relacionado al desarrollo económico. Yo no creo que sea cierto, porque no solo está la producción sino también se necesita gente para que consuma y si no hay consumo va a haber una sola sobreproducción de cosas y el sistema tiende a tronar por saturación. En ese contexto desde cualquier punto de vista que se vea, ya sea en el marco de recursos humanos para la producción, de fuentes de adquisición, Canadá necesita un número inmenso de migrantes”.
“Abunda:
“Estamos trayendo aproximadamente unos 280 mil a 300 mil al año, entre refugiados, emigrantes y lo demás. En el último estudio que se ha hecho se habla que para asegurar tener una proyección poblacional aceptable para el marco del desarrollo deberíamos estar trayendo como mínimo un millón de personas al año”.
“Y asegura que desde la perspectiva de territorio, Canadá es uno de los países más despoblados del mundo. “Se cree”, explica, “que sólo tenemos habitado el cinco por ciento del territorio. Hay territorios vírgenes y muy ricos, que sería todo el polo, toda la zona norte, los territorios, recursos naturales, etcétera”.
“Por lo mismo, considera que los canadienses tienen una obligación histórica para traer un mayor número de personas a este país.
“Señala:
“Sobre todo cuando se ve una densidad demográfica en ciertos lugares que genera problemas de carácter social y económico, como sería la pobreza. Canadá es una de las siete potencias. Tiene uno de los Productos Internos Brutos más grandes que hay, es uno de los países que acumula más riquezas en el marco de la producción e intercambio comercial. Por ende, tenemos los recursos en abundancia para poder tener a un millón o dos millones de personas si así lo decide el gobierno en turno”.
“—¿Cómo cubrir esa demanda de mano de obra en Canadá?
“Lo que hay que hacer es flexibilizar nuestros programas migratorios y reducir lo que sería realmente el aspecto clasista y discriminatorio que hay en los mismos. Antes, la historia de Canadá era traer al pobre y este país se nutre de los pobres del mundo, de Europa. Cuando el color de la piel cambia ya no le interesan al gobierno canadiense los pobres, sino los que tienen títulos universitarios y dinero para invertir. Hace una política clasista que discrimina a todos los inmigrantes pobres del mundo, que no tienen entre comillas un capital o un título universitario que venir a aportar.
“Sobre esa base, la única forma que nosotros tenemos para lograr este millón de personas al año, es parar la discriminación por pobreza y empezamos a traer inmigrantes que quieren trabajar, quieren vivir aquí, que están huyendo de alguna cuestión de persecución, pobreza o lo que sea. Y les abrimos las puertas sin discriminación, sin exigir un título académico o un capital para invertir, sino simplemente exigir el deseo de construir una sociedad mejor y de trabajar por el futuro de este país”.
“Más adelante hace una serie de interrogantes:
“¿Cómo es posible que el mejor país para vivir tenga problemas para llenar la meta que ellos se han puesto de inmigrantes que tienen que entrar a este país? Esto es risible. Y esto es risible porque hay una política discriminatoria que llega a niveles de racismo.
“¿Por qué usted ve que los recursos migratorios han sido divididos, distribuidos a nivel mundial, en base a criterios racistas? ¿Por qué no metemos al mayor número de oficiales migratorios procesando aplicaciones en África? ¿Por qué no los metemos en Asia? ¿Por qué no los metemos en Latinoamérica? ¿Por qué tenemos que concentrar el mayor número de oficiales en Europa? ¿Por qué tenemos que concentrar al mayor número en América del Norte, en Estados Unidos? ¿Por qué?”
“Rico-Martínez se responde:
“Porque hay criterios de discriminación establecidos en el marco de distribución de los recursos para ejecutar la política migratoria”.
“Y puntualiza:
“Sobre esa base, si nosotros suprimimos todos los criterios de discriminación vamos a lograr una política mucho más equitativa, que le va a permitir a la población necesitada emigrar a Canadá. No vamos a tener problemas para llenar una meta interior”.
Los mexicanos son quienes utilizan más los servicios de las líneas aéreas comerciales. Pobladores de otros países latinos, principalmente colombianos, jamaiquinos o cubanos, lo hacían por tierra, desde los Estados Unidos. Primero ingresaban a los Estados Unidos, se asentaban uno o dos años en Florida, y después se internaban a territorio canadiense. Entonces solicitaban el refugio político sin inmutarse.
Sin embargo, desde diciembre del 2004 esa situación cambió radicalmente. El gobierno canadiense aceptó la propuesta de su igual en Estados Unidos de negarles ese derecho de asilo. Ya no más, les dijeron. Aún así, algunos turistas, principalmente de Cuba, aplicaban como refugiados en su afán de quedarse en Canadá y desde ahí, ya como residentes, tener un mayor acceso a sus familiares en la isla caribeña. De no ser así, el gobierno estadounidense únicamente les permitía visitar Cuba una vez cada tres años. Canadá no tenía ese problema.
En México, los interesados en trabajar en Canadá se allegaban de un paquete turístico que incluía hotel, transportación y visita a las cataratas del Niagara y un casino construido en la ciudad de Niagara Falls. 115 kilómetros de carretera hay entre ese lugar y Toronto. En esa aventura obligada invertían hasta 15 mil pesos, unos mil 500 dólares canadienses, y probablemente uno de cada diez mexicanos utilizaba realmente esos servicios. De tener la anuencia de los agentes migratorios para que ingresaran al país en calidad de turistas, lo primero que hacían era buscar a sus contactos y establecerse temporalmente en cualquier habitación prestada. Jamás dormían en la mullida cama del hotel o utilizaban la limusina para apostar en las tragamonedas de los casinos.
“En mi caso, yo sí fui al casino y dormí en el hotel que tenía hasta jacuzzi, de pendejo no lo hago”, comentó Javier Elizalde, su gordura vibraba al soltar una risa parecida a la del tejón.
Eduardo lo conoció en las oficinas de Ontario Work donde aplicaría para el welfare. Iba en compañía de su esposa Lola, quien entró un mes después a Toronto, con un paquete turístico similar al de Javier. Sólo que ella, al descender del avión y lograr evadir la hosquedad de los agentes migratorios, viajó a Leamington, una comunidad rural construida a cuatro horas de Toronto.
Un día después, Lola ingresó a una empacadora de tomate, mientras que Javier trabajaba en la pizca de manzana. Por sugerencia de un compañero de casa, ambos decidieron regresar a Toronto y aplicar como refugiados políticos. El motivo: intentar traerse a sus cuatro hijos y vivir bajo el apoyo económico del gobierno.
“En dos años, mis chamacos aprenderán inglés y si nos regresan, ya llevamos dinero y un nuevo idioma. Por eso vale la pena estar aquí, aunque se encabronen los canadienses”, dijo Javier y una nueva carcajada de roedor atronó en la sala de espera de la oficina pública.
“¿Y vale la pena Leamington?”, preguntó el periodista.
“Pura chinga, día y noche, pero a eso viene uno aquí: a chingarse y ganar dinero”, respondió Javier.
Sin embargo, algunos jueces de reciente ingreso nunca han tenido la oportunidad de viajar fuera de las fronteras de Canadá, menos a los países tercermundistas. Por lo tanto, ignoran los niveles de corrupción existentes en las altas esferas gubernamentales y la falta de protección oficial a víctimas del crimen organizado o policías y militares torturadores.
La mayoría de inmigrantes ingresan a Toronto por el aeropuerto. En algún tiempo lo hacían por tierra cuando contaban con una visa estadounidense, pero ello se modificó ante la presión estadounidense y la firma del Third Safe Country Agreement (Acuerdo del tercer país seguro). Eso se materializó a finales de diciembre del 2004.
Los inmigrantes que en el aeropuerto dicen la palabra “refugiado” de inmediato son esposados e interrogados por agentes migratorios. Entran a una especie de “no zone land” o tierra de nadie y ningún abogado o familiar tendrá acceso a esa parte del inmueble hasta que lo decida el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración.
En la mayoría de los casos los trasladan al centro de detención que se encuentra en la avenida Rexdale 385. Los agentes migratorios presionan para que el inmigrante se desista de recibir la protección del gobierno canadiense y, por su propia voluntad, acceda retornar a su país de origen.
En contadas ocasiones, los detenidos son hospitalizados al presentar síntomas de infarto o derrame cerebral. La presión ejercida por los agentes pone en riesgo su vida, porque en la mayoría de los casos, no tienen la necesidad de refugiarse. Lo hacen por sugerencia de algún familiar, amigo o abogado. Tener ese estatus legal en Canadá significa recibir welfare durante dos años, estudiar inglés gratuitamente y obtener, en tres o cuatro meses, un permiso de trabajo.
Una mujer mexicana, oriunda de Guadalajara, Jalisco, enfrentó la dureza de los agentes migratorios del aeropuerto de Toronto. Llegó en compañía de sus tres hijos, menores de edad, y únicamente llevaba dos direcciones de conocidos, y la consigna de solicitar refugio político al ingresar a Canadá.
“¿Qué viene usted a hacer aquí?”, fue lo primero que le preguntaron al llegar a la sala del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración.
“Vengo a refugiarme, porque tengo problemas con mi marido en México y él es un policía judicial federal”, dijo María Isabel Hernández.
“Es usted una criminal”, exclamó la mujer uniformada, de cabello corto. “Usted no tiene problemas en su país, usted viene aquí a robarle su dinero a los contribuyentes”.
“Eso es mentira”, dijo casi sollozante, María Isabel. Asustados, sus hijos observaron la escena. “Mi marido es judicial y quiere matarme, constantemente me golpeaba”.
“No sólo es una criminal, sino mentirosa. Reconózcalo, usted es una mentirosa”, insistió la agente.
Los otros tres uniformados, erguidos, con los dedos pulgares en el cinturón, dejaron que su compañera hiciera el trabajo sucio. Todo ocurrió en un reducido cubículo de madera, muy iluminado.
Isabel y sus hijos permanecieron una noche y parte del día en el centro de detención. Un oficial migratorio, después de consultarlo con sus superiores, le autorizó aplicar como refugiada.
“Haga la petición, pero diga la verdad. Muchos mexicanos mienten y sangran las bondades de nuestro sistema migratorio”, le dijo.
El caso de María Isabel no era el único que se registraba en el aeropuerto de Toronto: diariamente un promedio de diez a veinte latinos intentaban establecerse en Canadá, a través de ese medio legal. En la mayoría de los casos funcionaba, porque los agentes jamás lograrían deportar al solicitante, sin darle derecho a ser escuchado en una audiencia por un juez migratorio. La ley era muy clara al respecto.
Sin embargo, de diez latinos recién llegados, dos se desistían al no soportar la tortura emocional o caer en una serie de contradicciones que ponía en duda su verdad. De ser así, el mismo agente migratorio advertía sobre los riegos legales a enfrentar de demostrarse que estaba mintiendo.
Eduardo entrevistó a tres abogados latinos contratados por inmigrantes de recién ingreso. Incluso, contactó con Francisco Rico-Martínez, Co-Director del FCJ Refugee Centro, una organización no gubernamental que trabajaba con hispanos. El abogado salvadoreño, hosco y muy bien informado de las políticas migratorias canadienses, estaba convencido de que sentimientos racistas, discriminatorios, movían a algunos funcionarios del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración.
El reportero, tras entrevistarlo en su oficina de la avenida Oakwood, escribió y publicó en el semanario Primera Plana su tesis. Rico-Martínez era Master de Economía y miembro de Refugee Law Advisor Committee y de National Anti-Racismo Council.
«En Canadá hay una política discriminatoria que llega a niveles de racismo lesiva a los intereses de los inmigrantes», le dice al reportero. «De ahí que», agrega, «no se hayan logrado las metas de allegarse más recursos humanos para su desarrollo».
“Para el investigador, Canadá es un país que está envejeciendo rápidamente porque su Población Económicamente Activa en promedio es arriba de los 45 años. Son precisamente los inmigrantes de los últimos 20 años quienes tienen más hijos, aclara.
“Y subraya:
“Si Canadá quiere seguir con el nivel de desarrollo que tiene debe aumentar su tasa de crecimiento poblacional. Por lo menos llevarla arriba de lo que es el crecimiento económico anual. Canadá tiene un crecimiento de 4.5 por ciento y su población crece menos del 1.5 por ciento. O sea que los recursos humanos de los cuales tiene acceso Canadá se van reduciendo paulatinamente y la tasa de crecimiento llega al 1.5 porque hay migración.”.
“—¿Canadá realmente necesita a los inmigrantes? —se le pregunta.
“Claro que sí. Alguna gente conservadora habla de que el desarrollo tecnológico va a evitar la necesidad del crecimiento poblacional, relacionado al desarrollo económico. Yo no creo que sea cierto, porque no solo está la producción sino también se necesita gente para que consuma y si no hay consumo va a haber una sola sobreproducción de cosas y el sistema tiende a tronar por saturación. En ese contexto desde cualquier punto de vista que se vea, ya sea en el marco de recursos humanos para la producción, de fuentes de adquisición, Canadá necesita un número inmenso de migrantes”.
“Abunda:
“Estamos trayendo aproximadamente unos 280 mil a 300 mil al año, entre refugiados, emigrantes y lo demás. En el último estudio que se ha hecho se habla que para asegurar tener una proyección poblacional aceptable para el marco del desarrollo deberíamos estar trayendo como mínimo un millón de personas al año”.
“Y asegura que desde la perspectiva de territorio, Canadá es uno de los países más despoblados del mundo. “Se cree”, explica, “que sólo tenemos habitado el cinco por ciento del territorio. Hay territorios vírgenes y muy ricos, que sería todo el polo, toda la zona norte, los territorios, recursos naturales, etcétera”.
“Por lo mismo, considera que los canadienses tienen una obligación histórica para traer un mayor número de personas a este país.
“Señala:
“Sobre todo cuando se ve una densidad demográfica en ciertos lugares que genera problemas de carácter social y económico, como sería la pobreza. Canadá es una de las siete potencias. Tiene uno de los Productos Internos Brutos más grandes que hay, es uno de los países que acumula más riquezas en el marco de la producción e intercambio comercial. Por ende, tenemos los recursos en abundancia para poder tener a un millón o dos millones de personas si así lo decide el gobierno en turno”.
“—¿Cómo cubrir esa demanda de mano de obra en Canadá?
“Lo que hay que hacer es flexibilizar nuestros programas migratorios y reducir lo que sería realmente el aspecto clasista y discriminatorio que hay en los mismos. Antes, la historia de Canadá era traer al pobre y este país se nutre de los pobres del mundo, de Europa. Cuando el color de la piel cambia ya no le interesan al gobierno canadiense los pobres, sino los que tienen títulos universitarios y dinero para invertir. Hace una política clasista que discrimina a todos los inmigrantes pobres del mundo, que no tienen entre comillas un capital o un título universitario que venir a aportar.
“Sobre esa base, la única forma que nosotros tenemos para lograr este millón de personas al año, es parar la discriminación por pobreza y empezamos a traer inmigrantes que quieren trabajar, quieren vivir aquí, que están huyendo de alguna cuestión de persecución, pobreza o lo que sea. Y les abrimos las puertas sin discriminación, sin exigir un título académico o un capital para invertir, sino simplemente exigir el deseo de construir una sociedad mejor y de trabajar por el futuro de este país”.
“Más adelante hace una serie de interrogantes:
“¿Cómo es posible que el mejor país para vivir tenga problemas para llenar la meta que ellos se han puesto de inmigrantes que tienen que entrar a este país? Esto es risible. Y esto es risible porque hay una política discriminatoria que llega a niveles de racismo.
“¿Por qué usted ve que los recursos migratorios han sido divididos, distribuidos a nivel mundial, en base a criterios racistas? ¿Por qué no metemos al mayor número de oficiales migratorios procesando aplicaciones en África? ¿Por qué no los metemos en Asia? ¿Por qué no los metemos en Latinoamérica? ¿Por qué tenemos que concentrar el mayor número de oficiales en Europa? ¿Por qué tenemos que concentrar al mayor número en América del Norte, en Estados Unidos? ¿Por qué?”
“Rico-Martínez se responde:
“Porque hay criterios de discriminación establecidos en el marco de distribución de los recursos para ejecutar la política migratoria”.
“Y puntualiza:
“Sobre esa base, si nosotros suprimimos todos los criterios de discriminación vamos a lograr una política mucho más equitativa, que le va a permitir a la población necesitada emigrar a Canadá. No vamos a tener problemas para llenar una meta interior”.
Los mexicanos son quienes utilizan más los servicios de las líneas aéreas comerciales. Pobladores de otros países latinos, principalmente colombianos, jamaiquinos o cubanos, lo hacían por tierra, desde los Estados Unidos. Primero ingresaban a los Estados Unidos, se asentaban uno o dos años en Florida, y después se internaban a territorio canadiense. Entonces solicitaban el refugio político sin inmutarse.
Sin embargo, desde diciembre del 2004 esa situación cambió radicalmente. El gobierno canadiense aceptó la propuesta de su igual en Estados Unidos de negarles ese derecho de asilo. Ya no más, les dijeron. Aún así, algunos turistas, principalmente de Cuba, aplicaban como refugiados en su afán de quedarse en Canadá y desde ahí, ya como residentes, tener un mayor acceso a sus familiares en la isla caribeña. De no ser así, el gobierno estadounidense únicamente les permitía visitar Cuba una vez cada tres años. Canadá no tenía ese problema.
En México, los interesados en trabajar en Canadá se allegaban de un paquete turístico que incluía hotel, transportación y visita a las cataratas del Niagara y un casino construido en la ciudad de Niagara Falls. 115 kilómetros de carretera hay entre ese lugar y Toronto. En esa aventura obligada invertían hasta 15 mil pesos, unos mil 500 dólares canadienses, y probablemente uno de cada diez mexicanos utilizaba realmente esos servicios. De tener la anuencia de los agentes migratorios para que ingresaran al país en calidad de turistas, lo primero que hacían era buscar a sus contactos y establecerse temporalmente en cualquier habitación prestada. Jamás dormían en la mullida cama del hotel o utilizaban la limusina para apostar en las tragamonedas de los casinos.
“En mi caso, yo sí fui al casino y dormí en el hotel que tenía hasta jacuzzi, de pendejo no lo hago”, comentó Javier Elizalde, su gordura vibraba al soltar una risa parecida a la del tejón.
Eduardo lo conoció en las oficinas de Ontario Work donde aplicaría para el welfare. Iba en compañía de su esposa Lola, quien entró un mes después a Toronto, con un paquete turístico similar al de Javier. Sólo que ella, al descender del avión y lograr evadir la hosquedad de los agentes migratorios, viajó a Leamington, una comunidad rural construida a cuatro horas de Toronto.
Un día después, Lola ingresó a una empacadora de tomate, mientras que Javier trabajaba en la pizca de manzana. Por sugerencia de un compañero de casa, ambos decidieron regresar a Toronto y aplicar como refugiados políticos. El motivo: intentar traerse a sus cuatro hijos y vivir bajo el apoyo económico del gobierno.
“En dos años, mis chamacos aprenderán inglés y si nos regresan, ya llevamos dinero y un nuevo idioma. Por eso vale la pena estar aquí, aunque se encabronen los canadienses”, dijo Javier y una nueva carcajada de roedor atronó en la sala de espera de la oficina pública.
“¿Y vale la pena Leamington?”, preguntó el periodista.
“Pura chinga, día y noche, pero a eso viene uno aquí: a chingarse y ganar dinero”, respondió Javier.
domingo, 6 de febrero de 2011
El rancho o la vida
El avance de la delincuencia organizada contradice la actitud triunfalista del gobierno de Felipe Calderón, que insiste en publicitar cada ‘golpe’ que asesta a los criminales. Lo cierto es que los narcotraficantes han optado por ampliar sus operaciones y encontraron una rica veta en el secuestro y el despojo
Por Ricardo Ravelo
MÉXICO, DF.- El combate al crimen organizado no sólo ha diseminado a los grupos criminales a lo largo y ancho del país provocando matanzas y tensión, sino que también detonó el secuestro de pequeños y medianos empresarios, quienes tras pagar sus rescates se ven obligados a entregar su patrimonio ante amenazas de muerte.
Esta nueva modalidad del crimen organizado se inscribe en la llamada "diversificación de actividades" con que los cárteles de la droga obtienen grandes ganancias. De esta manera, aunque el narcotráfico es un negocio boyante ya no es su única fuente de ingresos.
Los primeros en realizar secuestros y arrebatar bienes a las víctimas fueron "Los Zetas", otrora brazo armado del cártel del Golfo y ahora reconocidos dentro y fuera de México como un cártel independiente. Le siguieron otras organizaciones delictivas como "La Familia" michoacana, el cártel de Juárez y todas las ramificaciones que conforman el de Sinaloa, el más poderoso que opera en México.
Para consumar el despojo de las propiedades y hacerlo pasar como compras o cesiones, los narcotraficantes suelen presentarse ante sus víctimas acompañados de notarios. Amenazados o no, estos fedatarios formalizan las operaciones de ‘compraventa’ de propiedades. De esta manera se garantiza el pago para que los delincuentes respeten la vida del secuestrado.
Varias historias dan cuenta de estos atracos que evidencian un hecho: el Estado mexicano no sólo quedó rebasado por la delincuencia, sino que es incapaz de garantizar la vida y el patrimonio de los ciudadanos.
UN RELATO
Uno de los casos más recientes de despojo realizado por narcotraficantes fue el de Teodoro Apolinar Rodríguez, un empresario de la construcción. Esta es la historia:
La tarde del 21 de diciembre de 2010 circulaba en su vehículo por la carretera federal Alvarado-Tlacotalpan. Regresaba de supervisar unas obras y se dirigía a su casa. Una camioneta negra le echó las luces insistentemente y en un tramo solitario se le emparejó. Vio que varios sujetos le apuntaban con rifles de alto poder. Desde la ventanilla salieron los gritos: "¡Párate, hijo de puta, o te carga la madre!", le gritó un encapuchado.
Se orilló en el acotamiento y descendió del vehículo. De inmediato cinco hombres lo sometieron, lo ataron de pies y manos y le vendaron los ojos. "¡No grites, cabrón, porque te perforo la cabeza a plomazos!". A empellones lo subieron a la camioneta.
En entrevista con Proceso, el empresario comenta que ya se había enfrentado a una experiencia similar, pero que en esta ocasión lo primero que pensó es que lo iban a matar: "Yo sentí que ya no la contaba, que hasta ahí había llegado mi vida".
Después de tres horas el vehículo se detuvo. "Me bajaron a empujones. Me quitaron mi celular y me bolsearon. Luego escuché que abrieron una puerta y unos brazos me tomaron y me aventaron al piso. ‘Aquí te quedas calladito; si gritas te mueres’, me advirtieron".
Recuerda que en el cuarto contiguo escuchó varias voces e incluso oyó que preguntaban si iban a pagar el rescate. Fue en ese momento, dice, cuando estuvo consciente de que se trataba de un secuestro. "Las horas que habían transcurrido se me hicieron eternas. Como estaba vendado y encapuchado, no sabía si era de día o de noche".
Al día siguiente, refiere, uno de los secuestradores entró al cuarto para llevarle comida. "No tenía hambre. Lo que sentía era mucha sed y estaba muy nervioso. Escuché que el tipo ese cortó cartucho y me metió el cañón de la pistola en la boca. Me dijo que no iba a salir vivo de ahí si no pagaba y que me daban 24 horas para liberarme o matarme. Añadió que me iban a enterrar vivo".
$25 MILLONES
–¿Cuánto pidieron? –se le pregunta.
–25 millones de pesos.
"Yo les dije que no tenía esa suma en efectivo, pero que podía completarla con maquinaria y algunos coches. Fue entonces cuando me golpearon en la espalda y me lastimaron las costillas a culatazos. Me daban patadas y a cada rato me encañonaban con las armas. Yo escuchaba cuando jalaban del gatillo y nada más se oía el clic de la pistola. Fue horrible.
"No pasó ni una hora cuando otra vez me golpearon y me metieron la pistola hasta el cielo de la boca. Insistían en que querían los 25 millones en efectivo. Les aclaré que no tenía esa suma; que lo que podía pagarles eran cinco millones y esos sí los podía tener en efectivo, pero que me tenían que dar tiempo a que yo le hablara a mi esposa para que los pagara.
"Transcurrió un tiempo, no sé cuánto, y me dijeron que aceptaban los cinco millones. Me preguntaron qué más tenía y les dije que cuatro coches. Dijeron que querían las facturas endosadas. Me pidieron el nombre de mi mujer y su teléfono y hablaron con ella para decirle que tenía que pagar esa suma y entregar los carros. Ella aceptó negociar y pagarles".
El 23 de diciembre, los plagiarios recibieron el pago y los vehículos con las facturas endosadas. Pero no todo terminó ahí. Una vez cerrada la operación, los secuestradores hablaron con su víctima; en esta ocasión le exigieron que entregara las armas que, según ellos, guardaba en su casa.
Con los ojos llorosos y la voz temblorosa, Teodoro Apolinar prosigue su relato:
"Entraron al cuarto donde estaba y me dijeron que ya habían recibido el pago y los coches, pero que ahora querían que les entregara las armas. Yo les dije que no tenía armas, que no sabía ni disparar una pistola.
"Me gritaron que no me hiciera pendejo, que ellos sabían que yo tenía armas. La verdad es que no tenía armas; sólo guardaba en mi rancho una pistola vieja que ya ni servía. Les comenté que sólo tenía esa pistola y quisieron que se les diera. Le hablaron a mi mujer y ella les comentó que se las iba a entregar. Cuando fueron a buscar la pistola, mi mujer fue al rancho, sacó el arma y les entregó hasta los cinco tiros que tenía. Ahí constataron que era una pistola vieja".
EL RANCHO
A pesar de que pagó la suma acordada e incluso entregó el arma, la pesadilla no concluyó para el empresario. Los delincuentes le dijeron que les había gustado su rancho y que se iban a quedar con él. De inmediato ordenaron que toda la gente que trabajaba en el predio se saliera, pues ellos ocuparían la casa.
"No me quedó otra alternativa más que cederles el rancho", dice resignado Apolinar Rodríguez, quien reconoce haber cometido el error de decirles a sus secuestradores que sí tenía una pistola, "pues ya me iban a liberar, pero todo se retrasó por la pistola".
–¿Es tan fastuoso su rancho como para que les haya atraído a sus secuestradores?
–Se trata de un predio de dos hectáreas con una casa de descanso que utilizo para estar con mi familia los fines de semana y tengo unas cuantas cabezas de ganado. Eso es todo. No es gran cosa, pero vale algo de dinero.
–¿Y qué pasó después?
–Me liberaron el 24 de diciembre y me fui a mi casa a beber. Ya no quería saber nada de esa pesadilla. No tenía paz. Me despertaba sobresaltado en las noches. Pensaba que aún estaba encerrado y que me iban a matar.
"Estos tipos se fueron a vivir al rancho y desde ahí operaban. Yo no hice nada por temor a que me mataran o a que mataran a mi familia. Lo peor de todo esto vino cuando otra banda se enfrentó con la que me secuestró y se desató un tiroteo en mi rancho. Murieron como 10 personas y mi propiedad fue asegurada por la PGR".
A poco más de un mes de estos hechos, Apolinar Rodríguez dice que no ha podido recuperar su rancho y explica por qué:
"Las autoridades ahora piensan que yo soy parte de la banda y todo el mundo me pide dinero. Los fiscales de la PGR y los soldados me exigen dinero dizque para ayudarme, pero al paso que va esto pienso que recuperar mi rancho va a ser tan caro como comprarlo de nuevo".
‘CONSERVÓ SU RANCHO, PERDIÓ LA VIDA’
Historias como esta se multiplican sobre todo en Veracruz, Durango, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, entidades donde abundan las propiedades abandonadas por sus dueños, quienes después de ser liberados tras un secuestro tuvieron que irse del país o cambiar su lugar de residencia.
En ocasiones los dueños de los ranchos o casas han tomado la decisión de enfrentarse a balazos con los narcotraficantes y secuestradores para defender su patrimonio, pues ninguna autoridad quiere ocuparse de estos casos.
El 21 de noviembre de 2010 el empresario tamaulipeco Alejo Garza Tamez recibió una llamada telefónica, presuntamente de "Los Zetas", para exigirle que cediera una propiedad. Se trataba del rancho San José, localizado a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas.
"Queremos tu rancho. Prepara todos los papeles, vamos a tratar contigo ese asunto", le dijeron. Supuestamente, los representantes de ese cártel ya habían hablado con un notario público, quien formalizaría la operación fraudulenta.
De 77 años, don Alejo, como le decían sus conocidos, preparó todo: le pidió a la servidumbre que el día de su entrevista no estuviera e hizo lo mismo hizo con los trabajadores del rancho. Después preparó sus armas y se acuarteló en su casa a la espera de los expoliadores.
Cuando el comando armado llegó al rancho, Alejo Garza lo recibió a balazos. En el tiroteo murieron cuatro presuntos narcotraficantes, dos resultaron heridos y don Alejo falleció al recibir varios impactos de bala.
Cuando los elementos de la Marina llegaron al rancho San José, el escenario era impactante: la austera casona principal estaba destrozada por las balas y explosiones de granadas. En la parte exterior de la finca había cuatro cuerpos. Los marinos exploraron los alrededores y encontraron a dos sujetos más heridos e inconscientes.
En el interior de la casa yacía un solo cuerpo: el de don Alejo, dueño de la finca y empresario maderero, con dos armas a su lado y perforado por los tiros. En todas las puertas y ventanas había armas y casquillos.
Tras reconstruir los hechos, los marinos concluyeron que Alejo Garza había diseñado toda una estrategia para defender sus bienes. Por eso colocó armas en todos los frentes de la casa… Salvó su propiedad, pero perdió la vida.
ESTADO IMPOTENTE
En Durango –uno de los territorios del cártel de Sinaloa– las bandas de secuestradores han llegado al extremo de recibir los pagos por los rescates en abonos.
Según Ramiro Ortiz Aguirre, fiscal general del estado, optaron por esta modalidad debido a que eligen sus víctimas al azar. Y pone un ejemplo: "Una banda le preguntó a una de sus víctimas con qué contaba y ésta respondió: ‘pues nomás tengo una vaca’, y la misma vaca fue entregada a cambio de la libertad de esa persona".
En otros casos, según Ortiz Aguirre, los secuestradores otorgan crédito a los afectados, a quienes liberan para permitirles que consigan la suma acordada. En algunos casos ésta puede ser de 5 mil pesos.
Y explica: "En una ocasión los delincuentes secuestraron a una persona a quien le exigieron una cantidad inalcanzable. Cuando se dieron cuenta de ello decidieron concederle la libertad para que consiguiera el dinero. Hubo un convenio entre secuestrador y víctima. Ésta fue liberada, consiguió el dinero y pagó. Estos casos nunca son denunciados porque la gente tiene temor a ser asesinada".
Eso no es todo. Existen otras bandas que obligan a sus víctimas a pagar parte de su rescate con un anticipo y el resto mediante pagarés que luego los plagiarios van cobrando de acuerdo con los plazos establecidos.
En muchos casos las extorsiones se realizan con el apoyo de notarios que, bajo amenaza, dan fe de operaciones de compraventa fraudulentas. Por ello, el año pasado el Senado de la República discutió una iniciativa que analizó la posibilidad de incorporar en la Ley Antisecuestros el tema de las narcoextorsiones validadas por notarios.
Esta nueva modalidad del crimen organizado se inscribe en la llamada "diversificación de actividades" con que los cárteles de la droga obtienen grandes ganancias. De esta manera, aunque el narcotráfico es un negocio boyante ya no es su única fuente de ingresos.
Los primeros en realizar secuestros y arrebatar bienes a las víctimas fueron "Los Zetas", otrora brazo armado del cártel del Golfo y ahora reconocidos dentro y fuera de México como un cártel independiente. Le siguieron otras organizaciones delictivas como "La Familia" michoacana, el cártel de Juárez y todas las ramificaciones que conforman el de Sinaloa, el más poderoso que opera en México.
Para consumar el despojo de las propiedades y hacerlo pasar como compras o cesiones, los narcotraficantes suelen presentarse ante sus víctimas acompañados de notarios. Amenazados o no, estos fedatarios formalizan las operaciones de ‘compraventa’ de propiedades. De esta manera se garantiza el pago para que los delincuentes respeten la vida del secuestrado.
Varias historias dan cuenta de estos atracos que evidencian un hecho: el Estado mexicano no sólo quedó rebasado por la delincuencia, sino que es incapaz de garantizar la vida y el patrimonio de los ciudadanos.
UN RELATO
Uno de los casos más recientes de despojo realizado por narcotraficantes fue el de Teodoro Apolinar Rodríguez, un empresario de la construcción. Esta es la historia:
La tarde del 21 de diciembre de 2010 circulaba en su vehículo por la carretera federal Alvarado-Tlacotalpan. Regresaba de supervisar unas obras y se dirigía a su casa. Una camioneta negra le echó las luces insistentemente y en un tramo solitario se le emparejó. Vio que varios sujetos le apuntaban con rifles de alto poder. Desde la ventanilla salieron los gritos: "¡Párate, hijo de puta, o te carga la madre!", le gritó un encapuchado.
Se orilló en el acotamiento y descendió del vehículo. De inmediato cinco hombres lo sometieron, lo ataron de pies y manos y le vendaron los ojos. "¡No grites, cabrón, porque te perforo la cabeza a plomazos!". A empellones lo subieron a la camioneta.
En entrevista con Proceso, el empresario comenta que ya se había enfrentado a una experiencia similar, pero que en esta ocasión lo primero que pensó es que lo iban a matar: "Yo sentí que ya no la contaba, que hasta ahí había llegado mi vida".
Después de tres horas el vehículo se detuvo. "Me bajaron a empujones. Me quitaron mi celular y me bolsearon. Luego escuché que abrieron una puerta y unos brazos me tomaron y me aventaron al piso. ‘Aquí te quedas calladito; si gritas te mueres’, me advirtieron".
Recuerda que en el cuarto contiguo escuchó varias voces e incluso oyó que preguntaban si iban a pagar el rescate. Fue en ese momento, dice, cuando estuvo consciente de que se trataba de un secuestro. "Las horas que habían transcurrido se me hicieron eternas. Como estaba vendado y encapuchado, no sabía si era de día o de noche".
Al día siguiente, refiere, uno de los secuestradores entró al cuarto para llevarle comida. "No tenía hambre. Lo que sentía era mucha sed y estaba muy nervioso. Escuché que el tipo ese cortó cartucho y me metió el cañón de la pistola en la boca. Me dijo que no iba a salir vivo de ahí si no pagaba y que me daban 24 horas para liberarme o matarme. Añadió que me iban a enterrar vivo".
$25 MILLONES
–¿Cuánto pidieron? –se le pregunta.
–25 millones de pesos.
"Yo les dije que no tenía esa suma en efectivo, pero que podía completarla con maquinaria y algunos coches. Fue entonces cuando me golpearon en la espalda y me lastimaron las costillas a culatazos. Me daban patadas y a cada rato me encañonaban con las armas. Yo escuchaba cuando jalaban del gatillo y nada más se oía el clic de la pistola. Fue horrible.
"No pasó ni una hora cuando otra vez me golpearon y me metieron la pistola hasta el cielo de la boca. Insistían en que querían los 25 millones en efectivo. Les aclaré que no tenía esa suma; que lo que podía pagarles eran cinco millones y esos sí los podía tener en efectivo, pero que me tenían que dar tiempo a que yo le hablara a mi esposa para que los pagara.
"Transcurrió un tiempo, no sé cuánto, y me dijeron que aceptaban los cinco millones. Me preguntaron qué más tenía y les dije que cuatro coches. Dijeron que querían las facturas endosadas. Me pidieron el nombre de mi mujer y su teléfono y hablaron con ella para decirle que tenía que pagar esa suma y entregar los carros. Ella aceptó negociar y pagarles".
El 23 de diciembre, los plagiarios recibieron el pago y los vehículos con las facturas endosadas. Pero no todo terminó ahí. Una vez cerrada la operación, los secuestradores hablaron con su víctima; en esta ocasión le exigieron que entregara las armas que, según ellos, guardaba en su casa.
Con los ojos llorosos y la voz temblorosa, Teodoro Apolinar prosigue su relato:
"Entraron al cuarto donde estaba y me dijeron que ya habían recibido el pago y los coches, pero que ahora querían que les entregara las armas. Yo les dije que no tenía armas, que no sabía ni disparar una pistola.
"Me gritaron que no me hiciera pendejo, que ellos sabían que yo tenía armas. La verdad es que no tenía armas; sólo guardaba en mi rancho una pistola vieja que ya ni servía. Les comenté que sólo tenía esa pistola y quisieron que se les diera. Le hablaron a mi mujer y ella les comentó que se las iba a entregar. Cuando fueron a buscar la pistola, mi mujer fue al rancho, sacó el arma y les entregó hasta los cinco tiros que tenía. Ahí constataron que era una pistola vieja".
EL RANCHO
A pesar de que pagó la suma acordada e incluso entregó el arma, la pesadilla no concluyó para el empresario. Los delincuentes le dijeron que les había gustado su rancho y que se iban a quedar con él. De inmediato ordenaron que toda la gente que trabajaba en el predio se saliera, pues ellos ocuparían la casa.
"No me quedó otra alternativa más que cederles el rancho", dice resignado Apolinar Rodríguez, quien reconoce haber cometido el error de decirles a sus secuestradores que sí tenía una pistola, "pues ya me iban a liberar, pero todo se retrasó por la pistola".
–¿Es tan fastuoso su rancho como para que les haya atraído a sus secuestradores?
–Se trata de un predio de dos hectáreas con una casa de descanso que utilizo para estar con mi familia los fines de semana y tengo unas cuantas cabezas de ganado. Eso es todo. No es gran cosa, pero vale algo de dinero.
–¿Y qué pasó después?
–Me liberaron el 24 de diciembre y me fui a mi casa a beber. Ya no quería saber nada de esa pesadilla. No tenía paz. Me despertaba sobresaltado en las noches. Pensaba que aún estaba encerrado y que me iban a matar.
"Estos tipos se fueron a vivir al rancho y desde ahí operaban. Yo no hice nada por temor a que me mataran o a que mataran a mi familia. Lo peor de todo esto vino cuando otra banda se enfrentó con la que me secuestró y se desató un tiroteo en mi rancho. Murieron como 10 personas y mi propiedad fue asegurada por la PGR".
A poco más de un mes de estos hechos, Apolinar Rodríguez dice que no ha podido recuperar su rancho y explica por qué:
"Las autoridades ahora piensan que yo soy parte de la banda y todo el mundo me pide dinero. Los fiscales de la PGR y los soldados me exigen dinero dizque para ayudarme, pero al paso que va esto pienso que recuperar mi rancho va a ser tan caro como comprarlo de nuevo".
‘CONSERVÓ SU RANCHO, PERDIÓ LA VIDA’
Historias como esta se multiplican sobre todo en Veracruz, Durango, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, entidades donde abundan las propiedades abandonadas por sus dueños, quienes después de ser liberados tras un secuestro tuvieron que irse del país o cambiar su lugar de residencia.
En ocasiones los dueños de los ranchos o casas han tomado la decisión de enfrentarse a balazos con los narcotraficantes y secuestradores para defender su patrimonio, pues ninguna autoridad quiere ocuparse de estos casos.
El 21 de noviembre de 2010 el empresario tamaulipeco Alejo Garza Tamez recibió una llamada telefónica, presuntamente de "Los Zetas", para exigirle que cediera una propiedad. Se trataba del rancho San José, localizado a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas.
"Queremos tu rancho. Prepara todos los papeles, vamos a tratar contigo ese asunto", le dijeron. Supuestamente, los representantes de ese cártel ya habían hablado con un notario público, quien formalizaría la operación fraudulenta.
De 77 años, don Alejo, como le decían sus conocidos, preparó todo: le pidió a la servidumbre que el día de su entrevista no estuviera e hizo lo mismo hizo con los trabajadores del rancho. Después preparó sus armas y se acuarteló en su casa a la espera de los expoliadores.
Cuando el comando armado llegó al rancho, Alejo Garza lo recibió a balazos. En el tiroteo murieron cuatro presuntos narcotraficantes, dos resultaron heridos y don Alejo falleció al recibir varios impactos de bala.
Cuando los elementos de la Marina llegaron al rancho San José, el escenario era impactante: la austera casona principal estaba destrozada por las balas y explosiones de granadas. En la parte exterior de la finca había cuatro cuerpos. Los marinos exploraron los alrededores y encontraron a dos sujetos más heridos e inconscientes.
En el interior de la casa yacía un solo cuerpo: el de don Alejo, dueño de la finca y empresario maderero, con dos armas a su lado y perforado por los tiros. En todas las puertas y ventanas había armas y casquillos.
Tras reconstruir los hechos, los marinos concluyeron que Alejo Garza había diseñado toda una estrategia para defender sus bienes. Por eso colocó armas en todos los frentes de la casa… Salvó su propiedad, pero perdió la vida.
ESTADO IMPOTENTE
En Durango –uno de los territorios del cártel de Sinaloa– las bandas de secuestradores han llegado al extremo de recibir los pagos por los rescates en abonos.
Según Ramiro Ortiz Aguirre, fiscal general del estado, optaron por esta modalidad debido a que eligen sus víctimas al azar. Y pone un ejemplo: "Una banda le preguntó a una de sus víctimas con qué contaba y ésta respondió: ‘pues nomás tengo una vaca’, y la misma vaca fue entregada a cambio de la libertad de esa persona".
En otros casos, según Ortiz Aguirre, los secuestradores otorgan crédito a los afectados, a quienes liberan para permitirles que consigan la suma acordada. En algunos casos ésta puede ser de 5 mil pesos.
Y explica: "En una ocasión los delincuentes secuestraron a una persona a quien le exigieron una cantidad inalcanzable. Cuando se dieron cuenta de ello decidieron concederle la libertad para que consiguiera el dinero. Hubo un convenio entre secuestrador y víctima. Ésta fue liberada, consiguió el dinero y pagó. Estos casos nunca son denunciados porque la gente tiene temor a ser asesinada".
Eso no es todo. Existen otras bandas que obligan a sus víctimas a pagar parte de su rescate con un anticipo y el resto mediante pagarés que luego los plagiarios van cobrando de acuerdo con los plazos establecidos.
En muchos casos las extorsiones se realizan con el apoyo de notarios que, bajo amenaza, dan fe de operaciones de compraventa fraudulentas. Por ello, el año pasado el Senado de la República discutió una iniciativa que analizó la posibilidad de incorporar en la Ley Antisecuestros el tema de las narcoextorsiones validadas por notarios.
viernes, 4 de febrero de 2011
Mississauga: Los tres años de Julián
Por Everardo Monroy Caracas
La nieve vuelve impersonal a Mississauga y la convierte en un iceberg. El asfalto, mar de chapopote, sostiene los manchones blancos que permanecen intactos hasta que el calor natural los obliga a esconderse en el subsuelo. Es entonces que las ánimas de la ciudad abandonan sus escondrijos de vidrio y deambulan entre conos y cajas de madera y estalactitas de hormigón y electricidad. Los ciegos sudan y tocan sus gargantas.
Las temperaturas son menores a los veinte grados y sorprende saber que en cada refugio hay calor y un mundo interno aceitado por tres o cuatro fantasmas ansiosos de recibir la primavera, con su carga emocional, durante la tercera semana de marzo. Los osos polares dejarán de rondar por la ciudad. El sueño decidió abandonarlos.
Julián cumplió tres años, hoy sábado 5 de febrero, y la comunidad polaco-mexicana le hizo el festejo que merece: pastel, las mañanitas mexicanas o el happy birthday y los regalos. Después, mientras los niños le dan carrilla a los juguetes --bloques de plástico convertibles en aviones, cohetes, casas, automóviles y barcos--, los adultos beben vino blanco y picotean los embutidos de jamón, queso de cabra y kabano picante, importado de Polonia. El lenguaje anglosajón crea un obligado puente de entendimiento y los padres del festejado (Lucina y Michael) y sus invitados, por decencia, olvidan esta tarde de copas y golosinas el parloteo musical de sus ancestros.
Uno sabe que la nieve sigue en el mismo lugar, chapoteando las calles y enlodando los árboles, y en el bar de la esquina, propiedad de chinos e indianos, los hombres y mujeres de la tercera edad son ajenos a las risas festivas de Julián y sus amigos. Nunca abandonan las chamarras y abrigos y han olvidado, por el momento, en qué circunstancias y lugar celebraron sus tres años de vida. Uno vive para morir y ya es tiempo de preparar los funerales, eso declaman las hormigas.
Las temperaturas son menores a los veinte grados y sorprende saber que en cada refugio hay calor y un mundo interno aceitado por tres o cuatro fantasmas ansiosos de recibir la primavera, con su carga emocional, durante la tercera semana de marzo. Los osos polares dejarán de rondar por la ciudad. El sueño decidió abandonarlos.
Julián cumplió tres años, hoy sábado 5 de febrero, y la comunidad polaco-mexicana le hizo el festejo que merece: pastel, las mañanitas mexicanas o el happy birthday y los regalos. Después, mientras los niños le dan carrilla a los juguetes --bloques de plástico convertibles en aviones, cohetes, casas, automóviles y barcos--, los adultos beben vino blanco y picotean los embutidos de jamón, queso de cabra y kabano picante, importado de Polonia. El lenguaje anglosajón crea un obligado puente de entendimiento y los padres del festejado (Lucina y Michael) y sus invitados, por decencia, olvidan esta tarde de copas y golosinas el parloteo musical de sus ancestros.
Uno sabe que la nieve sigue en el mismo lugar, chapoteando las calles y enlodando los árboles, y en el bar de la esquina, propiedad de chinos e indianos, los hombres y mujeres de la tercera edad son ajenos a las risas festivas de Julián y sus amigos. Nunca abandonan las chamarras y abrigos y han olvidado, por el momento, en qué circunstancias y lugar celebraron sus tres años de vida. Uno vive para morir y ya es tiempo de preparar los funerales, eso declaman las hormigas.
Canadá: Fusilados/XV
Por Everardo Monroy Caracas
«Las personas aprenden muy pronto su razón de vivir» —dijo el viejo con cierta amargura en los ojos—. «Quizá también sea por eso que desisten tan pronto. Pero así es el mundo».
Paulo Coelho
Paulo Coelho
Laure Hayner miró de reojo al periodista y comentó que dos de las principales obligaciones de Eduardo eran estudiar inglés y hacer un voluntariado a favor de la comunidad. Tendría apoyo económico mensual y cuando llegara su permiso de trabajo, Ontario Work gestionaría algún empleo acorde a su oficio y le proporcionaría uniforme, casco, calzado y lentes de seguridad, si así lo solicitaba el beneficiario.
“Cada tres meses le pediré un informe sobre los avances de su escuela y el voluntariado. Le recomiendo que abra una cuenta bancaria para que ahí se le deposite el dinero. Su abogado lo puede orientar”, dijo la caseworker sin alterar algún músculo del rostro.
La cita fue a las once de la mañana. Gaudencio y Eduardo aguardaron cinco minutos antes de ser recibidos en el cubículo cuatro. En esta ocasión, un grueso cristal antibalas impedía tener contacto físico con la trabajadora social. Algunos refugiados o canadienses que recibían el welfare llegaban a agredir a su caseworker al serles restringidos los recursos económicos. Eso comentó el interprete.
La sala de espera, de paredes cremas, contaba con una treintena de asientos y anaqueles llenos de propaganda oficial. Varias puertas numeradas sobresalían a un costado del pasillo. En ellas se accedía a los cubículos. Por altavoz se mencionaba a la persona y el lugar donde se le atendería.
Las trabajadoras sociales de Ontario Work tenían suficiente autoridad legal y administrativa sobre el refugiado, al extremo de cerrarle toda posibilidad de sobrevivencia si detectaban alguna irregularidad en su comportamiento. En ese primer encuentro al refugiado le exigían una promesa de renta, liberada por el casero, y la copia de inscripción en alguna escuela de inglés.
“¿Cuánto dinero tiene?”, preguntó Laure.
“Setenta dólares”, contestó el periodista.
El paraguayo repitió la misma oración en inglés. En realidad Eduardo tenía doscientos cincuenta dólares, pero Gaudencio le dijo que acortara la cifra para intentar conmover a la trabajadora social. El objetivo fundamental era conseguir de inmediato los mil 300 dólares para adquirir muebles y trastos y pagar el primer mes de renta.
La trabajadora social observó el monitor de su computadora e hizo algunas anotaciones. Se trataba de un trabajo de rutina. De lunes a viernes, cada empleada atendía a un sinnúmero de refugiados y estaba consciente que la mayoría mentía.
“Necesito que me autorice estos permisos para poder acceder a su historia personal y solicitarla ante el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración”, pidió la funcionaria.
Eduardo accedió. Gaudencio le recomendó no hablar mucho y dejar que él hiciera su trabajo. Un buen interprete, decía, es aquel que logra convencer a la trabajadora social para que en menos de 48 horas le entregue el cheque de mil 300 dólares a su cliente. También le sacaría diez boletos del transporte público y la posibilidad de apoyar al refugiado para que únicamente asistiera a clases de inglés nocturnas no diurnas, bajo el pretexto de tener problemas de salud. Eso le daba margen para trabajar de día.
Eduardo, en esa misma cita, se enteraría por boca del paraguayo, que infinidad de refugiados políticos compraban las promesas de renta, en doscientos o cuatrocientos dólares, porque algunos vivían con familiares o fuera de Toronto. Incluso existían matrimonios, amantes o hermanos que aplicaban por separado y así lograban obtener más dinero en Ontario Work. Ante el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración presentaban historias distintas de persecución y juraban y perjuraban que vivían solos en Canadá.
“Le recuerdo que usted no puede trabajar mientras no cuente con el permiso de trabajo”, advirtió Laure. “Tampoco puede hacer movimientos bancarios o envíos de dinero al extranjero, sin notificarlo. Nosotros tenemos acceso a toda esa información y tarde o temprano nos daremos cuenta y se meterá en problemas legales”.
Los refugiados que trabajaban y recibían welfare, enviaban dinero a sus familiares con la ayuda de algún residente o ciudadano de confianza, principalmente sus caseros, supervisores o personal de confianza de las empresas donde prestaban sus servicios. Las mismas agencias de empleo fungían como comercializadoras de divisas. Cada viernes les pagaban en "cash" y en ese preciso momento realizaban la transferencia de dinero a cualquier parte del mundo. Todo a través de instituciones bancarias y con un número clave que utilizaría el beneficiario al presentarse a recoger el depósito.
En Dundas y Bloor existía una joyería que vendía dólares americanos, sin control oficial y en Dufferin y Bloor un italiano compraba los cheques expedidos por algunas agencias de empleo. Por cada cien dólares, obtenía un dólar con cincuenta centavos de ganancia. En algunos cheques aparecía el nombre de «George Bush» o «Fidel Castro» y el comprador no le exigía al vendedor alguna identificación confiable. Seguramente la agencia respondía. La divisa americana tenía un sobreprecio de tres centavos por unidad.
El moverse en ese mercado de la ilegalidad, reproducía una especie de plaga destructiva que atacaba fundamentalmente a los inmigrantes. Los hispanos no escapaban a ella, porque ya contaban con una comunidad numerosa en Toronto. Por esa razón, Eric era recurrente en advertirle al periodista sobre los riesgos de trabajar con hispanos. Se daban casos en que contrataban los servicios de inmigrantes sin estatus legal o que recibían welfare para no pagarles. De quejarse, existía el riesgo de ser denunciados y deportados.
Eduardo en carne propia experimentó esa realidad. La rescató en su diario personal y más tarde reporteó el asunto ante instancias gubernamentales y abogados. El resultado de sus investigaciones las reprodujo en el semanario del Centro Comunitario San Lorenzo.
Escribió:
El arte de timar hispanos
Juan Esteban Rioja no lo dudó dos veces. Metió la moneda de 25 centavos a la ranura del teléfono público y marcó diez números. Una voz masculina le respondió y en menos de dos minutos se arreglaron. Tendría que presentarse al día siguiente, a las seis de la mañana en punto, en la intersección de Finch y Jane. Él lo hizo, trabajó dos semanas en una casona en construcción, y el día de paga, su contratista ya no apareció. Jamás recibió los mil dólares prometidos.
El caso de Juan Esteban es uno más de los treinta o cuarenta que reportan cada semana a las autoridades migratorias, abogados y organizaciones sociales. Las víctimas, principalmente hispanos, son trabajadores que carecen de un permiso oficial para laborar y son indocumentados o solicitantes de refugio político.
La oficial del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración, Mireya Torrijos, comisionada en el edificio central que se encuentra a unos metros de la estación del subway Kipling, revela que los principales enganchadores de esas personas son residentes latinos, principalmente de Argentina y México, que se anuncian en periódicos hispanos.
“Constantemente nos hablan de algunas organizaciones civiles o tres abogados que tiene sus oficinas muy cerca de este edificio y nos denuncian abusos de patrones hispanos con indocumentados que sólo hablan el castellano”, explica.
El Instituto Nacional de Estadísticas de Canadá el año pasado registró que ocho mil 400 personas fueron deportadas por encontrarse ilegalmente en el país. Por su parte, Labore´s International Union of North estima que laboran 76 mil trabajadores sin documentos, la mayoría latinoamericanos y orientales. Otras organizaciones no gubernamentales, hablan hasta de 200 mil. El Ministerio de Ciudadanía e Inmigración lo niega y afirma que esas cifras están “infladas”. Hace tres semanas, personal de esa dependencia, afirmó que eran menos de 40 mil.
El propio Juan Esteban, quien es solicitante de refugio, informó que su contratante, un argentino, tiene bajo su mando a cuatro latinos que carecen de permiso de trabajo. De lunes a sábado los transporta en su camioneta a una construcción que se encuentra en Richmond Hill, por la Rutherford Road y Bathurst Street.
“Lo primero que nos pregunta es si tenemos papeles en regla y al decirle que no, que estamos bajo el programa del walfere, contesta que es lo mejor, porque así ganamos dinero en "cash"», recuerda Juan Esteban, oriundo de El Salvador.
Y añade:
“Diariamente trabajamos hasta diez horas y por esa razón no podemos ir a clases de inglés, como nos lo pide la trabajadora social de Ontario Work. El problema es que la mayoría que llegamos a este país lo hacemos para juntar dinero y enviárselo a nuestra familia”.
Las historias se repiten.
Únicamente en el bufete jurídico del abogado Hamza N.H Kisaka, ubicado en la avenida Eglinton 421, en menos de un mes se detectaron 14 casos de esa naturaleza, en donde las víctimas, al protestar, recibieron amenazas de ser denunciados ante el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración, por encontrarse de manera ilegal en Canadá.
“Cuando se dan cuenta que pueden ser detenidos y deportados, prefieren guardar silencio y ya no seguir con la denuncia. Eso origina que sus ex contratistas vivan en la impunidad y continúen con la misma actitud inmoral”, explica uno de los asesores jurídicos.
Remedios Carreño, viuda proveniente de Querétaro, México, señala que por recomendación de una conocida entró a laborar con un matrimonio que se dedica a la limpieza de edificios de departamentos. Trabajó de noche con ellos durante una semana y al intentar cobrar un viernes, le informaron que la paga se realizaría en los siguientes quince días. Ella ya no regresó, pero hasta la fecha el hombre y la mujer, oriundos de Costa Rica, se niegan a pagarle los 300 dólares del adeudo.
En otros casos, se contrata a la gente para trabajos de limpieza, pero al presentarse al lugar de reunión, son trasladados a Vaughan, Mississauga o a Richmond Hill. Sin embargo, como afirma la oficial de Inmigración, Mireya Torrijos algunos indocumentados o solicitantes de refugio son llevados a otras provincias, donde los tienen trabajando un mes y no les pagan. “Les dan un lugar donde dormir y comida y al final los regresan a Toronto y se hacen los perdedizos. El asunto es que son hispanos los que roban a los hispanos”, remarca.
El semanario de anuncios clasificados aparece todos los jueves y se distribuye gratuitamente en distintos negocios de hispanos. Los propietarios del rotativo no advierten sobre la veracidad de sus anunciantes. Eso ocasiona que sus lectores no tengan a quien reclamarle. Creen en la veracidad del anuncio clasificado.
Remedio Carrera asegura que en algunos anuncios se llega a afirmar que la paga será en "cash" o que no es necesario contar con permiso de trabajo. Pocos son los que exigen inglés y papales “al día”. La mayoría de los números telefónicos son de celulares. La demanda de empleo es de carpinteros, albañiles, encargados de limpieza, meseros, cocineros y ayudantes de pintores de casas. El pago por hora varia: entre seis a ocho dólares y jamás se cubre el salario al finalizar la primera semana de trabajo.
Javier López, un mexicano del Distrito Federal, experimentó en dos ocasiones el abuso laboral de los patrones hispanos. A principios de abril de este año, un argentino de apellido Fractini lo contrató como ayudante de pintor y lo hizo lijar marcos de puertas y ventanas. Durante dos días lo llevó a la casa, ubicada en Wilson y Keele. El sábado le preguntó si le pagaría. El hombre le contestó que hasta que él recuperara su dinero. “Yo no puedo darte nada, porque primero me tiene que pagar a quien le hice el servicio”, le aclaró.
Sin embargo, López lo cuestionó porque ese no era asunto suyo. “Yo cumplí con mi trabajo y creo que se me tiene que pagar”, le dijo. El hombre lo citó al día siguiente, en el mismo lugar donde tres días antes lo recogió, pero jamás se hizo presente.
Otra situación similar la enfrentó con un panameño que lo contrató como ayudante de limpieza de un restaurante griego. Lo hizo trabajar catorce horas, dos turnos, y únicamente le pagó siete. Argumentó que el dinero faltante lo pagaría el empleado saliente.
La funcionaria del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración está consciente de que los indocumentados no cuentan con protección legal para castigar a sus contratantes. “Indudablemente hay temor de denunciar y esa situación ha provocado que se registren sólo aquí, entre treinta o cuarenta denuncias por semana. Nos hablan distintas organizaciones sociales y los tres abogados, que tenemos muy cerca de estas oficinas”, puntualiza.
Y en relación a su experiencia personal, con fines periodísticos, Eduardo consignó:
La jornada del clap, clap...clap
La jornada duró diez horas con dos breves recesos para probar alimentos. No fue una encomienda fácil, sino fatigante y dolorosa. Desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde alimenté de madera a dos clavadores, estuve bajo el acoso permanente de un contratista aprehensivo y jamás recibí la atención o el apoyo de mis compañeros de trabajo.
Experimentar en carne propia el esfuerzo físico y emocional que se realiza en el ramo de la construcción, en realidad no fue nada agradable. Sobre todo cuando no existe una relación afectiva con el contratante y, por lo mismo, la paga se convierte en algo volátil, intocable.
Un anuncio periodístico fue la puerta de entrada a esta aventura laboral. En un semanario hispano, relacionado a la promoción de empleos y compra o venta de diversos enseres o servicios, un contratista italiano, Lino, solicitaba mano de obra para trabajar en la construcción. El enlace lo realicé a través de un teléfono celular.
Lino, en un mal castellano, me pidió datos particulares y estuvo de acuerdo a que le prestara mis servicios sin necesidad de contar con el permiso oficial. La paga se haría en "cash" e inicialmente ganaría ocho dólares la hora. El punto de encuentro sería el cruce de Lawrence West y Jane.
“Traigo una camioneta negra con logotipos amarillos en las puertas”, dijo. “Lo espero a las siete de la mañana y sólo estaré ahí unos cinco minutos”.
El encuentro se realizó al día siguiente. En la camioneta iban cuatro personas, entre ellas el italiano que iba al frente del volante. Yo le di algunas de mis características físicas y cómo iría vestido. Me dijo que trabajaríamos en Mississauga, por la Bumhamthorpe. Sus tres acompañantes eran hispanos, uno de ellos jamaiquino: Perches, Julio y Billy.
Antes de iniciar la jornada, Lino nos llevó a tomar café a un Coffee Times. Ahí me presentó a sus compañeros y dijo que el trabajo consistía en levantar las estructuras de madera de la casa. Precisamente Billy y yo alimentaríamos de madera a los clavadores, Perches y Julio.
Ya en el lugar de trabajo, un enorme solar rodeado de casas a medio construir, Lino empezó a dar instrucciones. Le dijo a Billy que me enseñara a usar la cortadora, pero en un principio él solo se encargaría de esa faena. Yo únicamente acarrearía las tablas y viguetas. El italiano jamás me exigió casco o zapatos especiales para trabajar.
A partir de ese momento, la sierra eléctrica y las pistolas de aire no dejaron de funcionar. Éstas eran alimentadas por una compresora eléctrica. Billy colocó una mesa mal armada y sobre ella hacía los cortes que exigían los clavadores. Yo iba y venía por la madera.
Los clavadores le gritaban: “Dos de seis”, “Una de cuatro”, “Dos de ocho”, etcétera. Sólo que en esta ocasión, las órdenes las decían en inglés, por simple hábito aprendido en otros trabajos similares. O sea: “Two for six” o “One for four”. Se referían, en el primer caso, a dos tablas de seis pulgadas y en el segundo, una de cuatro.
Empecé cargando cuatro tablas, pero Lino me exigía que transportara seis. Lo hice. Sin embargo, la espalda empezó a dolerme y no dejaba de sudar. El “clac”, “clac”, “clac” de los clavos era repetitivo, molesto.
El italiano no dejaba de hablar por teléfono y supervisaba el avance de la obra. Después me enteraría que en dos semanas levantaba la estructura de la casa y el contrato era por doce mil dólares. De ese dinero, invertía entre seis a ocho mil y su ganancia podría llegar a los cuatro o cinco mil. Durante seis meses al año el trabajo era abundante.
Los clavadores ganaban 120 dólares diarios cada uno, de lunes a sábado, y Billy y yo, no más de 80. O sea que en mano de obra invertía cuatro mil 800 dólares en las dos semanas. Ninguno de los trabajadores tenía seguro médico o cualquier otra prestación. Los cuatro recibíamos apoyo económico del gobierno federal. Según Billy la paga se hacía cada dos semanas y en "cash".
Durante las diez horas de trabajo, se nos permitió tener dos breves recesos, no mayores de quince minutos. Perches y Julio compartían sus alimentos y escuchaban música latina. Billy optaba por dormitar sobre una tabla. Sólo bebía café y fumaba. Lino, por el contrario, se ausentaba de la obra.
Al mediodía tuve la encomienda de cortar madera. Billy me explicó de qué manera tenía que agarrar las tablas y medirlas. Todo se hacía con escuadra y cinta de medir. Era necesario hacer los cortes con precisión y no desperdiciar el material porque me lo cobrarían.
“Me ha tocado ver compañeros que se han volado un dedo, por no tener cuidado”, me comentó Billy.
La odisea no fue fácil. Los clavadores exigían material y, en esta ocasión, yo sólo les llevaba el que acababa de cortar. Billy hacía lo propio. Lino nos urgía a gritos. “Tenemos que terminar esta planta y dejar la otra a menos de la mitad”, nos decía.
La espalda empezaba a lacerarme. También las piernas me temblaban. No había un minuto de descanso. “Y espera que te toque clavar clavos en los ángulos. Es muy duro, amigo”, me dijo Billy.
Ese trabajo se realizaba con un martillo, a la vieja usanza. Billy me reveló que Perches y Julio llevaban cinco años en la construcción y tres meses atrás habían aplicado como solicitantes de refugio ante el Ministerio de Inmigración y Ciudadanía. Ambos eran salvadoreños y vivían en Steels. Billy ingresó a Toronto a finales de febrero y planeaba quedarse un par de años. Lino, por el contrario, desde 1989 radicaba en Canadá y antes se dedicaba a darle mantenimiento a los edificios públicos.
La faena concluyó a las seis de la tarde. El regresar a mi casa fue penoso. Todo el cuerpo me dolía y el ruido monótono de los clavos y las sierras eléctricas aún golpeteaban el cerebro. Lino me dejó en el mismo lugar del encuentro mañanero y me recordó que al día siguiente debería estar ahí, a la misma hora. Ya no regresé. Una semana después lo busqué para que me pagara el día trabajado y su respuesta fue lapidaria: “Vergüenza debería darte. Por tu culpa sólo saqué el trabajo con tres personas y eso me afectó económicamente. Si sigues así no vas a tener futuro en Canadá”.
“Cada tres meses le pediré un informe sobre los avances de su escuela y el voluntariado. Le recomiendo que abra una cuenta bancaria para que ahí se le deposite el dinero. Su abogado lo puede orientar”, dijo la caseworker sin alterar algún músculo del rostro.
La cita fue a las once de la mañana. Gaudencio y Eduardo aguardaron cinco minutos antes de ser recibidos en el cubículo cuatro. En esta ocasión, un grueso cristal antibalas impedía tener contacto físico con la trabajadora social. Algunos refugiados o canadienses que recibían el welfare llegaban a agredir a su caseworker al serles restringidos los recursos económicos. Eso comentó el interprete.
La sala de espera, de paredes cremas, contaba con una treintena de asientos y anaqueles llenos de propaganda oficial. Varias puertas numeradas sobresalían a un costado del pasillo. En ellas se accedía a los cubículos. Por altavoz se mencionaba a la persona y el lugar donde se le atendería.
Las trabajadoras sociales de Ontario Work tenían suficiente autoridad legal y administrativa sobre el refugiado, al extremo de cerrarle toda posibilidad de sobrevivencia si detectaban alguna irregularidad en su comportamiento. En ese primer encuentro al refugiado le exigían una promesa de renta, liberada por el casero, y la copia de inscripción en alguna escuela de inglés.
“¿Cuánto dinero tiene?”, preguntó Laure.
“Setenta dólares”, contestó el periodista.
El paraguayo repitió la misma oración en inglés. En realidad Eduardo tenía doscientos cincuenta dólares, pero Gaudencio le dijo que acortara la cifra para intentar conmover a la trabajadora social. El objetivo fundamental era conseguir de inmediato los mil 300 dólares para adquirir muebles y trastos y pagar el primer mes de renta.
La trabajadora social observó el monitor de su computadora e hizo algunas anotaciones. Se trataba de un trabajo de rutina. De lunes a viernes, cada empleada atendía a un sinnúmero de refugiados y estaba consciente que la mayoría mentía.
“Necesito que me autorice estos permisos para poder acceder a su historia personal y solicitarla ante el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración”, pidió la funcionaria.
Eduardo accedió. Gaudencio le recomendó no hablar mucho y dejar que él hiciera su trabajo. Un buen interprete, decía, es aquel que logra convencer a la trabajadora social para que en menos de 48 horas le entregue el cheque de mil 300 dólares a su cliente. También le sacaría diez boletos del transporte público y la posibilidad de apoyar al refugiado para que únicamente asistiera a clases de inglés nocturnas no diurnas, bajo el pretexto de tener problemas de salud. Eso le daba margen para trabajar de día.
Eduardo, en esa misma cita, se enteraría por boca del paraguayo, que infinidad de refugiados políticos compraban las promesas de renta, en doscientos o cuatrocientos dólares, porque algunos vivían con familiares o fuera de Toronto. Incluso existían matrimonios, amantes o hermanos que aplicaban por separado y así lograban obtener más dinero en Ontario Work. Ante el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración presentaban historias distintas de persecución y juraban y perjuraban que vivían solos en Canadá.
“Le recuerdo que usted no puede trabajar mientras no cuente con el permiso de trabajo”, advirtió Laure. “Tampoco puede hacer movimientos bancarios o envíos de dinero al extranjero, sin notificarlo. Nosotros tenemos acceso a toda esa información y tarde o temprano nos daremos cuenta y se meterá en problemas legales”.
Los refugiados que trabajaban y recibían welfare, enviaban dinero a sus familiares con la ayuda de algún residente o ciudadano de confianza, principalmente sus caseros, supervisores o personal de confianza de las empresas donde prestaban sus servicios. Las mismas agencias de empleo fungían como comercializadoras de divisas. Cada viernes les pagaban en "cash" y en ese preciso momento realizaban la transferencia de dinero a cualquier parte del mundo. Todo a través de instituciones bancarias y con un número clave que utilizaría el beneficiario al presentarse a recoger el depósito.
En Dundas y Bloor existía una joyería que vendía dólares americanos, sin control oficial y en Dufferin y Bloor un italiano compraba los cheques expedidos por algunas agencias de empleo. Por cada cien dólares, obtenía un dólar con cincuenta centavos de ganancia. En algunos cheques aparecía el nombre de «George Bush» o «Fidel Castro» y el comprador no le exigía al vendedor alguna identificación confiable. Seguramente la agencia respondía. La divisa americana tenía un sobreprecio de tres centavos por unidad.
El moverse en ese mercado de la ilegalidad, reproducía una especie de plaga destructiva que atacaba fundamentalmente a los inmigrantes. Los hispanos no escapaban a ella, porque ya contaban con una comunidad numerosa en Toronto. Por esa razón, Eric era recurrente en advertirle al periodista sobre los riesgos de trabajar con hispanos. Se daban casos en que contrataban los servicios de inmigrantes sin estatus legal o que recibían welfare para no pagarles. De quejarse, existía el riesgo de ser denunciados y deportados.
Eduardo en carne propia experimentó esa realidad. La rescató en su diario personal y más tarde reporteó el asunto ante instancias gubernamentales y abogados. El resultado de sus investigaciones las reprodujo en el semanario del Centro Comunitario San Lorenzo.
Escribió:
El arte de timar hispanos
Juan Esteban Rioja no lo dudó dos veces. Metió la moneda de 25 centavos a la ranura del teléfono público y marcó diez números. Una voz masculina le respondió y en menos de dos minutos se arreglaron. Tendría que presentarse al día siguiente, a las seis de la mañana en punto, en la intersección de Finch y Jane. Él lo hizo, trabajó dos semanas en una casona en construcción, y el día de paga, su contratista ya no apareció. Jamás recibió los mil dólares prometidos.
El caso de Juan Esteban es uno más de los treinta o cuarenta que reportan cada semana a las autoridades migratorias, abogados y organizaciones sociales. Las víctimas, principalmente hispanos, son trabajadores que carecen de un permiso oficial para laborar y son indocumentados o solicitantes de refugio político.
La oficial del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración, Mireya Torrijos, comisionada en el edificio central que se encuentra a unos metros de la estación del subway Kipling, revela que los principales enganchadores de esas personas son residentes latinos, principalmente de Argentina y México, que se anuncian en periódicos hispanos.
“Constantemente nos hablan de algunas organizaciones civiles o tres abogados que tiene sus oficinas muy cerca de este edificio y nos denuncian abusos de patrones hispanos con indocumentados que sólo hablan el castellano”, explica.
El Instituto Nacional de Estadísticas de Canadá el año pasado registró que ocho mil 400 personas fueron deportadas por encontrarse ilegalmente en el país. Por su parte, Labore´s International Union of North estima que laboran 76 mil trabajadores sin documentos, la mayoría latinoamericanos y orientales. Otras organizaciones no gubernamentales, hablan hasta de 200 mil. El Ministerio de Ciudadanía e Inmigración lo niega y afirma que esas cifras están “infladas”. Hace tres semanas, personal de esa dependencia, afirmó que eran menos de 40 mil.
El propio Juan Esteban, quien es solicitante de refugio, informó que su contratante, un argentino, tiene bajo su mando a cuatro latinos que carecen de permiso de trabajo. De lunes a sábado los transporta en su camioneta a una construcción que se encuentra en Richmond Hill, por la Rutherford Road y Bathurst Street.
“Lo primero que nos pregunta es si tenemos papeles en regla y al decirle que no, que estamos bajo el programa del walfere, contesta que es lo mejor, porque así ganamos dinero en "cash"», recuerda Juan Esteban, oriundo de El Salvador.
Y añade:
“Diariamente trabajamos hasta diez horas y por esa razón no podemos ir a clases de inglés, como nos lo pide la trabajadora social de Ontario Work. El problema es que la mayoría que llegamos a este país lo hacemos para juntar dinero y enviárselo a nuestra familia”.
Las historias se repiten.
Únicamente en el bufete jurídico del abogado Hamza N.H Kisaka, ubicado en la avenida Eglinton 421, en menos de un mes se detectaron 14 casos de esa naturaleza, en donde las víctimas, al protestar, recibieron amenazas de ser denunciados ante el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración, por encontrarse de manera ilegal en Canadá.
“Cuando se dan cuenta que pueden ser detenidos y deportados, prefieren guardar silencio y ya no seguir con la denuncia. Eso origina que sus ex contratistas vivan en la impunidad y continúen con la misma actitud inmoral”, explica uno de los asesores jurídicos.
Remedios Carreño, viuda proveniente de Querétaro, México, señala que por recomendación de una conocida entró a laborar con un matrimonio que se dedica a la limpieza de edificios de departamentos. Trabajó de noche con ellos durante una semana y al intentar cobrar un viernes, le informaron que la paga se realizaría en los siguientes quince días. Ella ya no regresó, pero hasta la fecha el hombre y la mujer, oriundos de Costa Rica, se niegan a pagarle los 300 dólares del adeudo.
En otros casos, se contrata a la gente para trabajos de limpieza, pero al presentarse al lugar de reunión, son trasladados a Vaughan, Mississauga o a Richmond Hill. Sin embargo, como afirma la oficial de Inmigración, Mireya Torrijos algunos indocumentados o solicitantes de refugio son llevados a otras provincias, donde los tienen trabajando un mes y no les pagan. “Les dan un lugar donde dormir y comida y al final los regresan a Toronto y se hacen los perdedizos. El asunto es que son hispanos los que roban a los hispanos”, remarca.
El semanario de anuncios clasificados aparece todos los jueves y se distribuye gratuitamente en distintos negocios de hispanos. Los propietarios del rotativo no advierten sobre la veracidad de sus anunciantes. Eso ocasiona que sus lectores no tengan a quien reclamarle. Creen en la veracidad del anuncio clasificado.
Remedio Carrera asegura que en algunos anuncios se llega a afirmar que la paga será en "cash" o que no es necesario contar con permiso de trabajo. Pocos son los que exigen inglés y papales “al día”. La mayoría de los números telefónicos son de celulares. La demanda de empleo es de carpinteros, albañiles, encargados de limpieza, meseros, cocineros y ayudantes de pintores de casas. El pago por hora varia: entre seis a ocho dólares y jamás se cubre el salario al finalizar la primera semana de trabajo.
Javier López, un mexicano del Distrito Federal, experimentó en dos ocasiones el abuso laboral de los patrones hispanos. A principios de abril de este año, un argentino de apellido Fractini lo contrató como ayudante de pintor y lo hizo lijar marcos de puertas y ventanas. Durante dos días lo llevó a la casa, ubicada en Wilson y Keele. El sábado le preguntó si le pagaría. El hombre le contestó que hasta que él recuperara su dinero. “Yo no puedo darte nada, porque primero me tiene que pagar a quien le hice el servicio”, le aclaró.
Sin embargo, López lo cuestionó porque ese no era asunto suyo. “Yo cumplí con mi trabajo y creo que se me tiene que pagar”, le dijo. El hombre lo citó al día siguiente, en el mismo lugar donde tres días antes lo recogió, pero jamás se hizo presente.
Otra situación similar la enfrentó con un panameño que lo contrató como ayudante de limpieza de un restaurante griego. Lo hizo trabajar catorce horas, dos turnos, y únicamente le pagó siete. Argumentó que el dinero faltante lo pagaría el empleado saliente.
La funcionaria del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración está consciente de que los indocumentados no cuentan con protección legal para castigar a sus contratantes. “Indudablemente hay temor de denunciar y esa situación ha provocado que se registren sólo aquí, entre treinta o cuarenta denuncias por semana. Nos hablan distintas organizaciones sociales y los tres abogados, que tenemos muy cerca de estas oficinas”, puntualiza.
Y en relación a su experiencia personal, con fines periodísticos, Eduardo consignó:
La jornada del clap, clap...clap
La jornada duró diez horas con dos breves recesos para probar alimentos. No fue una encomienda fácil, sino fatigante y dolorosa. Desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde alimenté de madera a dos clavadores, estuve bajo el acoso permanente de un contratista aprehensivo y jamás recibí la atención o el apoyo de mis compañeros de trabajo.
Experimentar en carne propia el esfuerzo físico y emocional que se realiza en el ramo de la construcción, en realidad no fue nada agradable. Sobre todo cuando no existe una relación afectiva con el contratante y, por lo mismo, la paga se convierte en algo volátil, intocable.
Un anuncio periodístico fue la puerta de entrada a esta aventura laboral. En un semanario hispano, relacionado a la promoción de empleos y compra o venta de diversos enseres o servicios, un contratista italiano, Lino, solicitaba mano de obra para trabajar en la construcción. El enlace lo realicé a través de un teléfono celular.
Lino, en un mal castellano, me pidió datos particulares y estuvo de acuerdo a que le prestara mis servicios sin necesidad de contar con el permiso oficial. La paga se haría en "cash" e inicialmente ganaría ocho dólares la hora. El punto de encuentro sería el cruce de Lawrence West y Jane.
“Traigo una camioneta negra con logotipos amarillos en las puertas”, dijo. “Lo espero a las siete de la mañana y sólo estaré ahí unos cinco minutos”.
El encuentro se realizó al día siguiente. En la camioneta iban cuatro personas, entre ellas el italiano que iba al frente del volante. Yo le di algunas de mis características físicas y cómo iría vestido. Me dijo que trabajaríamos en Mississauga, por la Bumhamthorpe. Sus tres acompañantes eran hispanos, uno de ellos jamaiquino: Perches, Julio y Billy.
Antes de iniciar la jornada, Lino nos llevó a tomar café a un Coffee Times. Ahí me presentó a sus compañeros y dijo que el trabajo consistía en levantar las estructuras de madera de la casa. Precisamente Billy y yo alimentaríamos de madera a los clavadores, Perches y Julio.
Ya en el lugar de trabajo, un enorme solar rodeado de casas a medio construir, Lino empezó a dar instrucciones. Le dijo a Billy que me enseñara a usar la cortadora, pero en un principio él solo se encargaría de esa faena. Yo únicamente acarrearía las tablas y viguetas. El italiano jamás me exigió casco o zapatos especiales para trabajar.
A partir de ese momento, la sierra eléctrica y las pistolas de aire no dejaron de funcionar. Éstas eran alimentadas por una compresora eléctrica. Billy colocó una mesa mal armada y sobre ella hacía los cortes que exigían los clavadores. Yo iba y venía por la madera.
Los clavadores le gritaban: “Dos de seis”, “Una de cuatro”, “Dos de ocho”, etcétera. Sólo que en esta ocasión, las órdenes las decían en inglés, por simple hábito aprendido en otros trabajos similares. O sea: “Two for six” o “One for four”. Se referían, en el primer caso, a dos tablas de seis pulgadas y en el segundo, una de cuatro.
Empecé cargando cuatro tablas, pero Lino me exigía que transportara seis. Lo hice. Sin embargo, la espalda empezó a dolerme y no dejaba de sudar. El “clac”, “clac”, “clac” de los clavos era repetitivo, molesto.
El italiano no dejaba de hablar por teléfono y supervisaba el avance de la obra. Después me enteraría que en dos semanas levantaba la estructura de la casa y el contrato era por doce mil dólares. De ese dinero, invertía entre seis a ocho mil y su ganancia podría llegar a los cuatro o cinco mil. Durante seis meses al año el trabajo era abundante.
Los clavadores ganaban 120 dólares diarios cada uno, de lunes a sábado, y Billy y yo, no más de 80. O sea que en mano de obra invertía cuatro mil 800 dólares en las dos semanas. Ninguno de los trabajadores tenía seguro médico o cualquier otra prestación. Los cuatro recibíamos apoyo económico del gobierno federal. Según Billy la paga se hacía cada dos semanas y en "cash".
Durante las diez horas de trabajo, se nos permitió tener dos breves recesos, no mayores de quince minutos. Perches y Julio compartían sus alimentos y escuchaban música latina. Billy optaba por dormitar sobre una tabla. Sólo bebía café y fumaba. Lino, por el contrario, se ausentaba de la obra.
Al mediodía tuve la encomienda de cortar madera. Billy me explicó de qué manera tenía que agarrar las tablas y medirlas. Todo se hacía con escuadra y cinta de medir. Era necesario hacer los cortes con precisión y no desperdiciar el material porque me lo cobrarían.
“Me ha tocado ver compañeros que se han volado un dedo, por no tener cuidado”, me comentó Billy.
La odisea no fue fácil. Los clavadores exigían material y, en esta ocasión, yo sólo les llevaba el que acababa de cortar. Billy hacía lo propio. Lino nos urgía a gritos. “Tenemos que terminar esta planta y dejar la otra a menos de la mitad”, nos decía.
La espalda empezaba a lacerarme. También las piernas me temblaban. No había un minuto de descanso. “Y espera que te toque clavar clavos en los ángulos. Es muy duro, amigo”, me dijo Billy.
Ese trabajo se realizaba con un martillo, a la vieja usanza. Billy me reveló que Perches y Julio llevaban cinco años en la construcción y tres meses atrás habían aplicado como solicitantes de refugio ante el Ministerio de Inmigración y Ciudadanía. Ambos eran salvadoreños y vivían en Steels. Billy ingresó a Toronto a finales de febrero y planeaba quedarse un par de años. Lino, por el contrario, desde 1989 radicaba en Canadá y antes se dedicaba a darle mantenimiento a los edificios públicos.
La faena concluyó a las seis de la tarde. El regresar a mi casa fue penoso. Todo el cuerpo me dolía y el ruido monótono de los clavos y las sierras eléctricas aún golpeteaban el cerebro. Lino me dejó en el mismo lugar del encuentro mañanero y me recordó que al día siguiente debería estar ahí, a la misma hora. Ya no regresé. Una semana después lo busqué para que me pagara el día trabajado y su respuesta fue lapidaria: “Vergüenza debería darte. Por tu culpa sólo saqué el trabajo con tres personas y eso me afectó económicamente. Si sigues así no vas a tener futuro en Canadá”.
jueves, 3 de febrero de 2011
Canadá: Fusilados/XIV
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| La ejecucion de Romero |
Por Everardo Monroy Caracas
¿Iba a apagarse así aquella llama vigilante de su espíritu apasionado? ¿En aquellas tnienblas?
Luigi Pirandello
Luigi Pirandello
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| Roberto DAubuisson, el asesino |
Las contracciones recurrentes de su gramática, en la mayoría de los casos, se llevan al terreno oral y el asunto tiende a complicarse. Hay palabras que casi tienen el mismo sonido, pero significados diferentes y el aprendiz las llega a dominar después de una larga convivencia con los anglosajones canadienses. Difícilmente se logra tener el control de los casi cuatro mil verbos con sus conjugaciones.
La diversidad de lenguas y culturas le inyectan al inglés nuevos ritmos e intenciones. Rompen con el acento tradicional del idioma y refuerza, sin algún propósito planeado, la convivencia en comunidad. La población infantil que acude a las escuelas públicas o privadas, es quien rescata el verdadero sonido de las palabras anglosajonas o franchutes y sostiene sobre sus hombres la identidad casuística de su nuevo país.
Mientras eso ocurre, sus padres, tíos y abuelos, le imprimen cierta peculiaridad a la forma de expresar el inglés, en caso de vivir en Toronto. Los chinos, coreanos, japoneses, pakistaníes, rusos e hindúes prácticamente se hacen incomprensibles, pero a través del trato cotidiano su interlocutor aprende a entenderlos y apreciarlos.
Notario Cork, a cambio del welfare, le exige a los refugiados el aprendizaje del inglés. Cuenta para ello con un centenar de escuelas gratuitas de segunda lengua (ESL) en la ciudad. En la inscripción se exigen veinte dólares y el permiso migratorio, la hoja marrón. Los cursos duran nueve meses al año y se imparten mañana y noche.
Hay quienes optan por estudiar de ocho de la mañana a dos de la tarde. Otros, los interesados en trabajar de "cash" y no desvelarse, lo hacen de las 19:00 a las 21:30 horas. Eduardo se inscribió en una escuela con tres grupos y cuatro maestras, incluyendo la directora. Lo hizo en el turno matutino.
En el mismo edificio de dos niveles, construido en la rivera de un antiguo arroyuelo, se atendía a personas con problemas de síndrome de Down. De lunes a viernes, en el turno de la mañana, el periodista hacía acto de presencia. Era necesario tomar dos autobuses para llegar al colegio, ubicado en Weston y Sheppard, a media hora del departamento donde residía.
La principal obsesión de su maestra, Catherine Pearson, de sangre italiana, era contar con no menos de veinte alumnos y así conservar sus privilegios salariales. Normalmente le daba clases a doce o quince y en algunas ocasiones, sobre todo cuando un enviado del Ministerio de Educación supervisaría el trabajo desarrollado por las mentoras, todos los inscritos acudían y pasaban lista de presente.
La mayoría de los alumnos de Catherine superaban los cuarenta años y algunos, cuatro o cinco, ya tenía más de una década en la misma aula. Las maestras, en su afán de conservar la chamba, eran repetitivas en sus enseñanzas e impedían que los alumnos pasaran a niveles subsecuentes. Catherine justificaba su comportamiento con una sencilla explicación:
“No depende sólo de nosotros que ustedes aprendan el inglés, es la práctica la que les va a ayudar. Salgan a la calle, visiten los centros comerciales, los restaurantes o las iglesias y ahí escuchen y traten de hablar el inglés. Nosotros únicamente les damos las bases. Practiquen, practiquen, practiquen...”.
Por tratarse de una mayoría de hispanos, entre ellos salvadoreños, colombianos, guatemaltecos y mexicanos, la comunicación oral se realizaba en castellano. En los recesos, los hindúes, vietnamitas y pakistaníes, se separaban y formaban su propio grupo.
Eduardo empezó a tratarlos y conocer el motivo de su presencia en Canadá. Todos eran refugiados políticos y sobrevivían con ayuda del welfare.
La historia de doña Paula Mendoza de Barahona, de 68 años, le interesó porque permitía reconstruir la gesta de una madre intentado salvar de la guerra a sus hijos y a un esposo parapléjico. Juntos, por tierra y mar, recorrieron cerca de 500 kilómetros para llegar a San José, Costa Rica y huir de El Salvador, donde militares y guerrilleros sembraban de cadáveres los catorce departamentos.
Chorreaba sangre y lágrimas en Morazán, La Paz, San Salvador, Cabañas, San Vicente, Usulután, Chalatenango, La Unión, etcétera.
En la década de los ochenta, ese pequeño país vivía la tragedia de una guerra civil cebada por la miseria, represión, autoritarismo y codicia. Finqueros, industriales e inversionistas extranjeros abonaban esa inquina. En nada se diferenciaba a lo ocurrido en Guatemala y Nicaragua.
El caso de doña Paula y su familia era representativo de lo ocurrido en esa tierra pródiga y trágica: El Salvador, el Pulgarcito de Centroamérica.
Eduardo, escribió:
El miedo
En el instante exacto de abordar el avión, un potente DC-10 de una aerolínea estadounidense, doña Paula Mendoza de Barahona cerró los ojos y trató de contener el llanto. Durante más de seis años había esperado ese momento: abandonar tierras ticas y concluir así, de llegar sin contratiempos a la ciudad de Toronto, un profundo y doloroso sentimiento de angustia. Ella y su esposo —doblegado por una embolia— difícilmente volverían los ojos hacía atrás y enfrentarían los mismos peligros de antaño, principalmente en El Salvador, su país de origen.
—Gracias a Dios —fue lo único que logró murmurar en el momento que se colocaba en el asiento cercano a don Gerardo, quien la observaba con ternura.
Se encontraban en el aeropuerto internacional “Juan Santamaría” de San José, Costa Rica.
Del 7 de junio de 1980 al 13 de diciembre de 1986, la familia Barahona-Mendoza enfrentó los sinsabores del peligro y la angustia. El Salvador aún se convulsionaba en una sangrienta guerra civil aparentemente interminable. Grupos paramilitares, el ejército nacional, las policías y la guerrilla —encabezada por el Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional—, sembraban muertos por doquier y una de las principales víctimas de este fratricidio había sido el arzobispo de la diócesis de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero. Un francotirador, presuntamente pagado por oficiales militares de tendencia ultraderechista, le había partido el corazón de un balazo.
Doña Paula, ajena a esa realidad política, simplemente buscó proteger a sus hijos y esposo, parapléjico desde 1976. Jorge, el tercero de su prole, estudió dramaturgia. Una obra de teatro, patrocinada por la Universidad Nacional, generó animadversión entre algunos integrantes de la Junta Militar. El gobierno, en esos momentos estaba conformado por oficiales del ejército, encabezados por los coroneles Jaime Abdul Gutiérrez y Adolfo Majeno. El 15 de octubre de 1979 perpetraron un golpe de Estado y depusieron al presidente de la República, al general Carlos Humberto Romero.
A partir de ese momento, la represión tomó mayor vigencia y en menos de dos años, más de diez mil personas fueron asesinadas. El miedo y la indignación se convirtieron en las principales divisas de convivencia de los salvadoreños.
Los 14 departamentos con sus 212 municipios entraron a una dinámica de violencia. Ningún sector de la población podía estar ajeno a lo que ocurría en su país. Los Barahona-Mendoza radicaban en la avenida Cuscatlán, cinco cuadras antes de llegar, de norte a sur, al Palacio Nacional y la Catedral metropolitana, cerca de la Plaza Gerardo Barrios. En esa modesta vivienda del Barrio La Candelaria, doña Paula atendía a su marido —ya incapacitado físicamente desde 1976—, y a sus hijos Martha, Manuel, Jorge, Alfredo, Carlos y Mauricio. Doña Paula, gracias a sus vecinos, tenía conocimiento de la vigilancia extrema en que se encontraba uno de sus hermanos, por su supuesta cercanía con la guerrilla. Lo mismo le ocurría a dos de sus hijos, sobre todo a Jorge. De esa manera la seguridad de ella, de don Gerardo y su prole estaba en constante riesgo. Incluso, una hermana de doña Paula militaba en el Partido Demócrata Cristiano, dirigido por Napoleón Duarte. Por lo mismo, en uno de sus diálogos en voz baja, los Barahona-Mendoza determinaron huir y radicar en Costa Rica. Varios conocidos lograron obtener protección en ese pequeño país centroamericano y desde ahí gestionar su residencia, en calidad de refugiados políticos, en Estados Unidos, Canadá, Australia o Europa.
—Tenemos que salir de aquí —sugirió doña Paula.
—No será fácil mamá —dijo Manuel.
—O lo hacemos, o cualquier día vienen por uno de ustedes y les ponen uniformes.
—Es cierto —confirmó Alfredo—, Jorge ya es vigilado por la Guardia Nacional por lo de la obra de teatro.
—No quiero ver a alguno de mis hijos desaparecido o asesinando a su prójimo. Es necesario que busquemos refugio fuera de El Salvador. Su padre necesita atención médica.
Don Gerardo poco podía aportar. Había vivido siete años en Nueva York y a consecuencia de una diabetes aguda, provocada por el alcohol y el descuido en su alimentación, estuvo a punto de perder la vida. Casi paralítico y con problemas al hablar fue regresado a El Salvador. Gracias a la ayuda económica de una hermana del enfermo, también radicada en Estados Unidos, la familia Barahona-Mendoza logró salir adelante. Con parte de ese apoyo, los seis hijos lograron terminar sus estudios y trabajar. Doña Paula era el principal eje moral de todos.
El lunes 24 de marzo de 1980, una noticia sacudió a la mayoría de salvadoreños: el arzobispo Oscar Arnulfo Romero había sido asesinado durante la celebración de una misa, en memoria de la madre del periodista, Jorge Pinto, primo de don Gerardo. El prelado se encontraba en el interior de la capilla del Hospital de la Divina Providencia.
Un comunicado difundido ampliamente en los noticieros de radio y televisión, confirmaron:
“Esta tarde, aproximadamente a las seis de la tarde con cuarenta minutos monseñor Oscar Arnulfo Romero se desplomó mortalmente herido ante el altar de la capilla del hospital de la Divina Providencia.
“El prelado oficiaba en esos momentos una misa en memoria de la madre de un periodista, Jorge Pinto, director del periódico opositor El Independiente.
“Según las últimas versiones, cuatro desconocidos llegaron hasta el hospital de la Divina Providencia en un coche Volkswagen de color rojo. Se acercaron a la capilla y dispararon contra el arzobispo. Un disparo le atravesó el corazón, dejándolo mortalmente herido. Una religiosa que escuchaba la misa dijo que antes de morir, monseñor Romero pidió perdón para los asesinos”.
Doña Paula y su familia, al igual que los casi tres millones de salvadoreños se enteraron de la tragedia.
Un día antes, algunos integrantes de la familia Barahona-Mendoza habían asistido a misa en la Catedral Metropolitana y monseñor Romero, en su homilía, cuestionó duramente a la oligarquía local, al gobierno y a los militares. Entre otros puntos abordados, en esta ocasión destacó:
—He tratado durante estos domingos de Cuaresma de ir descubriendo en la revelación divina, en la Palabra que se lee aquí en la misa el proyecto de Dios para salvar a los pueblos y a los hombres; porque hoy, cuando surgen diversos proyectos históricos para nuestro pueblo podemos asegurar: tendrá la victoria aquel que refleja mejor el proyecto de Dios. Y esta es la misión de la Iglesia.
“Ya sé que hay muchos que se escandalizan de estas palabras y quieren acusarla de que ha dejado la predicación del evangelio para meterse en política, pero no acepto yo esta acusación, sino que hago un esfuerzo para que todo lo que nos ha querido impulsar el Concilio Vaticano II, la Reunión de Medellín y de Puebla, no sólo lo tengamos en las páginas y lo estudiemos teóricamente sino que lo vivamos y lo traduzcamos en esta conflictiva realidad de predicar como se debe el Evangelio... para nuestro pueblo. Por eso le pido al Señor, durante toda la semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia, que me de la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar al arrepentimiento, y aunque siga siendo una voz que clama en el desierto se que la Iglesia está haciendo el esfuerzo por cumplir con su misión...
A partir de ese momento, monseñor Romero hizo una extensa relación de nombres de campesinos y trabajadores asesinados por soldados y grupos paramilitares y le pidió al gobierno estadounidense que dejara financiar al ejército salvadoreño.
Casi al finalizar su alocución, exigió:
“Sin las raíces en el pueblo ningún Gobierno puede tener eficacia, mucho menos, cuando quiere implantarlos a fuerza de sangre y de dolor...
(…)Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército, y en concreto a las bases de la Guardia nacional, de la policía, de los cuarteles: Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la Ley de Dios que dice: NO MATAR... Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios... Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla... Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado... La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la Ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el Gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre... En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuoso, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la represión...!”
Monseñor Romero jamás se imaginó que en esos momentos, un sicario a sueldo, barbado y experto en el manejo de rifles de largo alcance, aguardaba la orden para asesinarlo. Según el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Roberto E. White, había sido contratado por unos militares, entre ellos el mayor Roberto D’Aubuisson —fundador del partido ARENA—, para ejecutar al prelado. El crimen tendría lugar al día siguiente.
Mientras tanto, cientos de feligreses escuchaban en la Catedral Metropolitana las duras palabras del arzobispo. Nunca imaginaron que una bala calibre .22 cambiaría radicalmente su vida y la del país. Doña Paula tampoco olvidaría esos dramáticos momentos.
La huída
La bala atravesó la lámina y penetró en la nuca de Leonel, un modesto tallador de joyas. Su cabeza chicoteó y se fue de bruces. El chofer frenó violentamente y la mayoría de los pasajeros del camión urbano optaron por abandonarlo y tirarse al suelo. Una hora después, cerca de las tres de la tarde, doña Maria Franco se enteró que una bala perdida había asesinado a su marido y el cuerpo aún yacía en el interior de la unidad, en medio de un charco de sangre.
Uno de los hijos de doña María, Ricardo, era compañero de colegio de Jorge, y por lo mismo, la familia Barahona-Mendoza se enteró de la tragedia.
—Lo que le pasó al papá de Ricardito es una advertencia —expresó doña Paula al terminar de comer. Don Gerardo oyó todo desde su lecho—. Por eso estoy de acuerdo de que Jorge y Carlos se adelanten a Costa Rica y luego los seguimos nosotros.
Lo que aceleró ese viaje fue el asesinato del arzobispo Romero. En todo el país los escuadrones de la muerte, el ejército nacional y la guerrilla tenían a la población en permanente miedo y resentimiento. Los pobres eran los más afectados y la clase media, principalmente la de las grandes ciudades, sufría mermas porque el gobierno militar obligaba a sus hijos a enrolarse en las fuerzas armadas.
La pregunta que constantemente se hacían don Gerardo y doña Paula era el cómo lograrían escapar de El Salvador sin despertar sospechas entre sus vecinos y conocidos. Entre ellos, estaban seguros, había infiltrados del gobierno o los escuadrones de la muerte. Sus hijos, Jorge y Carlos estudiaron Artes Dramáticas y el primero, incluso ya contaba con la licenciatura. A finales de ese año, 1980, haría lo propio Carlos.
—Que Carlos y Jorge se adelanten —sugirió don Gerardo. A pesar de sus dolencias y parálisis, producto de su embolia, trataba de aportar algo para evitar que alguno de sus hijos cayera en manos del ejército o fuera asesinado.
—En San José hay una familia que puede ayudarnos —dijo Jorge—. Una compañera de Martha nos puede recomendar para que ahí nos alojemos mientras conseguimos un trabajo y pedimos el refugio político oficialmente.
Martha era la primogénita del matrimonio Barahona-Mendoza. Le seguían Manuel y posteriormente, en este orden, Jorge, Carlos, Alfredo y Mauricio. El más pequeño acababa de cumplir los 14 años y Alfredo estudiaba Saneamiento Ambiental en el Instituto Nacional Francisco Menéndez. Radicaban cerca del Palacio Nacional y constantemente observaban el movimiento de los militares que recorrían la ciudad en tanquetas y jeeps.
Tras el triunfo de la revolución sandinista, en Nicaragua —eso ocurrió en 1979— ser joven en Centroamérica era casi un delito. Si usaban mezclilla o melena, suponían la derecha y los militares que ellos simpatizaban con el comunista internacional.
Los Barahona-Mendoza de manera sigilosa empezaron a trazar un plan de huida. Una de las hermanas de doña Paula, el martes 20 de mayo, estuvo de acuerdo en llevar a sus sobrinos Jorge y Alfredo al aeropuerto. Ambos tenían 21 y 18 años, respectivamente. Ya eran mayores de edad y por lo tanto, no necesitaban algún permiso tutelar para salir del país.
—Mamá, vamos a entregarle la carta a esta familia y de inmediato, de no tener problemas, solicitaremos ayuda a la ONU —dijo Jorge.
Lo que más le dolía al muchacho era el separarse de su novia Alba. Sin embargo, Jorge logró comprometerla a que lo siguiera, en fechas posteriores a Costa Rica. De aceptar, se iría con sus padres y hermanos.
—¿Y por qué no te esperas un poco más?
—Si no me voy ahorita, me matan —le dijo Jorge a Alba.
Y la muchacha sabía que aquella versión era probable. En su escuela se había enterado de infinidad de historias donde sus compañeros, maestros o padres de familia terminaban en la cárcel o en el cementerio. La muerte del empleado de la joyería, como consecuencia de un disparo realizado por un militar —después se confirmaría ese hecho— le daba mayor peso a esa decisión.
Conforme a lo previsto, Jorge y Alfredo, ese 20 de mayo de 1980, abordaron el avión comercial a Costa Rica. Su tía los acompañó y en su casa, hermanos y padres, no lograron ocultar su pesar. Doña Paula sintió que una parte de su ser se le desprendía. Sus hijos eran su razón de lucha. Estaba desbastada.
—No se preocupe, madre, todo saldrá bien, ya lo verá. Primero Dios, conseguiremos el apoyo de la ONU para que ustedes también salgan de este infierno —dijo Jorge antes de abandonar el domicilio.
Doña Paula los abrazó y besó las mejillas. El llanto fue incontenible.
Los muchachos llegaron a su destino sin contratiempos y la familia del compañero de escuela de Martha les dio hospedaje y alimentos, sin ningún compromiso. Jorge y Alfredo buscaron trabajo y empezaron a tener correspondencia con sus padres y hermanos. Poco a poco, los Barahona-Mendoza empezaron a juntar dinero. Doña Paula logró hacerse de 400 dólares americanos y una cantidad similar de colones, la moneda oficial de El Salvador. En esas fechas, un dólar costaba dos colones con cincuenta centavos.
Al mismo tiempo, doña Paula logró contactar con un transportista, don Eduardo, propietario de un autobús semidestartalado que también intentaba escapar del país. En esta ocasión logró convencer a una de sus hermanas para que lo acompañara en la odisea. En la misma caravana irían un hermano de don Gerardo, de nombre Manuel y doña María, la viuda del empleado de la joyería, y tres de sus cinco hijas. Todos los interesados del viaje, empezaron a tener reuniones clandestinas y a diseñar una estrategia para la salida.
La ruta de evacuación sería Puerto La Unión, al sur de El Salvador, para entrar, por el lago Fonseca, a Nicaragua. De ahí cruzarían todo ese país hasta tocar con la frontera de Costa Rica, por Peñablanca. En ese punto fronterizo, Jorge y Alfredo irían por ellos con una carta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). De ser posible, la ONU los resguardaría ante el riesgo de ser asesinados por el ejército salvadoreño o los escuadrones de la muerte. La guerrilla, inmersa en el Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional, simplemente confrontaba con los soplones, soldados u oficiales asesinos y los paramilitares de ultraderecha, patrocinados por el gobierno estadounidense y algunos latifundistas.
—En el camión sólo llegaremos La Unión y ahí tenemos que tomar el ferry y ya en Nicaragua, hay que abordar otros cuatro camiones para llegar a Costa Rica —explicó con detalle, don Eduardo.
—¿Cuando y a qué horas sería la salida? —preguntó doña Paula.
—Si no hay contratiempos, el sábado 7 de junio, a las doce o una de la tarde. Se trata de llegar antes de las cuatro de la tarde a La Unión para abordar el ferry —dijo don Eduardo.
—¿Qué podemos llevar? —inquirió doña María.
—Poca ropa, unas frazadas y algo de comida —dijo don Eduardo—. Se trata de no llamar la atención…
En el camión viajarían don Gerardo y su esposa, cuatro hijos y dos nueras —Margarita, esposa de Manuel, y Alba, la novia de Jorge—; doña María y sus tres hijas; don Manuel, hermano de don Gerardo, y don Eduardo y su hermana. En síntesis, quince personas realizarían ese periplo. Lo que ahí se recomendó es que nadie comentara del viaje, ni siquiera los niños a sus amiguitos, para evitar que los policías políticos se enteraran y los adultos, que encabezaban ese viaje, fueran arrestados.
Doña Paula, el viernes 6 de junio, por la tarde fue a Catedral y oró por la seguridad de los suyos. En el país se respiraba un aire de luto y temor y la mayoría de las plazas públicas estaban tomadas por los militares. Prácticamente el gobierno militar que encabezaban los coroneles Jaime Abdul Gutiérrez y Adolfo Majeno, había instaurado el Estado de Sitio y pocas personas por las noches se atrevían a salir a las calles. Una treintena de obreros había intentado realizar una manifestación en una plaza pública cercana a la casa de los Barahona-Mendoza, y esa misma noche, fueron desalojados violentamente y en las banquetas y asfalto quedaron manchones de sangre, ropa y calzado. Eso ocurrió una semana antes del viaje programado. Los militares habían asesinado a casi la mitad de los paristas.
Durante la noche, doña Paula y sus hijos prepararon maletas. En cajas de cartón metieron ropa y algunas frazadas. En la parte delantera del camión, iría don Eduardo, frente al volante, y en el lado del copiloto, la hermana de este y don Gerardo. No habría asientos traseros y doña Paula y doña María, con sus respectivos hijos, simplemente se recostarían sobre colchonetas.
Al amanecer, la familia Barahona-Mendoza se dividió en dos grupos para no despertar sospechas. Todos se concentraron, al final, en la casa de don Eduardo, en la parte oriente de la ciudad.
Exactamente a las 13:05 horas partieron, en el interior del autobús a la región sureña de El Salvador. Las lluvias habían reverdecido los valles y serranías y durante el trayecto, el calor húmedo intranquilizaba a los niños.
Por tratarse de una carretera interamericana, los contratiempos fueron menores. Aún así la incertidumbre y el temor los obligó a cavilar y guardar silencio durante el viaje. Cerca de las cuatro de la tarde arribaron al puerto San Carlos de la Unión. Por un costado, en medio de una bruma azulada, sobresalía el imponente volcán de Conchagua. Sobre las tranquilas aguas del golfo de Fonseca, bailoteaban decenas de lanchones para pescar y entre los caseríos cercanos a la costa, cuatro militares, armados con fusiles metralleta, piropeaban a dos muchachas. El camión se detuvo aproximadamente a veinte metros de distancia de ellos. Don Eduardo, aún con las manos sudorosas, volvió la cabeza hacia atrás y angustiado comentó:
—Es posible que tengamos problemas… Hay milicos y son de la Guardia Nacional…
Y no estaba equivocado.
Uno de los soldados, rechoncho y con un cigarrillo en los labios, se desprendió de sus compañeros y con pasos firmes enfiló hacia el camión. Doña Paula entrecruzó miradas con doña María y en silencio empezó a orar.
Doña Paula respiró tranquila al darse cuenta que el militar únicamente inspeccionó con la mirada el camión y sin molestarlos prosiguió su marcha. Los otros dos uniformados intentaban seducir a dos lugareñas.
—Bendito sea Dios —murmuró y abrazó a Mauricio.
Don Eduardo, comentó:
—Creo que ya llegamos tarde y el ferry se nos fue. Hay que comer algo y también informarnos si hay otro bote antes de que anochezca…
Don Gerardo propuso que solo parte del grupo se bajara de la unidad y comprara alimentos. Las mujeres salieron y desalentadas, al regresar, informaron que efectivamente el ferry se había retirado y la salida tendría lugar hasta al día siguiente, a las seis de la tarde.
—Ni modo —exclamó don Manuel, el hermano de don Gerardo—. Una noche más y ya estamos fuera…
Todos comieron en silencio, queso y tortillas y un poco de pollo. Bebieron agua y el sueño poco a poco los fue venciendo. Doña Paula tenía fe de que sus hijos Jorge y Alfredo ya los aguardaran cerca de Peñablanca. En Managua les hablaría por teléfono y confirmaría si no había contratiempos. Le preocupaba la salud de su esposo, quien se quejaba de un fuerte dolor de piernas.
Las mujeres y don Eduardo casi no lograron conciliar el sueño. Poco a poco a oscuridad dominó a la comunidad portuaria y el murmullo del viento empezó a estrellarse en la lámina del autobús. Los lastimeros aullidos de los perros, le robaban la tranquilidad a quien ya añoraban dejar atrás esa pesadilla. Cerca de las seis de la mañana una luz intensa fue filtrándose por las ventanillas y parabrisas y coloreó el entorno. Don Eduardo, salió del autobús e investigó si los militares hacían sus rondines. Recordó que tres días antes de ese viaje, un compadre le comentó que dos muchachos fueron asesinados en el ferry, en el momento que trataban de huir de El Salvador.
—Hay cierta tolerancia con la gente… Tenemos que aprovechar que los militares están fuera de La Unión y abandonar la unidad —sugirió don Eduardo al regresar al camión.
Doña María y doña Paula temían que los separaran de sus hijos, al darse cuenta los soldados de sus intenciones. Sin embargo, estaban conscientes que cualquier actitud sospechosa podría evidenciarlos y poner en riesgo la misión. Se separaron en tres grupos y aguardaron a que el ferry abriera sus puertas para que los pasajeros lo abordaran. Mientras eso ocurría, las mujeres lograron cambiar el dinero salvadoreño, sus colones, por córdobas nicaragüenses.
En el momento indicado, se mezclaron entre la gente que utilizaba los servicios del bote y ya a bordo, con sus maletas y cajas en mano, no lograron disimular su emoción. Más aún cuando escucharon el pitido de la nave y el ronroneo de la máquina principal que le daba vida a las propelas. Ya habían recorrido los primeros 167 kilómetros de San Salvador a La Unión y ahora rodeaban las pequeñas islas de La Amapola y La Conchaguita. El verdor era único. Cincuenta kilómetros de aguas calmas, salinas, pasaban ante sus asombrados ojos.
Una hora y media después, desembarcaron en el puerto de Potosí y los recibieron varios militares sandinistas.
—¿A dónde van? —los encaró un uniformado, con pañuelo rojinegro en el cuello.
—Tenemos enfermo a mi esposo y lo llevamos a curar a Managua… —dijo doña Paula.
—Sus hijos, ya están grandes, ¿por qué no se quedaron en El Salvador para pelear contra los militares asesinos?
—Ellos se van a regresar, pero vienen a ayudarme con su papá, que viene muy enfermo…
El aspecto desmejorado de don Gerardo, convenció a los sandinistas. Ahí en Potosí abordaron un autobús con destino a Chinandega. Durante el viaje no fueron molestados y de Chinandega, se cambiaron a otra unidad con rumbo a Managua. En esa ciudad pasaron la noche y doña Paula logró contactar telefónicamente con Jorge y le dijo que ya estaban en territorio nicaragüense. Jorge estaba alarmado porque no se habían comunicado un día antes.
—Tuvimos que dormir en La Unión y esperar a que saliera nuevamente el ferry —le confirmó su mamá.
—Vamos a esperarlos en la caseta de inmigración de Costa Rica, pero si pueden pasar, háganlo. De todos modos, nos vamos a dar cuenta si tienen problemas y vamos por ustedes a donde estén. Guarden la calma, mamá.
La voz de Jorge le inyectó confianza. Jorge y Alfredo ya contaban con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la seguridad de su familia estaba garantizada. Su único temor era que los escuadrones de la muerte se internaran a Nicaragua y atentaran contra alguno de sus hermanos, principalmente los mayores, Martha y Manuel. También estaba en riesgo la seguridad de Margarita y Alba. Incluso se hablaba de salteadores de caminos que mataban y violaban mujeres.
—Nosotros estaremos en Peñablanca como a las cinco o seis de la tarde, hijo.
—Nos faltan unas firmas, mamá y es posible que consigamos transporte. No se desesperen, estamos trabajando en eso. De no ser por la tarde, al otro día estamos con ustedes…
El viaje continuó y tomaron un nuevo autobús de Managua a Rivas. En esa ciudad, oscurecida por nubarrones y aguaceros, hicieron una nueva escala. Los niños ya estaban desesperados y hambrientos y don Gerardo, para no apenar a sus seres queridos, soportaba con estoicismo sus dolencias. Ya en Rivas, sin tener tiempo de descansar, abordaron otra unidad que los trasladaría a Peñablanca.
Unos salvadoreños que iban en el autobús les comentaron que la Junta Militar había recrudecido la represión y se sospechaba que el coronel Roberto D’Aubuisson estaba atrás del asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero.
—Contrataron los servicios de un matón de algún otro país, parece que de Florida, o del mismo ejército para hacer esa porquería…
Don Eduardo prefirió no hacer comentarios. Las mujeres, hijos y nueras también se hicieron los desentendidos. Los adultos conocían la historia de su país, con sus casi cien años de guerra civil. Para doña Paula lo primero era su familia. Solo su familia.
Casi al oscurecer llegaron a Peñaflores y fueron a cenar a un comedero de madero que estaba al lado de una central de vigilancia de los sandinistas. Unos militares les permitieron dormir ahí.
—Sólo que las mujeres tienen que madrugar y bañarse porque después vienen los compañeros y ya no podrán hacerlo —les advirtieron.
Para evitar el acumulamiento de ropa sucia, el grupo acordó deshacerse de ella cada vez que abordaban un nuevo autobús. Por lo mismo, la carga había disminuido y doña Paula, doña María y la hermana de don Eduardo, lograron sortear la pesada carga de lavar la vestimenta de ellas y sus doce acompañantes.
La señora que vendía comida le informó que no era fácil cruzar a territorio costarricense —Tico, fue su palabra—, porque los de migración exigían 300 dólares americanos por persona para poder ser recibidos como turistas.
—Así evitan que gente necesitaba los invada…
Unos traileros que estaban en el comedero, intervinieron.
—Pero no se preocupen… Los podemos ayudar, nosotros metemos a los muchachos y que presenten los 300 dólares y luego que uno de ellos se regrese con el dinero… Así, poco a poco se van metiendo…
Doña Paula y doña María valoraron la situación. Hacerlo de esa manera ponía en riesgo la seguridad de Margarita y Alba, porque no conocían a los traileros, y tampoco podían confiarles el poco dinero que llevaban. Incluso, existía el riesgo de que detuvieran a sus hijos y los deportaran a El Salvador.
Los quince se reunieron en el cuartel de los sandinistas y empezaron a deliberar. Los niños se durmieron, pero los adultos, contritos y cavilativos, aguardaron que el amanecer los alcanzara para tomar una nueva decisión. Por lo pronto, don Eduardo y su hermana contaban con el dinero y determinaron internarse a Costa Rica. Las otras mujeres, acordaron aguardar la presencia de Jorge y Alfredo. Las oficinas migratorias de Costa Rica estaban a cien metros de distancia, al fondo de la misma carretera federal. Ese tramo estaba sombreado por una hilera de fresnos y pinares. El movimiento vehicular y humano era constante.
—¿Qué hacemos mamá? —preguntó Manuel.
—Esperar la llegada de tus hermanos… Es lo mejor…
El sol empezó a hacer su recorrido y las sombras de árboles y casas reptaban de un lado a otro. Don Gerardo y doña Paula habían perdido el apetito. Temían que algo malo les hubiera ocurrido a sus hijos y estaban entrampados en ese lugar rodeado de caseríos, pobreza y humedad.
—No van a venir…
—Claro que sí…
—No es fácil…
—Lo van a lograr… Sino, buscamos la manera de meternos…
En esos momentos, uno de los niños se les acercó corriendo.
—Mamá, mamá… Vienen mis hermanos…
Doña Paula levantó el rostro y vio a lo lejos a sus dos hijos. Habían llegado a bordo de una camioneta y cargaban en las manos, un fólder con varios documentos, entre ellos el compromiso de la ONU de protegerlos como refugiados políticos. Jorge y Alfredo abrazaron a sus padres y no lograron contener el llanto. El Salvador y su guerra civil habían quedado atrás. Ahora tendrían que ajustarse a su nueva vida, la de inmigrantes, y empezar hacer los trámites ante el gobierno canadiense para que les diera la oportunidad de rehacer su vida.
Doña Paula y don Gerardo tardarían casi seis años para lograr su objetivo final: vivir en paz, al lado de sus hijos y nietos. Durante ese tiempo permanecieron juntos en Heredia, Costa Rica, y el 13 de diciembre de 1986, el matrimonio, llegó a Toronto para reencontrarse con sus seis hijos, quienes desde un año antes ya radicaban en Canadá. El 27 de octubre del 2002 murió don Gerardo, a consecuencia de un infarto al miocardio, y doña Paula quedó bajo el cuidado de sus hijos.
miércoles, 2 de febrero de 2011
Canadá/Fusilados/XIII
Por Everardo Monroy Caracas
Un pez arrojado
por un mar embrabecido,
resollé en la tierra
me convertí en mi mismo.
Kurt Vonnegut
No era nada agradable estar frente a una funcionaria migratoria, escéptica a los problemas personales de sus interlocutores. Con sólo mirar la ropa, manos y cara de quien solicitaba refugio político, lograba hacerse una idea de su personalidad y necesidades. Ese era su trabajo. De esa primera valoración, podría definirse el futuro asentamiento del interesado en ciudadanizarse canadiense.
Eduardo fue recibido a las 11:40 horas, pero desde las seis y media de la mañana hizo acto de presencia en la oficina 101. El cubículo apenas permitía darle cabida a más de cuatro personas y, en esta ocasión, la funcionaria mezcló el inglés con el castellano para realizar la entrevista. Tuvo el apoyo de una interprete hispana. Jennifer Brown tenía una cabellera abundante, cara delgada y ojos esmeralda, muy brillantes. Sus clavículas delineaban con claridad la consistencia del cuerpo, lastimado por la poliomielitis y el estrés.
“Usted está mintiendo”, dijo la funcionaria.
“Le digo la verdad”, enfatizó Eduardo.
“¿Quién le va a creer que entró a Estados Unidos con una visa vencida?”.
“Así fue, yo trabajé en un diario de Ciudad Juárez y me conocen algunos funcionarios de migración”, justificó el periodista.
Jennifer se puso de pie y abandonó el cubículo. La interprete la siguió. Desde el cuarto contiguo, donde tenían un monitor encendido, observaron el comportamiento de Eduardo. Él había argumentado miedo fundado y brevemente explicó los problemas legales que enfrentaba en su país. Los cárteles de la droga y policías corrompidos atemorizaban, con asesinatos selectivos, a los periódicos interesados en tratar el asunto del crimen organizado.
Detalló:
“La misma Secretaría de la Defensa Nacional consignó, en los últimos seis meses del 2004, más de 800 ejecuciones en todo el territorio mexicano, entre policías, traficantes de drogas y periodistas”.
Y agregó que no buscaba ser una estadística más o convertirse en una bandera política de las organizaciones gremiales de editores o redactores de prensa.
Los mismos autores intelectuales de crímenes a periodistas iban a los sepelios, colocaban coronas de flores junto al ataúd y daban el pésame a los deudos. Las ejecuciones por consigna oficial eran las más comunes y menos esclarecidas por la justicia mexicana.
La funcionaria de inmigración retornó al cubículo y empezó a llenar los formularios donde se abundaba sobre la causa de la petición de refugio, el tiempo que se planeaba permanecer en Canadá y la forma como logró internarse al país. Antes de concluir el interrogatorio, el periodista recibió una breve explicación sobre los alcances de su nuevo status y las posibilidades de ser rechazada la misma petición, en caso de no cubrir los lineamientos previstos en la ley migratoria canadiense. La funcionaria no lograba disimular su antipatía a los hispanos.
Previo a ese encuentro, el solicitante tuvo que subir al tercer piso del edificio del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración donde fue medido, pesado, fotografiado, inspeccionado físicamente para detectarle alguna cicatriz, tatuaje o defecto corporal y lo obligaron a plasmar sus huellas dactilares en una forma con la bandera de Canadá impresa y el rótulo, Citizenship and Inmigration. El encargado de hacer todo esa faena, utilizó guantes de látex.
Jennifer antes de despedirse volvió a externar sus dudas sobre la internación del periodista a los Estados Unidos. Eduardo decía la verdad. En autobús llegó a Ciudad Juárez, buscó telefónicamente al ex director editorial del diario donde antes laboró y en su vehículo cruzaron la caseta migratoria con sólo presentar la visa vencida. El oficial que los recibió conocía a Eduardo y simplemente movió la cabeza en aprobación e hizo una señal con la mano derecha para que continuaran su marcha. Ya en el aeropuerto de El Paso, Texas se confirmó la compra del boleto adquirido para volar a Toronto y durante la noche el periodista durmió en el Hotel Coral. Una mañana después, exactamente a las 9:40 horas, abordó el avión y dejó atrás territorio estadounidense. Hubo una escala a las 12:20 en Phoenix, Arizona. La funcionaria migratoria fundaba sus dudas por el reforzamiento de la seguridad fronteriza del vecino país sajón ante los acontecimientos violentos del 11 de septiembre del 2001 cuando dos aviones, cargados de pasajeros, se estrellaron en el centro financiero de Nueva York y derrumbaron las torres gemelas del World Trade Center. Uno más se impactó en un costado de el cuartel general del Pentágono, en Washington. Más de cinco mil personas murieron aplastadas o incineradas. Las naves, pertenecientes a líneas comerciales, fueron secuestradas por musulmanes de una organización fundamentalista llamada Al-Qaeda, encabezada por el millonario saudi, Osama Bin Laden. En respuesta, el 7 de octubre del mismo año, el ejército de los Estados Unidos con ayuda de los ingleses, invadió Afganistán y en dos meses derrotó a los talibanes, seguidores consecuentes del Corán, y de Bin Laden.
Eduardo recibió una nueva hoja marrón donde se le autorizaba permanecer diez años en Canadá en tanto se definía su situación migratoria. En nueve o diez meses sería llamado por un juez del Tribunal de Determinación de Refugiado para exponer su caso. De convencerlo, existía la posibilidad de ser aceptado como residente. De no ser así, tenía derecho a apelar, con ayuda del abogado, y aguardar otros seis meses para que nuevamente el juez le dictara la sentencia definitiva.
Eduardo, a partir de ese momento, quedaba sujeto a un proceso de espera. Con los documentos entregados por Jennifer Brown se armaría el PIF —un legajo de 19 páginas— y sería enviado, 28 días después, a las oficinas centrales de Inmigración and Refugee Board, construidas en la calle Victoria 74, departamento 200, en Toronto. Tras ser aceptada esa documentación, Eduardo solicitaría el permiso de trabajo para no depender únicamente del welfare. De tener suerte, en tres o cuatro meses lo recibiría.
El siguiente paso burocrático sería conseguir el Social Insurance Number o SIN que autorizaba pagar impuestos y mejorar sustancialmente su salario y prestaciones. Por ejemplo, en la industria de la construcción, el SIN le daba la posibilidad de obtener ingresos hasta por veinte dólares la hora.
“Tenés que venir otra vez mañana”, dijo Carlos al enterarse del resultado de la entrevista con la funcionaria de migración. “Hay que conseguirte asistencia legal para que cuentes con un abogado pagado por el gobierno”.
El edificio de Legal AID se encontraba sobre la misma avenida Dundas, a dos cuadras del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración y el bufete del abogado Geltler.
Carlos era un experto en conocer las fortalezas y debilidades del sistema migratorio. Gracias a esa percepción estudiada durante catorce años, el inmigrante hispano no se sentía tan desprotegido, sino por el contrario tenía la posibilidad de administrar mejor el poco dinero que llevaba. El abogado le pagaba un salario mensual a Carlos y, a la vez, el abogado trimestralmente cobraba sus servicios en Legal AID. El mismo esquema de trabajo lo reproducían todos los centros comunitarios relacionados a abogados migratorios hispanos, canadienses, chinos, portugueses, italianos, rusos, franceses, hindúes o pakistaníes. Ningún paralegal, consultor, traductor o asistente de estos personajes, expertos en representar jurídicamente a inmigrantes, lograba sobrevivir sin los honorarios de su jefe o Legal AID. Lo deleznable empezaba en el momento que abusaban de la ignorancia del cliente y lo despojaban de dos mil, tres mil o hasta cinco mil dólares por apoyarlos en los trámites legales de rigor o conseguirles ayuda económica en Ontario Work.
Cientos de inmigrantes diariamente enfrentaban ese terrible dilema. Por su necesidad de trabajar o miedo a ser deportados, aceptaban convenios vergonzantes e indignos, como comprometer el primer cheque del welfare, normalmente de mil 300 dólares, o trabajar durante dos o tres meses para cubrir los honorarios del gestor deshonesto que sólo le llenó las formas de aplicación para solicitar refugio político y sirvió de interprete ante la trabajadora de Ontario Work.
“Con otros quinientos dólares, yo les puedo conseguir en tres o cuatro meses el permiso de trabajo y el Social Insurance”, les prometían. “De esa manera ya nadie los va a molestar y pueden ganar el doble de lo que ganan en «cash»”.
La víctima jamás intuía que la razón de existir de dos centenares de centros comunitarios en Toronto era precisamente para ayudar a hacer esos trámites burocráticos sin costo alguno. El gobierno financiaba a cada uno con cien mil dólares mensuales y además pagaba la renta del inmueble y los servicios de agua, energía eléctrica y telefonía.
Preocupaba escuchar a infinidad de latinos que por ignorancia fueron robados y abandonados a su suerte después de hacer su primera aplicación como solicitantes de refugio. En otros casos, les armaban historias carentes de credibilidad y los exponían a ser deportados o cuestionados duramente en el momento de presentarse ante el Tribunal de Determinación de Refugiado.
Otro trámite obligado para obtener el permiso de trabajo era el hacerse un chequeo médico en una clínica de salud autorizada por el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración. Eduardo tuvo que acudir a la de Jane 2780, en el cubículo LL2, al norte de Toronto. En una misma mañana le hicieron análisis de sangre, fue expuesto a una cámara de rayos X y sacó la lengua e hizo ruidos guturales ante un médico africano afable, bromista y poco exigente, armado de un estetoscopio y una tablita de madera, similar a la utilizada en las paletas de hielo. Las conclusiones de todos esos estudios clínicos jamás terminaban en manos del auscultado, sino de las autoridades. Lo cierto era que la opinión del facultativo avalaba la posibilidad del refugiado de obtener el permiso de trabajo en la fecha programada. También de esa manera detectaban si el paciente tenía problemas de adicción a narcóticos, enfermedades venéreas o el Virus de la Inmunodeficiencia Humana o VIH.
Carlos, a través de su teléfono celular confirmó la cita en Ontario Work. En tres días se realizaría en una de sus filiales de la calle Attwell 220, en el distrito de Etobicoke. Eduardo y su interprete serían atendidos por la caseworker, Laure Hayner.
El interprete, un paraguayo montaraz de largas barbas grises, cobraría cincuenta dólares por sus servicios. En los centros comunitarios comúnmente negaban ese apoyo y daban el mismo argumento: los interpretes, la mayoría voluntarios, tenían otros compromisos familiares o trabajaban a la misma hora de la cita programada por el interesado.
“Yo cobro el mismo día que hago el trabajo, porque muchas veces se me van sin pagar y es una bronca cobrarles. Así son los latinos”, dijo telefónicamente Gaudencio Rojo, ex trailero de Formosa, población enclavada a 120 kilómetros de Asunción, Paraguay.
Normalmente, los interpretes recibían su dinero cuando su cliente se presentaba a la oficina de Ontario Work y recogía el primer cheque. Lo acompañaban a la sucursal bancaria y al cambiarlo le entregaban los cincuenta dólares acordados. Sin embargo, algunos inmigrantes optaban por no cubrir sus compromisos y abonar la certidumbre de que los hispanos, principalmente latinos, eran malos pagadores y transas.
Gaudencio aún cobraba welfare y por las noches trabajaba de "cash" en una empacadora de pasta dental y jabones de baño. En su país, de acuerdo a su historia, fue secuestrado por tratantes de blancas y obligado a llevar prostitutas a Sao Paulo, Brasil. Abandonó la carga en Guarapuava y al intentar hacer la denuncia ante las autoridades judiciales, lo amenazaron de muerte. Tuvo que esconderse en Costa Rica y de ahí volar a Canadá.
Al ser aceptada su solicitud, Gaudencio envió por su familia, esposa y tres hijos, y hasta involucró a sus cuatro hermanos y padrastro en su historia de persecución. Todos aplicaron ante Ontario Work y recibían dinero por separado. Su broma más recurrente era que en Formosa, donde la fama de sus destilerías de alcohol llegaban hasta los atracaderos de Porto Alegre y Montevideo, existía un enorme cartel a la entrada, donde se leía:
“Estimados turistas, nos disculpamos por no darles la bienvenida personalmente, pero es que todos los habitantes de Formosa nos encontramos en Canadá y en calidad de refugiados”.
Eduardo fue recibido a las 11:40 horas, pero desde las seis y media de la mañana hizo acto de presencia en la oficina 101. El cubículo apenas permitía darle cabida a más de cuatro personas y, en esta ocasión, la funcionaria mezcló el inglés con el castellano para realizar la entrevista. Tuvo el apoyo de una interprete hispana. Jennifer Brown tenía una cabellera abundante, cara delgada y ojos esmeralda, muy brillantes. Sus clavículas delineaban con claridad la consistencia del cuerpo, lastimado por la poliomielitis y el estrés.
“Usted está mintiendo”, dijo la funcionaria.
“Le digo la verdad”, enfatizó Eduardo.
“¿Quién le va a creer que entró a Estados Unidos con una visa vencida?”.
“Así fue, yo trabajé en un diario de Ciudad Juárez y me conocen algunos funcionarios de migración”, justificó el periodista.
Jennifer se puso de pie y abandonó el cubículo. La interprete la siguió. Desde el cuarto contiguo, donde tenían un monitor encendido, observaron el comportamiento de Eduardo. Él había argumentado miedo fundado y brevemente explicó los problemas legales que enfrentaba en su país. Los cárteles de la droga y policías corrompidos atemorizaban, con asesinatos selectivos, a los periódicos interesados en tratar el asunto del crimen organizado.
Detalló:
“La misma Secretaría de la Defensa Nacional consignó, en los últimos seis meses del 2004, más de 800 ejecuciones en todo el territorio mexicano, entre policías, traficantes de drogas y periodistas”.
Y agregó que no buscaba ser una estadística más o convertirse en una bandera política de las organizaciones gremiales de editores o redactores de prensa.
Los mismos autores intelectuales de crímenes a periodistas iban a los sepelios, colocaban coronas de flores junto al ataúd y daban el pésame a los deudos. Las ejecuciones por consigna oficial eran las más comunes y menos esclarecidas por la justicia mexicana.
La funcionaria de inmigración retornó al cubículo y empezó a llenar los formularios donde se abundaba sobre la causa de la petición de refugio, el tiempo que se planeaba permanecer en Canadá y la forma como logró internarse al país. Antes de concluir el interrogatorio, el periodista recibió una breve explicación sobre los alcances de su nuevo status y las posibilidades de ser rechazada la misma petición, en caso de no cubrir los lineamientos previstos en la ley migratoria canadiense. La funcionaria no lograba disimular su antipatía a los hispanos.
Previo a ese encuentro, el solicitante tuvo que subir al tercer piso del edificio del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración donde fue medido, pesado, fotografiado, inspeccionado físicamente para detectarle alguna cicatriz, tatuaje o defecto corporal y lo obligaron a plasmar sus huellas dactilares en una forma con la bandera de Canadá impresa y el rótulo, Citizenship and Inmigration. El encargado de hacer todo esa faena, utilizó guantes de látex.
Jennifer antes de despedirse volvió a externar sus dudas sobre la internación del periodista a los Estados Unidos. Eduardo decía la verdad. En autobús llegó a Ciudad Juárez, buscó telefónicamente al ex director editorial del diario donde antes laboró y en su vehículo cruzaron la caseta migratoria con sólo presentar la visa vencida. El oficial que los recibió conocía a Eduardo y simplemente movió la cabeza en aprobación e hizo una señal con la mano derecha para que continuaran su marcha. Ya en el aeropuerto de El Paso, Texas se confirmó la compra del boleto adquirido para volar a Toronto y durante la noche el periodista durmió en el Hotel Coral. Una mañana después, exactamente a las 9:40 horas, abordó el avión y dejó atrás territorio estadounidense. Hubo una escala a las 12:20 en Phoenix, Arizona. La funcionaria migratoria fundaba sus dudas por el reforzamiento de la seguridad fronteriza del vecino país sajón ante los acontecimientos violentos del 11 de septiembre del 2001 cuando dos aviones, cargados de pasajeros, se estrellaron en el centro financiero de Nueva York y derrumbaron las torres gemelas del World Trade Center. Uno más se impactó en un costado de el cuartel general del Pentágono, en Washington. Más de cinco mil personas murieron aplastadas o incineradas. Las naves, pertenecientes a líneas comerciales, fueron secuestradas por musulmanes de una organización fundamentalista llamada Al-Qaeda, encabezada por el millonario saudi, Osama Bin Laden. En respuesta, el 7 de octubre del mismo año, el ejército de los Estados Unidos con ayuda de los ingleses, invadió Afganistán y en dos meses derrotó a los talibanes, seguidores consecuentes del Corán, y de Bin Laden.
Eduardo recibió una nueva hoja marrón donde se le autorizaba permanecer diez años en Canadá en tanto se definía su situación migratoria. En nueve o diez meses sería llamado por un juez del Tribunal de Determinación de Refugiado para exponer su caso. De convencerlo, existía la posibilidad de ser aceptado como residente. De no ser así, tenía derecho a apelar, con ayuda del abogado, y aguardar otros seis meses para que nuevamente el juez le dictara la sentencia definitiva.
Eduardo, a partir de ese momento, quedaba sujeto a un proceso de espera. Con los documentos entregados por Jennifer Brown se armaría el PIF —un legajo de 19 páginas— y sería enviado, 28 días después, a las oficinas centrales de Inmigración and Refugee Board, construidas en la calle Victoria 74, departamento 200, en Toronto. Tras ser aceptada esa documentación, Eduardo solicitaría el permiso de trabajo para no depender únicamente del welfare. De tener suerte, en tres o cuatro meses lo recibiría.
El siguiente paso burocrático sería conseguir el Social Insurance Number o SIN que autorizaba pagar impuestos y mejorar sustancialmente su salario y prestaciones. Por ejemplo, en la industria de la construcción, el SIN le daba la posibilidad de obtener ingresos hasta por veinte dólares la hora.
“Tenés que venir otra vez mañana”, dijo Carlos al enterarse del resultado de la entrevista con la funcionaria de migración. “Hay que conseguirte asistencia legal para que cuentes con un abogado pagado por el gobierno”.
El edificio de Legal AID se encontraba sobre la misma avenida Dundas, a dos cuadras del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración y el bufete del abogado Geltler.
Carlos era un experto en conocer las fortalezas y debilidades del sistema migratorio. Gracias a esa percepción estudiada durante catorce años, el inmigrante hispano no se sentía tan desprotegido, sino por el contrario tenía la posibilidad de administrar mejor el poco dinero que llevaba. El abogado le pagaba un salario mensual a Carlos y, a la vez, el abogado trimestralmente cobraba sus servicios en Legal AID. El mismo esquema de trabajo lo reproducían todos los centros comunitarios relacionados a abogados migratorios hispanos, canadienses, chinos, portugueses, italianos, rusos, franceses, hindúes o pakistaníes. Ningún paralegal, consultor, traductor o asistente de estos personajes, expertos en representar jurídicamente a inmigrantes, lograba sobrevivir sin los honorarios de su jefe o Legal AID. Lo deleznable empezaba en el momento que abusaban de la ignorancia del cliente y lo despojaban de dos mil, tres mil o hasta cinco mil dólares por apoyarlos en los trámites legales de rigor o conseguirles ayuda económica en Ontario Work.
Cientos de inmigrantes diariamente enfrentaban ese terrible dilema. Por su necesidad de trabajar o miedo a ser deportados, aceptaban convenios vergonzantes e indignos, como comprometer el primer cheque del welfare, normalmente de mil 300 dólares, o trabajar durante dos o tres meses para cubrir los honorarios del gestor deshonesto que sólo le llenó las formas de aplicación para solicitar refugio político y sirvió de interprete ante la trabajadora de Ontario Work.
“Con otros quinientos dólares, yo les puedo conseguir en tres o cuatro meses el permiso de trabajo y el Social Insurance”, les prometían. “De esa manera ya nadie los va a molestar y pueden ganar el doble de lo que ganan en «cash»”.
La víctima jamás intuía que la razón de existir de dos centenares de centros comunitarios en Toronto era precisamente para ayudar a hacer esos trámites burocráticos sin costo alguno. El gobierno financiaba a cada uno con cien mil dólares mensuales y además pagaba la renta del inmueble y los servicios de agua, energía eléctrica y telefonía.
Preocupaba escuchar a infinidad de latinos que por ignorancia fueron robados y abandonados a su suerte después de hacer su primera aplicación como solicitantes de refugio. En otros casos, les armaban historias carentes de credibilidad y los exponían a ser deportados o cuestionados duramente en el momento de presentarse ante el Tribunal de Determinación de Refugiado.
Otro trámite obligado para obtener el permiso de trabajo era el hacerse un chequeo médico en una clínica de salud autorizada por el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración. Eduardo tuvo que acudir a la de Jane 2780, en el cubículo LL2, al norte de Toronto. En una misma mañana le hicieron análisis de sangre, fue expuesto a una cámara de rayos X y sacó la lengua e hizo ruidos guturales ante un médico africano afable, bromista y poco exigente, armado de un estetoscopio y una tablita de madera, similar a la utilizada en las paletas de hielo. Las conclusiones de todos esos estudios clínicos jamás terminaban en manos del auscultado, sino de las autoridades. Lo cierto era que la opinión del facultativo avalaba la posibilidad del refugiado de obtener el permiso de trabajo en la fecha programada. También de esa manera detectaban si el paciente tenía problemas de adicción a narcóticos, enfermedades venéreas o el Virus de la Inmunodeficiencia Humana o VIH.
Carlos, a través de su teléfono celular confirmó la cita en Ontario Work. En tres días se realizaría en una de sus filiales de la calle Attwell 220, en el distrito de Etobicoke. Eduardo y su interprete serían atendidos por la caseworker, Laure Hayner.
El interprete, un paraguayo montaraz de largas barbas grises, cobraría cincuenta dólares por sus servicios. En los centros comunitarios comúnmente negaban ese apoyo y daban el mismo argumento: los interpretes, la mayoría voluntarios, tenían otros compromisos familiares o trabajaban a la misma hora de la cita programada por el interesado.
“Yo cobro el mismo día que hago el trabajo, porque muchas veces se me van sin pagar y es una bronca cobrarles. Así son los latinos”, dijo telefónicamente Gaudencio Rojo, ex trailero de Formosa, población enclavada a 120 kilómetros de Asunción, Paraguay.
Normalmente, los interpretes recibían su dinero cuando su cliente se presentaba a la oficina de Ontario Work y recogía el primer cheque. Lo acompañaban a la sucursal bancaria y al cambiarlo le entregaban los cincuenta dólares acordados. Sin embargo, algunos inmigrantes optaban por no cubrir sus compromisos y abonar la certidumbre de que los hispanos, principalmente latinos, eran malos pagadores y transas.
Gaudencio aún cobraba welfare y por las noches trabajaba de "cash" en una empacadora de pasta dental y jabones de baño. En su país, de acuerdo a su historia, fue secuestrado por tratantes de blancas y obligado a llevar prostitutas a Sao Paulo, Brasil. Abandonó la carga en Guarapuava y al intentar hacer la denuncia ante las autoridades judiciales, lo amenazaron de muerte. Tuvo que esconderse en Costa Rica y de ahí volar a Canadá.
Al ser aceptada su solicitud, Gaudencio envió por su familia, esposa y tres hijos, y hasta involucró a sus cuatro hermanos y padrastro en su historia de persecución. Todos aplicaron ante Ontario Work y recibían dinero por separado. Su broma más recurrente era que en Formosa, donde la fama de sus destilerías de alcohol llegaban hasta los atracaderos de Porto Alegre y Montevideo, existía un enorme cartel a la entrada, donde se leía:
“Estimados turistas, nos disculpamos por no darles la bienvenida personalmente, pero es que todos los habitantes de Formosa nos encontramos en Canadá y en calidad de refugiados”.
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